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La primera lista de deudores con Hacienda está copada por empresas relacionadas con el ladrillo, constructoras, promotoras e inmobiliarias. En concreto, encabezan la lista de 4.855 morosos tres inmobiliarias Reyal Urbis SA con una deuda tributaria de 378,2 millones de euros, seguida por Nozar SA con 203,1 millones y el Grupo Prasa que debe 101,8 millones.

En el cuarto puesto se cuela una empresa dedicada a los servicios financieros, Banreal Holding SL, con una deuda de 98 millones de euros, pero es la excepción. En el quinto lugar vuelve a aparecer una conocida inmobiliaria, Aifos, que debe a Hacienda 96 millones.

La deuda total asciende a 15.600 millones de euros. La gran mayoría, 4.500, son empresas, muchas de ellas en quiebra o en concurso de acreedores. Y también aparecen casi 350 nombres propios con una deuda conjunta de 700 millones de euros. 

Cumplir con el fisco y reducir la factura fiscal es posible. Aún estamos a tiempo de tomar algunas decisiones antes del 31 de diciembre. Coja la calculadora. Lo primero es ver cuáles son sus ingresos. Movimientos fiscales como aportar a planes de pensiones o comprar acciones pueden desgravar. Los expertos también nos dicen que guardemos los justificantes del dinero que hayamos donado durante el año a fundaciones sin ánimo de lucro, oenegés, partidos políticos o colegios profesionales. Con la reforma fiscal, aumentan este tipo de desgravaciones.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado este lunes que un "tripartito" compuesto por la Intervención General del Estado (IGAE), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España "tienen el encargo de iniciar una investigación" que aclare qué ha pasado después de que se detectase en Cataluña un aumento del gasto de 1.318 millones de euros en 2013, cantidad que no se reveló hasta este año, según el Ministerio de Hacienda, cuando deberá ser imputado.

El Gobierno ha aprobado el reparto de los excedentes del Fondo de Liquidez Autonómico para todas las comunidades autónomas y que asciende a 7.889 millones de euros. El Ejecutivo ha anunciado que el reparto de esos fondos tendrá una "condicionalidad específica para Cataluña", a la que se le han asignado 3.034,84 millones, para evitar que se paguen "veleidades independentistas". Esta "condicionalidad específica para Cataluña" se justifica, según Sáenz de Santamaría, por la rebaja del rating de su deuda, por los fallos en la comunicación -como el afloramiento de más de 1.300 millones de déficit de 2013-, y "riesgo derivado por manifestaciones de representantes de la comunidad" de que no pagarán deudas de proveedores -como las de las farmacias- y de que no cumplirán las leyes del Estado.