- "Tendría que tener un horizonte temporal de más de 15 días", según el ministro de Sanidad, Salvador Illa
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- El Gobierno analizará con Madrid y otras comunidades la posible aplicación de esta medida
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Los profesionales de la salud se han organizado frente a sus hospitales en distintos puntos del país para denunciar la gravedad del sistema de salud nacional. Entre sus reivindicaciones, demandan un aumento de la financiación del 7,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) para la Atención Primaria, para sus profesionales y para mejorar los sistemas informáticos. Harán otro llamamiento el próximo 29 de octubre delante del Ministerio de Sanidad, donde un grupo de ellos ya se ha concentrado este martes. Algunos han pedido "reforzar a sus compañeros, que se sustituyan las bajas y las vacaciones". "No podemos hacer otra salvo trabajar. Solo pedimos recursos a las autoridades, que son quienes pueden darlo". [Coronavirus: última hora en directo
El personal sanitario ha vuelto a movilizarse en muchas ciudades de España para exigir más personal, medios, financiación y un mayor compromiso con la atención primaria.
Informa Alba Urrutia
El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de más de 31 millones de dosis de la vacuna de Astrazeneca contra la COVID-19, dentro del acuerdo firmado por la Unión Europea. Se recibirán entre diciembre y junio y costarán 2,90 céntimos cada dosis. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que, si se superan los filtros de seguridad, en diciembre llegarán a España más de tres millones de dosis.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero ha avanzado que el Gobierno trabaja para "establecer un coste de las mascarillas accesible para todos los ciudadanos, vía bajada del IVA o vía revisión de precios".
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, matiza que el toque de queda generalizado requiere de un estado de alarma. "Respecto a la posibilidad de un toque de queda vemos que es una medida que se aplica en otros paises europeos, requiere de un estado de alarma y vamos a analizarlo. Constato una evolución en los planteamientos de algunas comunidades en relación a la preocupación de todos", ha señalado tras el Consejo de Ministros.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que España dispondrá de 31,5 millones de dosis de las vacunas adquiridas por la Unión Europea. Servirán para inmunizar a más de 15 millones de personas (se necesitan dos dosis). Las primeras dosis, más de tres millones, llegarán en diciembre si la vacuna de AstraZeneca y Oxford supera los ensayos clínicos y el reparto se extenderá hasta junio de 2021.
Illa ha avanzado que el precio de la vacuna es de 2,90 euros por dosis, de los cuales 1,12 euros son abonados por el fondo ESI de emergencias de la Unión Europea.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid estudia pedir al Gobierno central el toque de queda
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está estudiando pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda, que permitiría que no existiese ningún movimiento en la región en determinadas horas del día. Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que también ha explicado que la medida fue planteada por los colegios profesionales en una reunión este lunes con el propio consejero y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. [Coronavirus: última hora en directo]
- El director del CCAES advierte de un aumento de casos porque España "no evoluciona bien"
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Sanidad ha añadido 37.889 nuevos positivos al cómputo global, de los que 3.750 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada continúa aumentando en todo el país, Navarra continúa a la cabeza con caso 950 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Melilla, con 700. La Rioja y Aragón superan los 500. La presión hospitalaria sube ligeramente y supera ya el 10 por ciento. Hay cerca de 13.000 pacientes ingresados por coronavirus en España. En los últimos 7 días, han fallecido con la infección 459 personas, 217 desde el viernes.
La incidencia acumulada en el ámbito nacional es de 312 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una situación “parecida” a otros países europeos, como ha explicado el director de CCAES, Fernando Simón. En Francia supera los 400, en los Países Bajos se acerca a los 500 y en Bélgica supera los 700. Informa Alba Rubio.
Las cifras de mortalidad en nuestro país han vuelto a crecer. Desde el 28 julio, según el Instituto Carlos III, hay una desviación de 6.400 fallecidos con respecto a los últimos 10 años, 5.339 de ellos son pacientes de COVID-19. Los datos son significativamente altos en algunas comunidades. Según el instituto madrileño, hay un exceso de mortalidad debido a la situación de crisis sanitaria y por sus consecuencias. Un tercio de los fallecidos, entre 10.000 y 15.000 de ellos, habrían muerto por causas no COVID debido a la falta de atención. En los últimos días, el defensor del paciente ha llevado a juicio al menos 4 casos de muertes por cáncer por falta de atención médica. Informa Juan Luis Merino.
“Se ha estado muriendo sin que nadie le coja el teléfono”. Es el testimonio de Lydia, hermana de Sonia, quien falleció con cáncer durante el confinamiento. Eva es una paciente superviviente a un cáncer de cérvix que ha visto afectadas sus revisiones por la pandemia. El equipo de reportajes de Radio 5, Antonio Delgado y Juan Morello, nos traen la historia de dos mujerescuyos casos ilustran lo que es padecer esta enfermedad durante una pandemia: Eva Martín y Sonia Sainz-Maza.
Sanidad ha añadido al cómputo global 222 fallecidos de ayer a hoy y 15.186 contagios, de ellos, 6.591 diagnosticados en las últimas 24 horas. Aumenta la incidencia acumulada y destaca la de Navarra, que se dispara hasta cerca de los 850 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Melilla, con más de 500, Aragón y La Rioja, que superan los 450. La Comunidad de Madrid vuelve a ser la que más contagios ha notificado: más de 3.000. La presión hospitalaria también aumenta y se sitúa cerca del 10 por ciento. En estos momentos hay 11.800 pacientes ingresados con coronavirus. Informa Alba Rubio.
- El nuevo Plan de Alerta Temprana fijaría criterios comunes en todo el territorio para las aplicación de restricciones
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