- La empresa ejecutó un plan unilateral en el que los repartidores tenían que usar su teléfono personal
- La sala entiende que Telepizza debe pactar las condiciones con los trabajadores
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Los trabajadores públicos temporales en fraude de ley han vuelto a movilizarse este lunes, 15 de febrero, en 40 ciudades españolas para mostrar su rechazo a la precariedad laboral en el sector público. Quieren denunciar así el "incumplimiento" de la normativa laboral por parte de las administraciones públicas al mantenerles en "abuso de temporalidad" por permanecer más de tres años como trabajadores interinos. Estas movilizaciones coinciden con el primer aniversario de la creación de la Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude de Ley-Movimiento Independiente #15F.
- El repunte está relacionado con los accidentes mortales registrados durante la jornada de trabajo: 595, un 9,8% más
- Los fallecimientos in itínere o durante el trayecto al puesto de trabajo se redujeron un 26,1%, hasta los 113
- UGT reclama que promesas del Gobierno como la subida del SMI o los cambios en las pensiones se publiquen en el BOE
- Desde CC.OO, Sordo quiere acuerdos con la CEOE pero, si no se producen, el Ejecutivo "tendrá que legislar"
Todo a expensas del documento de resumen que emita el Gobierno y que necesita el visto bueno de las cúpulas. Por eso, quizá, nadie habla de principio de acuerdo, pero sí de acercamiento. Gobierno y agentes sociales coinciden: la mayoría de los repartidores que trabajan para plataformas tendrán la consideración de asalariados, algo que de entrada no convence a buena parte del colectivo que así se lo ha hecho saber por carta a la ministra de Trabajo. Hay acuerdo en el gran titular, es lo que dicen los tribunales e inspección, otra cosa es determinar cómo las empresas argumentan que un trabajador es autónomo.
Fuentes próximas a la negociación han dicho a Radio Nacional que CEOE quiere cambios en la subcontratación de autónomos. En contra de la norma también casi 1.000 restaurantes que han pedido al Gobierno una ley que no dañe aún más a la hostelería. Informa Esperanza Martín.
- El Ministerio de Trabajo se ha reunido con los agentes sociales para ultimar los detalles de la conocida como ley de riders
- Las asociaciones de repartidores han sido excluidas de la negociación y reclaman que se les considere como autónomos
- La ministra de Trabajo y Economía Social considera que los ERTE no son respuesta suficiente al empleo
- Preguntada por la reducción de jornada a cuatro días, Díaz se inclina por una ley de usos del tiempo
Más País presenta este viernes su plan para instaurar en España la jornada laboral de cuatro días a la semana. La propuesta de Más País contempla un proyecto piloto con varias empresas que recibirán 50 millones de euros del Fondo Europeo para comprobar si es viable o no trabajar 32 horas en siete días. Foto: iStock
- Inspección de Trabajo ha iniciado esta semana un Plan de Actuación para regularizar los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social en esta actividad
- Un 95% de las trabajadoras son mujeres y se calcula que 1 de cada 3 trabajan en negro
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, niega que haya un colapso en el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) a la hora de pagar los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE). Entrevistada en Las cosas claras de TVE, Díaz sostiene que los 710.000 expedientes aprobados "se están cobrando puntualmente" y matiza que el SEPE no puede hacer los pagos hasta que las autoridades laborales de ámbito autonómico tramitan los ERTE, aclara que el convenio con los bancos permite que se cobren en el momento en el que llegan al SEPE sin esperar al día 10 de cada mes.
La crisis sanitaria y económica ha golpeado de lleno al sector de lasempleadas del hogar. Muchas han perdido su trabajo y se han quedado sin ingresos en medio de esta pandemia. Estas llegaron a ser más de medio millón, con alta o no en la Seguridad Social, pero se han quedado en mínimos: unas 380.000 según el dato más reciente de enero.
Que el centro de trabajo sea un domicilio particular pone muy cuesta arriba el trabajo de inspección, así que muchas, la mayoría mujeres (el 95%), trabajan en negro. Se calcula que 1 de cada 3 lo hacen. Es el caso de Laura, una empleada del hogar que trabajó en régimen de interna, y con la que hemos hablado en Las Mañanas de RNELas Mañanas de RNE. Ella trabajaba en una casa por un sueldo inferior al SMI sin estar dada de alta en la SS. "Nosotras tenemos un dicho", ha señalado Carolina Elías, presidenta de la Asociación para la Defensa de los y las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, "trabajo de interna, esclavitud moderna". Ha denunciado que el régimen de trabajo español permite esta práctica donde la empleada trabaja y vive en el mismo lugar de trabajo, dando lugar a jornadas en muchos casos de 24 horas.
El Gobierno ha puesto el foco en sacar a la luz la economia sumergida que hay en este sector. La Inspección de Trabajo ha iniciado esta semana un Plan de Actuación para reguralizar los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social en esta actividad. "No descubro nada si digo que la condición de género comporta una grave discriminación laboral en España, y por lo tanto, el objetivo de la inspección con esta campaña intenta tener un impacto sobre esta circunstancia y tratar de contribuir a dignificar las condiciones de trabajo en el sector", ha dicho Héctor llueca, director de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. El salario se encuentra por debajo del SMI actual, por lo que desde trabajo han remitido unas cartas informativas a los empleadores para solventar este problema que precariza aún más el sector. "Estamos convencidos de que (las cartas informativas) van a tener un impacto y van a lograr un elevado nivel de cumplimiento. Si persistieran las irregularidades, la Inspección de Trabajo tiene la obligación de actuar reglamentariamente", ha concluído.
Durante el confinamiento, más de 20.000 empleadas del hogar fueron despedidas y para ellas se habilitó un pago extraordinario. Elías ha recordado que más de 56.000 lo solicitaron, pero a más de 8.000 se lo denegaron, y otras tantas siguen a la espera de resolución. Estas trabajadoras pertenecen a un régimen especial de la Seguridad Social y pelean por una equiparación en derechos que el gobierno estudia. Elías ha señalado que es necesario que se tomen medidas rompedoras para garantizar unos cuidados de calidad a la vez que se garantizan unas condicioness dignas y justas para estas mujeres. Ha denunciado la desprotección que han sentido las trabajadoras del hogar durante esta pandemia, frente a sus condiciones laborales y sanitarias, debido a la falta de medios adecuados para realizar su trabajo sin riesgo de contagio.
Desde la Asociación piden que se les escuche para tomar las medidas pertinentes. Ayer el ministro Escrivá se reunía con ellas, aunque ha señalado que segirán sus reuniones con la Secretaria de Estado de Migraciones, de Seguridad Social y el Director Adjunto de Inclusión.
Los "riders" que quieren seguir siendo autónomos -unas tres cuartas partes del total, según sus cálculos- se han manifestado en diez ciudades españolas en protesta por la futura aprobación de la llamada "Ley Rider". Un borrador que, según denuncian, no ha tenido en cuenta su opinión. Hablamos con ellos desde Valencia y Madrid, ciudad en la que, finalmente, la manifestación ha sido desautorizada por la delegación del Gobierno.
Repartidores de comida a domicilio de toda España están llamados a manifestarse por la Asociación Profesional de Riders Autónomos contra el último borrador de la ley con la que el Gobierno propone regular su situación. Mientras la posición del Ministerio es clara y pretende seguir la línea marcada por el Supremo que, en septiembre del año pasado, declaró que los llamados 'riders' son falsos autónomos, Jordi Mateo, presidente de la Asociación, ha expresado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso su desacuerdo con la última propuesta de Trabajo, que establece que existe relación laboral, cuando la plataforma controla y coordina el trabajo de los repartidores a través de su aplicación o página web y que pretende llegar a un acuerdo, a través del diálogo social, que incluso propone que los delegados sindicales tengan acceso a los algoritmos que utilizan estas aplicaciones para designar los envíos. Mateo ha explicado que los riders que representa quieren tarifas mínimas, mayores protecciones y seguros y negociación colectiva pero dentro del régimen de autonómos para no perder flexibilidad.
En enero se perdieron casi 219.000 empleos, aumentaron en 35.000 las personas acogidas a un ERTE, en total 739.000 trabajadores están protegidos por esa herramienta, la mitad en ERTE con exención total de cuotas para el empresario. Baleares y Canarias encabezan esa particular lista donde uno de cada tres empleados lo era en hostelería. El paro subió en 76.200 personas y roza ya los 4 millones de parados. Es el cuarto mes consecutivo con el desempleo al alza. En Seguridad Social, se han perdido cerca de 219.000 ocupados. Informa Esperanza Martín.
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social pretende combatir la precariedad del sector
- Los empleadores estarán obligados a actualizar cotizaciones y salarios que estén por debajo del SMI
Los interinos han salido a protestar contra la precariedad. En las administraciones públicas españolas hay entre 800.000 y 1.000.000 de interinos, cerca de un 20% del total de empleadas públicos. Piden no tener que hacer otro examen para alcanzar la plaza que ocupan, sino por méritos y solicitan que se sancione a las administraciones que abusen de la temporalidad. Informa Paco Alcántara.
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- Desde 2020 está prohibido la destitución únicamente por causas de incapacidad temporal, pero ¿en qué casos si se puede?
Gobierno, empresarios y sindicatos han llegado este martes a varios acuerdos en materia laboral ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Por un lado, se extienden las ayudas a autónomos por cese de actividad hasta el 31 de mayo. Hasta ese día también se prorrogan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), en las condiciones actuales. Incluyen la prohibición de despedir, que los empresarios querían flexibilizar. Según los últimos datos, hay 755.000 trabajadores en ERTE.
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Foto: La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una declaración tras las votaciones de los agentes sociales para extender los ERTE hasta el 31 de mayo. EFE/Kiko Huesca
En el informativo 24 horas de Radio Nacional hemos podido hablar con el secretario general deComisiones Obreras, Unai Sordo, tras el acuerdo alcanzando entre Gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el próximo 31 de mayo. Sordo se muestra satisfecho con la prórroga: "Era una medida necesaria. Los ERTE han servido para evitar la destrucción de 2 millones de puestos de trabajo a lo largo de esta crisis", ha afirmado. "Es una buena noticia para la gente trabajadora de este país", ha añadido. La ministra Díaz ha dado un 'toque' de atención en la rueda de prensa a los empresarios, ¿notaban los sindicatos ciertas reticencias en las reuniones? "Desde la primera negociación de los ERTE siempre se han opuesto al mantenimiento del compromiso de empleo en las empresas que utilizaban los ERTE [...] Siempre ha sido motivo de discusión en las mesas pero creo que lo razonable era mantener este compromiso de empleo que también se da en otros países como Italia o Alemania", ha concretado Sordo. El secretario general de CCOO cuenta en RNE que se está llevando a cabo una reunión en la que se están abordando los contenidos de los documentos de modelo de relaciones laborales y el de pensiones, que el Gobierno ya ha remitido aBruselas. "Nuestra principal petición era que no se adquirieran compromisos tan concretos que luego dejasen sin margen al diálogo social [...] Parece ser que los documentos no concretan hasta el extremo esas reformas y, por tanto, el diálogo social tiene un papel fundamental que jugar. Todavía no tenemos constancia de la literalidad de los documentos que se han enviado a Bruselas", ha explicado el líder sindicalista.
