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La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta este miércoles a establecer nuevas medidas para la conciliación de los padres que no puedan coger la baja laboral por las cuarentenas que tengan que hacer sus hijos aunque hayan dado negativo en las pruebas PCR de coronavirus.

"El Gobierno siempre ha dicho que en el transcurso del curso escolar, si se dieran circunstancias de que no tienen una cobertura adecuada, se legislaría para que todo el mundo pueda guardar la cuarentena y sea compatible con que la gente mantenga su trabajo y la conciliación", ha explicado en rueda de prensa.

Aun así ha recordado que además de las bajas laborales, que dependen de los facultativos médicos, de la situación epidemiológica y el caso de cada familia, está también el programa 'Me Cuida' que permite flexibilizar el 100% de la jornada para que los padres pueden cuidar de sus hijos en cuarentena.

El empleo repuntó algo en agosto, pero no tanto como para compensar el zarpazo de la pandemia. El número de afiliados a la Seguridad Social subió en 7.000 personas, pero el número de personas en las listas de los servicios públicos de empleo creció en casi 30.000 personas, de tal manera que el número total de desempleados supera los 3.800.000.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado que los convivientes con una persona infectada por coronavirus tienen derecho a la baja laboral. Montero ha especificado que el derecho se genera si se padece la enfermedad y también si un conviviente la tiene, por lo que es obligatorio seguir una cuarentena y quedarse confinado en casa.

Tras la vuelta al trabajo,  el lugar que antes ocupaban las oficinas tradicionalmente ha cambiado. Muchas empresas han fijado su interés en los alquileres de espacio a tiempo parcial, pero también en las salas de reuniones al aire libre. Este tipo de lugares dan ventajas a las empresas para otorgar a sus empleados la oportunidad de trabajar desde casa y, además, para reducir costes. Las tendencias como el hot desking, es decir, puestos flexibles que ocupa el primero en llegar a la oficina, o el hoteling, que consiste en la reserva previa por horas o por días, han llegado para quedarse. También los hoteles han visto una oportunidad para amortizar espacios que antes llenaban los turistas.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en 'Las mañanas de RNE' que el Gobierno va a prorrogar el denominado plan “Me cuida” para permitir que los padres con hijos con coronavirus puedan acogerse a una flexibilización de su jornada laboral. “El Gobierno va a desplegar las medidas necesarias para que podamos cuidar de nuestros hijos”, ha recalcado Díaz, que ha defendido la labor de la ministra de Educación, Isabel Celaá, pese a que desde Unidas Podemos habían expresado algunas diferencias con su gestión. “Hace un trabajo extraordinario y tiene un equipo magnífico”, ha zanjado la titular de trabajo.

Díaz ha cifrado en 700.000 el número de trabajadores que siguen acogidos a un ERTE y ha explicado que están localizados en sectores muy concretos. La ministra cree que habrá acuerdo con los agentes sociales para ampliar esa herramienta que expira el 30 de septiembre, aunque se ha negado a poner una nueva fecha límite. “Si la herramienta funciona bien, ¿por qué le vamos a poner plazos? Lo importante es que el Gobierno no va a dejar caer a nadie”, ha subrayado. Díaz también cree que habrá acuerdo con empresarios y sindicatos para regular el teletrabajo. “La clave del teletrabajo es que sea voluntario para ambas partes. Nadie podrá imponerlo”, ha prometido.

Además, Díaz ha cargado contra el líder del PP,  Pablo Casado, por negarse a negociar grandes acuerdos con el Gobierno. “El hecho diferencial español es que no tenemos una oposición que esté a la altura de las circunstancias. Es muy poco democrático vetar, como hace el señor Casado, que dibuja una idea de una España excluyente.

Radio Nacional ha tenido acceso al segundo borrador que está elaborando el Gobierno para regular el teletrabajo. El primero no gustó nada a los empresarios, así que el Ejecutivo intenta atraer a la patronal al acuerdo ampliando el control que las compañías tendrían sobre los teletrabajadores. El borrador también contiene guiños a los sindicatos, como la relajación de los requisitos de registro horario.

El personal de limpieza, seguridad, los que asisten a personas dependientes… no son sanitarios pero están expuestos al coronavirus y reivindican los mismos derechos que los trabajadores sanitarios. El Decreto del Gobierno no considera que sean técnicos sociosanitarios, por tanto su baja sería por enfermedad común y no profesional.

Leonor Urbano, presidenta de la Plataforma de Servicio de Ayuda a Domicilio, explica que ni siquiera hay cifras de cuántos trabajadores se han contagiado porque a nadie le interesa. Cuentan que había mujeres que visitaban hasta cuatro y cinco casas sin protección. Solo en Andalucía son 25.000 trabajadoras. Ahora recogen firmas para reforzar una petición que los sindicatos plantearán en el diálogo social.

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, ha comentado que todavía desconoce los detalles del acuerdo alcanzado en Nissan y ha indicado que hay que seguir trabajando para que esas plantas se reindustrialicen. “Hay que buscar industrias que vengan a estas plantas para producir cuando Nissan cierre”, ha señalado en el programa 24 horas de RNE.

“La pandemia ha puesto de manifiesto la precariedad del mercado laboral en España”, ha destacado Antoñanzas que ha considerado los últimos datos de paro como “buenos” aunque ha desatado la importancia de “no lanzar las campanas al vuelo”. “Los ERTE deben ampliarse hasta diciembre como poco”, ha sostenido la vicesecretaria general de UGT.

Sobre el turismo, Atoñanzas ha destacado la importancia del cambio en el motor económico: “En España debería haber un pacto de Estado por la industria para potenciar las empresas españolas que sean multinacionales” y ha comentado que “ahora es el momento”.

En cuanto a las condiciones de los temporeros, ha defendido que “son trabajadores necesarios” y que el empresario debe proporcionar unas condiciones dignas laborales. “No podemos demonizarlos porque haya casos de covid porque, por sus condiciones laborales, tienen más posibilidades de contagiarse”, ha relatado Antoñanzas. “Todos los trabajadores de España deben cobrar el salario mínimo y no se puede mirar a otro lado”, ha puntualizado.

“No vemos lejana la derogación de la reforma laboral”, ha indicado y ha añadido que desde UGT seguirán pidiéndola