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El juicio contra Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha comenzado este martes en el tribunal de la isla de Samui, al sur de Tailandia, ocho meses después de que tuviera lugar el supuesto crimen. No se ha permitido el acceso a la prensa y el juez ha prohibido a los presentes en la sala que filtren el contenido del juicio. Al mismo tiempo, el letrado ha subrayado que en caso de que haya sospechas de filtraciones de información se perseguirá a las personas implicadas, pudiendo conllevar penas de cárcel. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha condenado este martes a Suiza por su falta de iniciativa para combatir el cambio climático, fallando a favor de una asociación de mujeres de la tercera edad que denunciaba la inacción del país en este sentido. Esta es la primera vez que el Tribunal, que aplica el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, condena a un Estado por este motivo.

Sin embargo , el Tribunal ha declarado inadmisibles las otras dos grandes demandas con las que los denunciantes esperaban exigir por vía judicial a los países europeos la puesta en marcha de políticas contra el cambio climático. La principal de ellas es la que formalizaron seis jóvenes portugueses contra su país y otros 31 Estados europeos, a los que reprochan su responsabilidad en el calentamiento global y en las consecuencias que tiene y tendrá para sus vidas. Además, también ha declarado inadmisible la demanda de un ex alcalde francés contra el país galo.

En Portugal cualquier usuario de vehículo eléctrico puede saber donde lo puede recargar, localización del puesto, las tarifas y su disponibilidad. En el país hay más de 8.000 puntos de recarga, todos ligados a una misma red. Para hacer la gestión tan solo se necesita una tarjeta de pago con el contrato firmado con cualquiera de las muchas comercializadoras o una aplicación móvil. La plataforma empezó como un proyecto público en 2010 y ahora se ha extendido al sector privado. Portugal, en términos de vehículos eléctricos, logró convertirse el año pasado en el tercer país del mundo solo superado por Suecia y Noruega.

Se cumple un año de guerra en Sudán, un conflicto que fue desencadenado por una serie de acontecimientos previos. Por un lado el derrocamiento del dictador Al Bashir en 2019, en medio de las protestas ciudadanas pidiendo reformas democráticas por otro, el golpe de Estado de 2021 encabezado por Abdelfatah al Burhan, quien prometió convocar elecciones y entregar el poder al pueblo tras un período de transición. La chispa que realmente prendió el actual conflicto fue el acuerdo de transición y los términos pactados entre Al Burhan y el que había sido su hombre de confianza y cómplice para derrocar a Al Bashir: Hemedti, Jefe del grupo paramilitar 'Fuerzas de Apoyo Rápido', un hombre con fuerte presencia militar en el país.  Escuchamos las voces de la politóloga experta en Sudán Mari Ángeles Alaminos, de la portavoz de Unicef en el país Jill Lawler, de la portavoz de Acnur Olga Sarrado y del presidente internacional de Médicos Sin Fronteras Chris Christou.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido la demanda de más de 2000 mujeres mayores, las llamadas "abuelas" de Suiza, que acudieron a Estrasburgo después de que la Justicia de su país rechazara su denuncia: consideran que sus vidas y su salud están amenazadas por las olas de calor causadas por el cambio climático. Ahora el Tribunal Europeo les da la razón. En este proceso han estado acompañadas jurídicamente por Greenpeace Internacional. Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace, reconoce que esta sentencia tendrá consecuencias no solo para Suiza, sino para los 46 estados miembros: "se les obligará a reducir sus emisiones (...) Es un fallo histórico". En el caso de nuestro país, Díez asegura que, si agotan todos los recursos de la Justicia española, también acudirán al TEDH: "Recogemos el testigo de estas mujeres y seguiremos luchando, más aún conociendo este fallo".  

La semana pasada, las fuerzas de seguridad asaltaban la embajada de México en Quito, Ecuador, para detener Jorge Glas. El exvicepresidente llevaba meses refugiado en la sede diplomática para evitar ser juzgado por delitos de corrupción. México, como consecuencia, anunció que rompía las relaciones diplomáticas con Ecuador y que denunciará lo sucedido ante las Cortes Internacionales de Justicia de la ONU porque se ha violado el derecho internacional. José Ángel López, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, experto en Derecho consular y diplomático, ha expresado en 24 horas de RNE que estos hechos van en contra de dos tratados internacionales relevantes: "La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961".

El profesor ha señalado que el artículo 22 de la Convención de Viena recoge la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, además de la doble responsabilidad por parte del Estado Territorial: "Vigilar y prevenir que no se entre por la fuerza en la sede diplomática y que no sean las propias fuerzas armadas". Además, ha recalcado que, sin la autorización del jefe de la misión, como es el caso de Ecuador, se estaría cometiendo "un ilícito internacional".