En el Congreso, después de cinco años de negociaciones, el Pacto de Toledo ha aprobado por una amplia mayoría las recomendaciones para reformar las pensiones. Solo Vox ha rechazado el informe que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas y protege la hucha de las pensiones. Ahora, el documento se tiene que convertir en normas, pero los firmantes destacan el "amplio consenso" con el que se ha alcanzado y la "certidumbre" que supone para los pensionistas.
La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha aprobado las recomendaciones para reformar el sistema de pensiones. Entre ellas se apuesta por revalorizar las pensiones al ritmo del IPC, elevar la edad real de jubilación y que las cotizaciones a la Seguridad Social se destinen sólo a pensiones contributivas, no a ayudas sociales. Además, los pensionistas podrán elegir los 25 años más favorables para el cálculo de su pensión. Todos los grupos han votado a favor, salvo ERC y Bildu, que se han abstenido, y Vox, que ha votado en contra.
El Pacto de Toledo ha preparado el borrador para fijar las líneas maestras del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad. Uno de los pilares más importantes reside en la separación de fuentes de financiación. La Seguridad Social dejará de hacerse cargo de de las pensiones no contributivas, que estarán financiadas por los Presupuestos Generales del Estado.
En Las mañanas de RNE hablamos con Miquel Iceta, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña. Respecto a la duración del estado de alarma, Iceta cree que el Gobierno no tienen la voluntad de agotar los 6 meses que propone, pero "sí dedar una perspectiva temporal lo suficientemente amplia como para cubrir cualquier eventualidad", aunque defiende que siempre existe la posibilidad de una tercera vía. Miquel Iceta cree que es "conveniente" ir de la mano con el Partido Popular en una medida como esta y que la ciudadanía espera que los partidos sepan poner por delante el interés general: "En España, por desgracia, no se da mucho. Pero hay temas importantes en los que merece la pena que los grandes partidos estén de acuerdo y dejen de lado la querella partidista" y ha puesto como ejemplo la aprobación de las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones. Iceta "quiere creer" que se inicia un nuevo clima tras la moción de censura de Vox y espera que Casado no solo defendiera su espacio en el Congreso, sino que comience un camino. Sobre las elecciones en Cataluña el próximo 14 de febrero, Iceta defiente que "este decreto no impide la celebración de las elecciones". "Yo creo que el problema no es el 14 de febrero, el problema es pensar en un horizonte lo suficientemente amplio", ha dicho. El primer secretario del PSC ha insistido en la utilización del estado de alarma como una "habilitación jurídico-legal potente" para restringir derechos fundamentales y se ha mostrado cauto ante las afirmaciones de llegar a salvar la campaña Navidad. Sobre los confinamientos de fin de semana en Cataluña, Iceta pide al Govern que "no piense en voz alta" y que "no especule", ya que causa confusión en los ciudadanos y, de momento, descarta el cierre de las escuelas catalanas.
El anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado incluye una subida del 0,9 por ciento para los empleados públicos. Es uno de los puntos de un acuerdo que todavía está por cerrar entre los socios de Gobierno, aunque se espera que quede aprobado mañana en el Consejo de Ministros. El sindicato CSIF considera insuficiente esta subida y rechaza la oferta de empleo público planteada por el Gobierno, más 18.000 puestos, y pide una mayor. Informa Raquel García.
- El texto, que es fruto de cuatro años de trabajo, se eleva a comisión este martes antes de elevar su propuesta al Pleno del Congreso
- Hasta el momento, han confirmado también su posición favorable al acuerdo el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y el PNV
Tras cuatro años de negociaciones, el Pacto de Toledo ha conseguido cerrar sus recomendaciones. Radio Nacional ha tenido acceso al documento que se debatirá el próximo martes en una comisión abierta en el Congreso. Lo más destacado es la revalorización de las pensiones en base al IPC. Informa Esperanza Martín.
El Pacto de Toledo ha acordado por unanimidad cerrar los trabajos iniciados en septiembre de 2016 sobre las recomendaciones que deben garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de la Seguridad Social y entre las que destaca el protagonismo del IPC para revalorizar las pensiones.
Los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo han decidido este viernes, tras cerrar casi 20 recomendaciones, que el dictamen de la comisión -esencia de todas las propuestas- se votará el próximo martes 27 de octubre en una comisión abierta en el Congreso.
El acuerdo del Pacto de Toledo: ligar pensiones al IPC, acercar la edad real de jubilación a la legal y sanear el déficit en 2023
- Las recomendaciones de la comisión parlamentaria se someterán a votación el próximo martes
- El IPC es el protagonista de la veintena de propuestas, ya que las pensiones volverán a actualizarse según este indicador
- Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%
- Además de las pensiones, el plan contempla un gasto de 3.000 millones para afrontar el pago del ingreso mínimo vital
El 15 de octubre de 2019, dos marchas de pensionistas llegaban a Madrid procedentes de Rota y Bilbao después de hacer a pie centenares de kilómetros donde no faltaron las muestras de apoyo. Un año después, el colectivo reconoce el impacto que tuvieron en la defensa de las pensiones y han adaptado sus movilizaciones a la pandemia, aunque su reivindicación sigue siendo la misma.
- Los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020
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El Gobierno asumirá más de 30.000 millones de déficit de la Seguridad Social y Comunidades Autónomas
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que la Administración Central asumirá "la mayor parte del coste de la lucha contra la pandemia" y pondrá recursos a disposición de las comunidades. "Vamos a aprobar dos transferencias sin precedentes: la primera por 18.396 millones para la Seguridad Social y 13.486 para las comunidades", ha señalado. "El estado asume 31.000 millones de déficit - ha resumido la portavoz - pone de relieve el compromiso con la sostenibilidad del sistema de pensiones".
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El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha adelantado en ‘Las mañanas de RNE’ que en el mes de septiembre se han creado unos 100.000 puestos de trabajo. “Es un dato muy bueno. El ritmo de recuperación de empleo perdido se ha intensificado en septiembre”, ha dicho. No obstante, Escrivá ha reconocido que es difícil que ese ritmo se mantenga en los próximos meses. “Hemos recuperado casi 600.000 empleos perdidos y nos quedan 400.000. Hay sectores ligados al turismo que difícilmente se van a poder recuperar pronto. Tendremos que esperar a primavera”.
Escrivá ha explicado que unas 100.000 personas han salido de un ERTE en septiembre, aunque calcula que todavía hay algo más de 700.000 personas en uno de ellos y que “se está tocando límites” en el ritmo de reincorporaciones “porque las empresas que permanecen inactivas pertenecen a sectores que no tienen capacidad de reactivar su recuperación”. El ministro ha cifrado en 4.000 millones el coste mínimo de prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero de 2021, “aunque dependerá de si la pandemia afecta de una manera aún más intensa”.
- Supondría un ahorro de 1,4 puntos del PIB en 2050, lo que situaría el gasto en pensiones en el 12,8 %
- Si también se eliminase el factor de sostenibilidad, calcula que aumentaría el gasto en 0,9 puntos del PIB
Hay 40.000 pensiones activas menos que marzo pero la factura sigue creciendo. Este año lo ha hecho un 2% más que el año pasado, unos 9.911 millones. Dos tercios se destinarán a pagar jubilaciones y el resto, a otras pensiones no contributivas como la de viudedaz, la de incapacidad permanente u orfandad. Esto se explica porque los nuevos jubilados perciben cuantías más altas, un 5% más este año, hasta los 1.390 euros al mes de media. Informa Guillermo Hernández.
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Los pensionistas han salido a la calle en Bilbao para reivindicar un sistema público de residencias para mayores. Reclaman autocrítica a las autoridades y piden explicaciones de por qué las residencias siguen siendo focos de transmisión. Denuncian además que no se les realizan pruebas PCR a los trabajadores cuando vuelven de sus vacaciones. Informa Amaia Iriarte.