En Cataluña, los Mossos de Esquadra investigan si una familia que murió en un local ocupado de Barcelona pagó para vivir allí. Las asociaciones de vecinos de la ciudad hace tiempo que denuncian estas prácticas. El ayuntamiento de Barcelona ha detectado 105 locales ocupados en la ciudad, donde viven cerca de 500 personas, y 86 asentamientos con casi 400 personas más. Los menores que malviven en estas condiciones son más de 200. Las entidades reclaman más atención para la pobreza infantil.
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Una pareja y sus dos hijos, un niño de tres años y un bebé, han fallecido en el incendio del local comercial en el que malvivían en Barcelona. La familia ocupaba desde hace dos años el local abandonado por un banco. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado que la familia con los dos niños estaba siendo atendida por los servicios sociales del Ayuntamiento.
Susana Royo, portavoz nacional del programa Atención a las Personas sin hogar de Cruz Roja, ha indicado que la pandemia ha cambiado el perfil de las personas sin hogar. "La detección precoz de aquellos que han acabado en la calle tras la pandemia es importante para evitar que se cronifique", ha comentado en 24 horas RNE. Cruz Roja cuenta con un dispositivo de 78 unidades móviles en 32 provincias que salen a la calle a cubrir las necesidades básicas de aquellas personas sin hogar y en el que participan voluntarios y personal técnico. También centros de día para acompañarles. "Estos procesos duran años hasta que la persona se siente capaz de volver a la vida anterior a estar en la calle”, ha explicado y ha añadido que la situación de calle “deteriora mucho". "Intentamos crear un vínculo con ellos para que confíen en nosotros para ayudarles a salir de la calle", ha explicado.
Maribel Ramos, subdirectora de la fundación Hogar sí, su propósito es que nadie viva en la calle. "Estamos convencidos de que el sinhogarismo tiene solución y se basa en la vivienda", ha mantenido en 24 horas RNE. Ha destacado la necesidad de utilizar los recursos para acabar con el problema: “El plan estatal de vivienda cuenta con un programa orientado a personas en situación de sinhogarismo, pero el Gobierno tiene una estrategia nacional con una dotación presupuestaria de 0 euros”.También ha denunciado que, cuando una persona acaba en la calle es porque "el sistema ha fallado".
El testimonio de Sandra en Informe Semanal impulsó a José, un donante de Valencia, a cederle un piso de su propiedad hasta que la Asociación 'Tengo un Hogar' encuentre una solución para ella. Este benefactor anónimo también se ha hecho cargo de la deuda de Sandra de varios miles de euros.
"Hay gente buena, que ayuda. Gracias a vosotros, gracias a las donaciones, gracias a que me han ayudado a buscar trabajo. Hoy he sacado el abono transporte después de tres años. Gracias a la asociación 'Tengo un Hogar' me he puesto a llorar como una niña pequeña", ha declarado Sandra Barahona en el Telediario de TVE.
A su lado estos meses de angustia ha estado Jaime. Es el propietario de Casa Carmela, un refugio para Sandra y otras personas necesitadas de San Blas en Madrid. Desde que empezó la pandemia se preparan menús solidarios por tres euros. Se sufragan con donaciones en la página web del restaurante que se multiplicaron tras la emisión del reportaje.
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Hay 370.000 hogares en España que tienen concedido el Ingreso Mínimo Vital. La Administración ha reconocido hace solo unos días que ha gastado mucho menos dinero del que había destinado para este fin y eso es, según la catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá, Olgá Cantó, porque “el umbral se ha fijado demasiado abajo” y sigue habiendo demasiada gente que vive en situación de pobreza que no tiene opción”. Hay otros que lo cobran, pero con cuantías simbólicas. Es el caso de Joaquín y Vanesa. Tienen dos hijos. Ahora no tienen ingresos, pero les han concedido 36 euros mensuales, porque toman como base sus datos de 2019, cuando cobraban un subsidio de desempleo: “No conseguimos que lo actualicen”. Ellos han pedido ayuda a la Asociación Apoyo. Uno de sus miembros, Roberto Borda, critica que el IMV se ha diseñado sin pensar en la situación real que tienen las personas empobrecidas. Junto a él también está Manuel. Le han denegado dos veces la ayuda. Es parado de larga duración, su pareja tiene una discapacidad del 66% pero, al no estar casados, no los consideran una unidad familiar y, por tanto, no cumplen los requisitos. Manuel también cuenta las dificultades de contactar con la administración y entender su lenguaje. Todos coinciden en que el IMV necesita muchas mejores para ser realmente una herramienta que ayude a las personas en situación de pobreza.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, defiende la actitud que tuvo el pueblo de Ceuta con la entrada masiva de inmigrantes de la que se cumplen seis meses y pide trabajo diplomático para evitar que esto vuelva a pasar: "Hacen falta medios, infraestructuras y mucha acción diplomática para que esto no vuelva a ocurrir. Sin la colaboración de Marruecos es muy difícil que la frontera funcione". Quiere que la frontera se abra con “condiciones” y que las autoridades marroquíes colaboren. También espera que haya trabajo con Marruecos para abordar el problema de la pobreza infantil. Reconoce que la gran mayoría de menores no quiere volver, pero recuerda que la ciudad no tiene recursos para atenderlos como necesitan: “No somos una ciudad presidio. Tenemos que buscar un equilibrio. Es un asunto de estado. Imagine que Madrid tuviera que acoger a medio millón de personas en un día”. Concluye reconociendo preocupación por la utilización de este tema por determinados partidos políticos, pero añade que la sociedad es madura y que Ceuta ya ha dado mucho ejemplo.
Mohamed, Said, Mohamed. Son tres ejemplos de menores que prefieren dormir en el puerto de Ceuta y pedir comida en la puerta de los supermercados antes de ir a un centro. Tienen miedo de ser devueltos a Marruecos. Su sueño es llegar a la península y de alguno ya lo ha intentado colgándose de los bajos de un camión, para llegar al ferry y salir de Ceuta. Ellos son 3 de los 130 niños que el Gobierno ceutí calcula que viven en la calle, sin higiene ni educación. Informa Minerva Oso.
La Federación Española de Bancos de Alimentos se preparan para la Gran Recogida que va a tener lugar del 19 al 25 de noviembre y en la que esperan conseguir 22 millones de kilos de alimentos de primera necesidad. Su presidente, Pedro Llorca, reconoce que les faltan 30.000 voluntarios para poder llegar al objetivo de 100.000 que se han fijado. “Animo a todos, sobre todo a la juventud, a que sean voluntarios. Es gratificante y el objetivo final es tremendamente positivo”, ha asegurado Llorca, que ha recordado que en la página web granecogidadealimentos.org se pueden realizar donaciones y apuntarse para ser voluntario. Llorca ha explicado que los 54 bancos de alimentos que hay en España atienden a más de 1.500.000 de personas y llegan a medio millón de hogares. El año pasado repartieron más de 158 millones de kilos.
Los contagios y las muertes aumentan también en Estados Unidos, después de dos meses en los que bajaba la incidencia. Allí la vacunación está prácticamente estancada en el 57% de la población. La pandemia está siendo especialmente difícil para las personas sin hogar. En Nueva York, una ciudad de ocho millones de habitantes, hay más de 90.000 personas que están sin hogar. Hay hombres, mujeres y niños que viven en refugios o bien en la misma calle. En este lugar Ana, una española que lleva más de 20 años en la ciudad, trata de devolverles dignidad y esperanza.
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Algo más de 34.000 personas han llegado a España en lo que va de año en peligrosos y largos trayectos que cada vez se cobran más vidas. Durante el pasado mes de agosto morían 12 personas al día en la ruta canaria. 1200 han perdido la vida en lo que va de año según la Organización Internacional de las Migraciones. Son sólo las muertes documentadas, una estimación que no contabiliza los 'naufragios invisibles'. El control de fronteras, asegura Lorenzo Gabrielli, investigador del GRITIM de la Universidad Pompeu Fabra, no frena la inmigración pero dispara las muertes. Las familias de los fallecidos y desaparecidos piden que se les escuche. Marta López perdió a su cuñado de Senegal y a Ahmir Hacini es amigo y vecino de desaparecidos. Minerva Oso
El Ministerio de Seguridad Social e Inclusión reconoce que tres de cada cuatro solicitudes del ingreso mínimo vital han sido denegadas, principalmente por no cumplir los requisitos de renta y patrimonio o no acreditar la unidad de convivencia. Esta ayuda la reciben 800.000 personas, apenas un tercio de los 2,3 millones que malviven en la pobreza en nuestro país. Hasta septiembre la Seguridad Social había desembolsado 1400 millones de euros, la mitad de lo previsto para el ingreso mínimo vital, cuya cuantía media es de 172 euros mensuales por persona y 436 por unidad familiar.
Informa Yolanda Rodríguez
4.000 personas, casi la mitad niños, llevan viviendo más de un año sin luz en el asentamiento irregular de la Cañada Real, en Madrid. Ni las administraciones implicadas ni la empresa Naturgy ofrecen alterativas a pesar de que, desde el Defensor del Pueblo, la Unión Europea y Naciones Unidas les han instado a buscar una solución inmediata. La perspectiva de enfrentarse a otro invierno en estas condiciones se hace insoportable para los vecinos del sector 5. Sus hijos pasan frío, no pueden bañarse y, cuando cae el sol, no pueden hacer los deberes ni estudiar. “No puedo hacer nada para comer, la niña no se puede bañar porque no tenemos agua caliente y hace frío, mucho frío”, nos cuenta una vecina. Desde la Plataforma Cívica y de Apoyo a La Cañada han lanzado un manifiesto con el lema ‘Luz ya’ en el que piden contratos y suministro legal y una mesa de seguimiento de todas las partes implicadas que permita superar para siempre esta situación.
Álvaro Recio, portavoz de UGT, ha explicado en el Informativo de Madrid que su organización llevaba denunciando la contratación ilegal de personas en Madrid desde hace 15 ó 20 años y que no tenían conocimiento de que se hubiera llevado a cabo una operación policial como la que se produjo este miércoles, aunque es escéptico respecto a su resultado. “No se nos ha comunicado nada, no se nos ha trasladado nada. Y bueno, pues entendemos que está bien, que hay que tomar cartas en el asunto, pero que es una medida más de lavado de imagen que efectiva real”, ha explicado.
