Esta semana ha pasado por 'El Rincón' de ParlamentoParlamento la diputada de Podemos, Isabel Franco. Nos confiesa que de pequeña quería ser cantante, que la última vez que lloró fue la última vez que se acordó de su padre y que le da pánico lo que "puede haber" detrás de las personas en las aplicaciones para ligar.
La abstención de Vox ha sido decisiva hoy en el Congreso para que el Gobierno sacara adelante el decreto sobre la gestión de los fondos europeos anti-covid. El portavoz del partido, Iván Espinosa de los Monteros, ha justificado la decisión argumentando que les parece lo más sensato y que es un mal necesario para que los fondos lleguen cuanto antes, pero estas explicaciones no le han librado de los reproches del resto de partidos de la oposición. En la misma votación, ERC le ha dado la espalda al Gobierno y el PSOE se lo ha echado en cara. Espectadores de estos dos duelos, PNV y Bildu han vuelto a apoyar al Ejecutivo.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que el 'caso Dina' es "uno de los casos más evidentes de instrumentalización política contra Podemos y Pablo Iglesias". En una entrevista en La noche en 24 horas, ha recalcado que no había una base técnica suficiente para seguir adelante con el proceso y ha acusado al juez Manuel García Castellón de poseer "sesgo ideológico": "El juez actuó contra el criterio de otros tribunales y de la Fiscalía".
El ministro ha recordado que los jueces "son personas altamente cualificadas para llevar a cabo una labor muy necesaria" e imparcial, pero que al fin y al cabo son también "personas normales", con ideología y prejuicios. "El error democrático sería negarlo. Pero en este caso ha habido obcecación hacia una persona cuando los tribunales le habían dicho que no tenía base".
"Uno solo puede llegar a esa conclusión del sesgo ideológico, independientemente de que sea de izquierda o de derechas", ha concluido, destacando que eso no implica "hablar del poder judicial en su conjunto".
El Tribunal Supremo ha devuelto la causa del 'caso Dina' contra Pablo Iglesias a la Audiencia Nacional. Los magistrados del Supremo consideran que los indicios que ha aportado el juez instructor para solicitar su imputación no son suficientes. El juez Manuel García Castellón solicitó al Supremo que investigara al vicepresidente segundo del gobierno por los presuntos delitos de revelación de secretos y daños informáticos en relación con el robo y posterior deterioro del móvil de su asesora Dina Buselham. En su auto de este miércoles, el Supremo pide al juez que siga investigando e interrogue a Buselham sobre los hechos. Y añade que cuando complete la investigación si lo considera le vuelva a remitir el caso.
Foto: Pablo Iglesias, en una imagen de archivo. EFE
El Tribunal Supremo ha rechazado investigar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos dentro del'caso Dina'. El Supremo devuelve el caso a la Audiencia Nacional para que interrogue a la exasesora de Iglesia, Dina Bousselham y le pregunte si quiere denunciar los hechos porque el Código Penal establece que es necesaria la denuncia de la persona agraviada para abrir un procedimiento.
La lista de comparecencias en la comisión de investigación del caso Kitchen ha vuelto a dividir a los socios del Gobierno de coalición. Unidas Podemos ha reclamado, al contrario que el PSOE, que acuda al Congreso el excomisario Villarejo. Los morados también quieren que pasen por la comisión la ex vicepresidenta Sáenz de Santamría, Sanz Roldán y Eduardo Inda. Ambos partidos coinciden en citar a Rajoy, Cospedal, Fernández Díaz y Bárcenas. El PP ha pedido citar, por su parte, a Villarejo, Dolores Delgado, Margarita Robles, Pablo Iglesias y Fernando Grande-Marlaska.
Informa David Fernández
El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero se ha mostrado crítico con la salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad para encabezar la candidatura del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.
"Nadie entiende que en mitad de la tercera ola (de la pandemia de coronavirus) abandone el barco", ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1. Para Monedero, Illa ha hecho una "buena gestión" de la pandemia, pero ha calificado de "error" su salida ahora. "No era el mejor momento", ha subrayado.
El exdirigente de Podemos ha abogado porque tras las elecciones haya un tripartito en el Govern de la Generalitat con En Comú Podem, PSC y ERC, porque cree que así se resolverá el conficto catalán.
Preguntado por los ministros de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, Monedero ha reconocido que hay cierto "enfado", aunque no arrepentimiento, porque les cuesta "demasiado" cambiar cuaquier cosa. En este sentido, ha reconocido que es "evidente" que con solo 35 diputados solo se puede entrar en el Ejecutivo como "subalterno". Aun así, ha considerado que "la entrada de Unidas Podeos en el Gobierno ha sido virtuosa".
Teresa Rodríguez, diputada de anticapitalistas no adscrita en el Parlamento de Andalucía, ha comentado en el informativo 24 horas de RNE que los 11 diputados del nuevo grupo que les han “obligado a constituir” seguirán trabajando desde las iniciativas legislativas y desde Andalucía no se rinde “para refundar Adelante Andalucía”. “El objetivo es recuperar el grupo parlamentario y la izquierda andaluza, no la financiación”, ha puntualizado a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional. Rodríguez ha insinuado que su salida de Adelante Andalucía responde a un acuerdo entre los socialistas y Podemos de replicar en Andalucía la fórmula del Gobierno estatal. “Tengo la impresión de que Podemos se disuelve en el Gobierno y el PSOE sacará rendimiento”, ha mantenido Rodríguez.
La candidata de En Comú Podem a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha abogado por conformar un Gobierno de coalición tripartito con ERC y PSC tras las elecciones catalanas del 14F.
En una entrevista en La Hora de la 1, ha recordado que las encuestas muestran que hay una "mayoría progresista en la calle", por lo que cree que tras la cita electoral deberán ponerse de acuerdo En Comú Podem, ERC y PSC "para que no se repita el desgobierno que hay ahora".
A su juicio, no importa tanto quién queda primero, sino "quién es capaz de articular mayorías".
Foto: EFE/Toni Albir
El diario murciano La Verdad ha informado esta tarde que el consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, médico de profesión, y otros altos cargos de la Consejería se han vacunado contra la COVID-19, saltándose el protocolo. La vacunación de Villegas ha abierto una brecha en el gobierno de coalición murciano de Partido Popular y Ciudadanos. La consejera portavoz y líder de Cs en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha calificado de inadmisible su comportamiento y exige la dimisión del consejero. Asegura que el protocolo es muy claro y que a los consejeros no les toca vacunarse todavía. Desde Podemos también han pedido la dimisión de Villegas. La Consejería de Salud subraya que solo se han vacunado los miembros que son sanitarios y argumenta que se trata de evitar brotes en cualquier instalación sanitaria y que el equipo directivo forma una parte esencial dentro de la gestión de la pandemia. Informa Javier Cortijo, RTVE Murcia.
Con los partidos ya en clave electoral en Cataluña, las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias este domingo, equiparando a Carles Puigdemont con los exiliados del franquismo, le han costado un aluvión de críticas. Desde Podemos, este lunes, han matizado esas declaraciones: no equiparan el sufrimiento al de las víctimas de la dictadura, pero mantienen: "Como dice la RAE, exiliado es tanto uno como los otros".
Foto: EFE/Kiko Huesca
Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, ha dicho en Las mañanas de RNE que han incrementado el presupuesto para la dependencia para intentar acabar con la lista de 300.000 personas que tienen la ayuda de la Ley de Dependencia concedida pero que no la reciben. Además, crearán nuevos centros de día para mayores y mejorarán las condiciones de los trabajadores. Así lo han pactado el Gobierno, Comunidades Autónomas y agentes sociales para desatascar el sistema de atención a la dependencia.
El sistema tendrá 3.600 millones de euros extra hasta 2023. Ha añadido que no contempla hacer recortes. "Este Gobierno no contempla recortes ni ajustes. Es posible gestionar la crisis de otra manera, reforzando los servicios esenciales", ha dicho.
