El director de la policía, Ignacio Cosidó, ha presentado un plan para impulsar la colaboración entre la seguridad pública y la seguridad privada. El plan se llama Red Azul y el objetivo es que unos 100.000 vigilantes y detectives que hay en España, trabajen con la Policía para evitar y combatir la delincuencia. Según Cosidó, se trata de optimizar recursos y compartir información de caracter operativo. Aunque han aclarado que no habrá efectivos de seguridad privada en, por ejemplo, manifestaciones y que tampoco se facilitarán datos en procesos judiciales abiertos, el Sindicato Unificado de Policía cuestiona el plan porque dice que pueden salir datos sensibles de las investigaciones.
En Madrid, la policía ha clausurado un hotel clandestino para viajeros chinos en el barrio de Carabanchel. Los propietarios del piso cobraban 10 euros a los huéspedes por dormir en una silla, y hasta 35 por una habitación de dimensiones mínimas.
La Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana -figura similar al defensor del pueblo- ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido durante las protestas estudiantiles iniciadas la semana pasada en Valencia tras recibir más de 38.000 quejas relacionadas con la actuación policial.
La directora del instituto Lluís Vives, Carmina Valiente, ha exigido a la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, que "se depuren responsabilidades" por la "actuación desproporcionada" de la Policía Nacional contra una treintena de alumnos el pasado día 15, día en que se iniciaron las protestas.
En declaraciones a Catalunya Rádio, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz anuncia su comparecencia en el Congreso para explicar las cargas policiales en Valencia. Una actuación en la que ha dicho pudo haberse cometido "algún exceso" (21/02/12).
Ya estan en prisión los cuatro supuestos integrantes de la mafia serbia que fueron detenidos en Valencia el pasado viernes. Dos de ellos están acusados del asesinato en 2003 del primer ministro serbio. Hoy se han dado más detalles de la operación policial en una rueda de prensa.
Según los investigadores han recuperado seis. El dueño ha ofrecido una recompensa de 5.000 euros por cada uno de los coches que todavía están en paradero desconocido.
La Defensora del Pueblo y los sindicatos de policías apoyan que se aprueben unas normas de funcionamiento y que los policías se encarguen sólo de la seguridad. Sin embargo, para algunas ONGs no es suficiente y piden su cierre. La muerte de dos internos en los últimos meses ha evidenciado, en su opinión, las carencias de los CIES.
