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A Cintia Pascual, presidenta de CEAPS (Círculo Empresarial de Atención a las Personas), le "sabe mal decirlo" pero reconoce que el nuevo modelo residencial que propone el Gobierno necesita de una inyección económica mucho mayor. Es el principal obstáculo que, a ojos de las patronales de residencias y servicios a domicilio, plantea el proyecto y han convocado una jornada para analizar los diferentes aspectos del proyecto y sus carencias y para consensuar propuestas realistas. 

“En mayo de 2021 mi padre entró en la residencia de DomusVI Chantada. No entró muy contento, pero sí con ganas de vivir. Y, en 8 meses, por el mal trato que le dieron en dicha residencia, se nos fue”, así narra Mari Carmen el paso de su padre por una residencia de mayores. Denuncia que la residencia le ocultó durante meses el grave estado de José. Una situación similar a la que vivió Xavi, antes de la pandemia visitaba todos los días a su madre y vigilaba su cuidado, pero el coronavirus lo cambió todo y no pudo seguir viendo a su madre. En 2018 salieron a la luz las imágenes del presunto maltrato a Josefa, su hijo Francisco Polonio puso una cámara oculta, denunció ante la Fiscalía y el caso continúa en fase de investigación.

Foto: EFE/LAVANDEIRA JR

El'cohousing' es un modelo alternativo a las residencias tradicionales que nació en Dinamarca y cada vez está cogiendo más fuerza en España. 'Las Claves del Siglo XXI' ha estado en uno de los pioneros de nuestro país. Unas casas que les cuestan entre 80.000 y 150.000 euros dependiendo del tamaño. A partir de ahí los socios pagan una cuota mensual de entre 800 y 900 euros. Cuentan con 18 trabajadores entre los cuales hay personal médico para atender a los más dependientes. En su mayoría llegan al centro buscando no sentirse solos y evitar ser una carga para sus familiares. El caso de Paco es excepcional: toda su familia está en convivir, incluida su madre, la más mayor del centro. Otra de las alternativas más comunes a las residencias es la de contratar asistencia domiciliaria. Sandra pasa 4 horas con ella, pero Paquita tiene parkison y está considerando tener a una persona interna en el futuro.

FOTO: EFE/ENRIC FONTCUBERTA

La Fiscalía de Mayores de Sevilla está elaborando un informe sobre una residencia de titularidad privada, donde la inspección detectó un posible maltrato a los ancianos. El centro ha cerrado a finales de marzo, tras recibir varias sanciones.

En España, casi cinco millones de personas vivían solas en 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Más del 43% tenía más de 65 años. Las personas con discapacidad, cuidadoras o inmigrantes son también especialmente susceptibles. En los tiempos del COVID-19, la situación no ha mejorado, sino que avanza imparable. Para dar visibilidad y hacer seguimiento de esta circunstancia, se ha creado recientemente el Observatorio de la Soledad No Deseada (SoledadES). Impulsado por la Fundación ONCE, su intención es unificar el trabajo de diversas organizaciones sociales para crear "una red de apoyo eficaz". Así lo explica su presidenta, la exministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández. "En algunos otros países, este observatorio lo crean los poderes públicos", explica. Ante la lentitud de estas políticas, tratan de demostrar el coste sanitario y social de no atender la soledad: "Tenemos un montón de hombres y mujeres perfectamente sanos, capaces y com mucho tiempo libre que podrían hacer muchas cosas". Para Fernández, es imprescindible "romper los estereotipos de la gente mayor".

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) es una de las organizaciones involucradas en el observatorio. Su presidente, Lázaro González, reivindica la necesidad de recuperar los espacios perdidos con la pandemia: "Las autoridades públicas deben considerar que los espacios comunitarios son servicios esenciales". Asimismo, considera la soledad como una cuestión no solamente política, sino de responsabilidad social: "Nos debería dar verguenza al resto de la sociedad que haya personas que estén solas".

Las residencias y los centros de mayores de Andalucía que tienen plazas en concierto denuncian que atraviesan una situación "insostenible". Aseguran que la Junta de Andalucía les debe las facturas desde el pasado mes de noviembre. Desde la administración autonómica dicen que ha sido un problema puntual y que se va a resolver en los próximos días.