De forma previa al arranque del acto sobre los 50 años de la muerte de Franco, hemos visto esta imagen: el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, saludando a los líderes de los sindicatos pero pasa de largo sin saludar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Un gesto que se produce en plena polémica entre ambos por la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Díaz ha afirmado este miércoles en una entrevista que Economía ha vetado "por escrito" el debate sobre la reducción de la jornada en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, lo que impide que llegue al Consejo de Ministros. Economía dice que es falso. Foto: EFE/Zipi
Estamos a 7 de enero y hoy han comenzado las rebajas, una fecha que han escogido los trabajadores de El Corte Inglés para hacer un paro y protestar por sus condiciones laborales. Es la primera manifestación en la historia de la compañía, convocada por CGT, uno de sus sindicatos minoritarios. La secretaria estatal de esta sección sindical de El Corte Inglés, Melissa Cacho, nos explica que sus condiciones "han disminuido bastante en estos 19 años debido a la reducción de plantilla" y por ello tienen que "descargar palés de mercancía y realizar funciones de mozo de carga". Desde la sección sindical de El Corte Inglés también reclaman a la empresa que los dependientes tienen "jornadas de 10 horas e, incluso, llevamos muchas veces 11 días sin librar". Estas circunstancias repercuten en el "cansancio y disminución de las fuerzas de los empleados", anuncia.
Sobre por qué otros sindicatos como CCOO o UGT no se han sumado a la concentración, la secretaria de CGT ha afirmado que "tanto Comisiones Obreras como UGT firman los mismos acuerdos y no hay nada que les pueda diferenciar [...] No se preocupan por defender los derechos de los trabajadores", concluye.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha dicho en Las mañanas de RNE que la economía española ha arrancado el año creciendo, "desde el día 1 de enero partimos de la base de crecimiento del 1,2 %", y que espera llegar al 2% o 2,5% en 2025.
La prórroga de los presupuestos en 2025 no le parece un obstáculo para seguir adelante con los planes del Gobierno. "Hemos tenido una situación de presupuestos prorrogados en 2024 y eso no ha sido obstáculo para elaborar todas nuestras políticas, incluidas las inversiones del plan de recuperación. Está previsto que España crezca en torno al 3%, por encima de la zona euro. España va a aportar un crecimiento del 40%."
Asegura que siguen muy de cerca la recuperación de la actividad en la zona afectada por la DANA. "Hay una afectación de la actividad de en torno a un 4%. La situación ha ido mejorando progresivamente, desde los 10 puntos porcentuales." A pesar de esto, la población tiene la sensación de que la ayuda no llega, algo comprensible según el ministro, que asegura que se está acelerando. "Tenemos más de 1.060 millones de ayuda. 740 son compensaciones de seguros que ya han llegado. 49 millones llegaron el 31 de diciembre. Y 410 han sido en las últimas dos semanas. Hay una curva de incremento de la llegada de las ayudas. Llegan y cada vez más deprisa."
También siguen trabajando en el impuesto a las energéticas, "sigue habiendo posiciones encontradas. Pondríamos sobre la mesa una opción donde haya un equilibrio, que sigan contribuyendo pero fomentar inversiones importantes."
Cuerpo ha respondido otros asuntos como la subida del salario medio, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, pendiente de acuerdo parlamentario, o el acceso a la vivienda, "estamos viendo avances con la creación de una sociedad estatal para la vivienda pública. Todas las viviendas del Estado van a pasar a esta sociedad, y se van a poner a disposición con alquileres asequibles, incluidas las de la Sareb. No todo es construir suelo nuevo."
Por delante, el Congreso tiene la tramitación parlamentaria de la reducción de jornada. El acuerdo entre Gobierno y sindicatos modifica el Estatuto de los Trabajadores fijando un máximo de 37'5h, frente a las 40h actuales. En caso de salir adelante esta primera reducción de la jornada laboral en 40 años, beneficiaría a cerca de 12 millones de trabajadores y en especial a los puestos de trabajo más vulnerables. Las empresas tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos.
Los contratos a tiempo parcial, con una prestación de trabajo de duración igual o superior a estas 37'5 horas semanales de promedio, pasarán a convertirse automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo. En el caso de los empleados a tiempo parcial que ya vengan trabajando menos horas, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas, igual que aquellos con jornada reducida. De igual modo, tendrán también derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la entrada en vigor de la jornada máxima diaria de 37'5 horas. En cuanto a las jornadas especiales, Gobierno y agentes sociales se dan un plazo de 18 meses para adecuar cada caso a la nueva jornada máxima legal.
Además de la reducción de horas, la reforma también incorpora otros aspectos como una mayor exigencia a las empresas en relación al registro de horas. Se endurecen además las sanciones actuales por incumplimiento. Las empresas pasarán a ser multadas de manera individual por cada trabajador afectado y no de manera global como hasta ahora. La infracción grave asciende de 7.500 a 10.000 euros. Se profundiza también en el derecho irrenunciable a la desconexión digital del trabajador.
Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el acuerdo beneficiará a 12 millones de trabajadores. Se podrán superar las 37,5 horas semanales en algunos sectores siempre que la media anual no supere esas 37,5 horas. Si se trabajan menos horas del máximo, se tendrá derecho a mantenerlas y a un aumento salarial. Además, se reforzarán los registros horarios y el derecho a la desconexión digital y se pasará a un sistema de sanciones por trabajador, en lugar de una única por empresa.
Este viernes, después de casi un año de negociaciones, se ha firmado el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y sin rebaja salarial. Esto llega después de que en 1983 se fijara la jornada legal de trabajo en 40 horas semanales. ¿Cómo se consiguió este avance entonces?
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este viernes con los secretarios generales de los sindicatos UGT y CC.OO. el acuerdo para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2025. "La reducción de la jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el acuerdo de Gobierno, en el año 2025, ha llegado la hora de repartir la productividad", ha señalado la ministra. Por su parte, el líder de CC.OO. Unai Sordo, ha señalado que se trata de la primera modificación desde 1983 y cumplen así con "el deber" ante el "bloqueo del ámbito tripartito". El pacto, del que se desmarcó la CEOE, comienza a dar forma a un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno, pero que en la última semana ha suscitado diferencias en los plazos de aplicación entre los socios PSOE y Sumar, y que todavía debe sumar los apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante. Díaz ha incidido en que el acuerdo recoge la reducción de jornada en el año 2025, manteniendo derechos de los trabajadores, incluidos los que tienen contrato a tiempo parcial. Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez.
La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este viernes con el secretario general del sindicato CC.OO., Unai Sordo; y con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el acuerdo para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción salarial. Este acuerdo es "el resultado de un consenso social que hoy es imparable", ha señalado Díaz tras la firma. La reducción de la jornada laboral se pondrá en marcha en 2025 para "democratizar el tiempo que es lo fundamental", saldrá a consulta pública para que se apruebe "cuanto antes" en el Congreso y el Senado, según ha asegurado la ministra. Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez.
En un nuevo movimiento para tratar de poner coto al abuso de los alquileres turísticos, Consumo ha abierto un expediente sancionador a la plataforma Airbnb tras no haber retirado los miles de anuncios ilícitos, a pesar de haber recibido el aviso hace más de cinco meses. Ahora se enfrentan a multas que podrían sobrepasar los 100.000 de euros. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Recu, valora en 24 horas de RNE la apertura de este expediente. Recu considera que esta propuesta de sanción es "un paso adelante" porque, dice, "por fin el Gobierno está reconociendo que estas empresas no dejan de ser la punta de lanza de cómo funciona el mercado de alquiler". Desde el Sindicato de Inquilinas tachan a los portales como Airbnb de "viviendas especializadas en desojar a las ciudades de casas para la clase trabajadora", por lo que los señalan como su "enemigo número uno", junto a las inmobiliarias.
Recu denuncia que las instituciones públicas podrían hacer "muchísimo más" para poner solución a esta situación, por lo que exige "políticas valientes" que prohíban este tipo de empresas. Además, señala que, según los datos, la mitad de las personas que viven de alquiler están "en riesgo de exclusión". "Tenemos que parar de una vez por todas la impunidad con la que actúa el rentismo [...] Necesitamos acabar con los alquileres turísticos y temporales", concluye.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado en 24 horas de RNE la reunión que ha mantenido este lunes con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica) para tratar de buscar su apoyo en la reducción de la jornada laboral: "Nuestro objetivo principal era y es poder establecer un canal directo de relación con Junts. Tanto por lo que hace referencia al Congreso como desde la perspectiva catalana".
Sobre la propuesta de Junts para que el presidente del Gobierno presente una moción de confianza, Pepe Álvarez cree que es "razonable" que se evalúe el "grado de cumplimiento de los acuerdos" que en su momento llevaron al presidente Sánchez a la presidencia: "No sé si eso incluye la cuestión de confianza. Pero me parece que es bueno que se examinen los acuerdos y que se llegue a conclusiones lo más comunes posibles", ha añadido el secretario general de la UGT.
En su reunión, cuenta Álvarez, Carles Puigdemont le ha trasladado su malestar con el Ejecutivo: "En estos momentos las relaciones entre Junts y el Gobierno no pasan por el mejor momento. Creemos que es muy importante que reestablezcan las relaciones, que se puedan cumplir con los acuerdos a los que se llegaron, si es que los están cumpliendo, y abrir una puerta a la posibilidad de elaborar unos presupuestos generales del Estado", ha declarado.
Los agricultores y ganaderos saldrán este lunes a protestar en Madrid con una manifestación a las 11:00 horas frente al Ministerio de Agricultura. Asaja y COAG, los sindicatos convocantes, buscan mostrar así su desacuerdo con el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. "Nos preocupa la entrada de producciones de forma masiva, que tienen unos costes muchísimo menores", critica en La Hora de La 1 el secretario general de COAG, Miguel Padilla, que considera que el acuerdo es "bueno, pero para otras actividades que no sean la agricultura".
Miles de funcionarios exigen en Madrid la continuidad de Muface. Piden que el Gobierno ofrezca una licitación suficiente a las aseguradoras y que estas sigan prestando asistencia sanitaria a más de un millón y medio de empleados públicos. El Ejecutivo accedió a incrementar la financiación del modelo para los dos próximos años. Los funcionarios advierten de las consecuencias para la Sanidad pública. Ante la incertidumbre, algunos denuncian que están viendo retrasadas sus pruebas.
Miles de funcionarios convocados por el sindicato mayoritario en la función pública, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), han protagonizado una manifestación en Madrid para exigir al Gobierno una financiación "suficiente" para el sistema de Muface, el organismo que gestiona la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos.
La concentración ha tenido lugar en las inmediaciones de la Dirección General de Muface, situada en la Ciudad Universitaria de Madrid. Llaman a una huelga general si no se llega a un acuerdo, actualmente, son más de un millón y medio los afectados por este sistema de mutuas.
Este miércoles, se han celebrado protestas para exigir la renovación inmediata del concierto de Muface. Diez sindicatos se han concentrado ante sus sedes y las de varias aseguradoras. Piden, también al Gobierno, que cedan para garantizar la asistencia sanitaria de los funcionarios. Otras dos mutualidades que atienden a militares y personal de justicia también están en el aire.
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