La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo no podrá asumir en 2013 una actualización de las pensiones del 1,9%, porcentaje correspondiente a a desviación de precios de este año, por lo que ha tomado la decisión de subir las pensiones, con carácter general, un 1% para el próximo año, salvo las inferiores a 1.000 euros mensuales, que se incrementarán un 2%. La medida forma parte del Real Decreto-ley de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcado este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros que ha presidido, que el Ejecutivo central recurrirá al Tribunal Constitucional si la Junta de Extremadura decide abonar en diciembre la paga extra de Navidad. "Si incumple la legislación básica del Estado, el Gobierno procederá a formalizar ese recurso de inconstitucionalidad", ha advertido.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que es "necesario" reformar la tasa por la que las televisiones privadas destinan el 5 por ciento de sus ingresos a financiar el cine europeo y español y ha anunciado la creación de una comisión mixta, presidida por el secretario de Estado de Cultura, en la que también estarán representadas otros departamentos del gobierno y representantes del sector audiovisual, que se ocupará de promover este cambio.
Los partidos políticos coinciden en que las manifestciones de ayer reflejan claramente el descontento de los ciudadanos, y a partir de ahí cada partido hace su propio análisis de la huelga. La vicepresidenta no ha querido hablar sobre la incidencia de la huelga, dice que no le corresponde al Gobierno.
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para paralizar los desahucios de los colectivos más desfavorecidos en los próximos dos años. Es una primera fase de medidas urgentes, según la vicepresidenta, y habrá otra que se negociará con el resto de grupos en el Parlamento.
Seis expertos, tres de cada parte. Llevan sentados a la mesa desde las cuatro de la tarde, a esta hora quedan dos asuntos fundamentales en la negociación: primero: a qué familias afecta la moratoria de los desahucios. PP y PSOE han acordado paralizar los procesos de desahucios de las familias en situación más extrema. Fuentes del Gobierno aseguran que dependerá de variables como el nivel de renta, el precio de vivienda o el número de hijos. El Gobierno espera aprobar las medidas mediante un real decreto en el consejo de ministros de esta semana, que se adelanta al jueves.
Todo indica que Gobierno y PSOE están cerca de llegar a un acuerdo para frenar los desahucios, pero la negociación todavía no ha terminado. Anoche se pusieron de acuerdo en que durante los próximos dos años se paralicen los desahucios en los casos de familias en situación de extrema necesidad. Ese es también el plan de Cajas y Bancos. Falta por determinar qué se considera una situación extrema. El PP dice que hay que tomar decisiones de manera urgente. Los socialistas no sólo quieren soluciones a corto plazo y piden una reforma de la ley hipotecaria para que no se repitan los abusos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a las últimas previsiones económicas de la Comisión Europea. En el caso concreto de España, la Comisión prevé que la caída del PIB será del 1,4% tanto en 2012 como en 2013, así que el crecimiento no llegará hasta 2014 (0,8%).
"Son ciertamente peores de las de primavera", ha reconocido Sáenz de Santamaría en referencia a las de mayo. La vicepresidenta ha pedido, sin embargo, prudencia. "Esta variación en estos pocos meses, también en la zona euro, nos obligan a ser bastante prudentes con lo definitivo que tienen previsiones de esta naturaleza en un contexto mundial e internacional difícil y, en el ámbito de la zona euro, de recesión".
"Los gobiernos, amen de analizar las cifras, tenemos que poner soluciones y adoptar medidas", ha añadido la vicepresidenta. "Este Gobierno tiene un compromiso con (la reducción de) el déficit, va a seguir comprometido, haciendo reformas que tienen como objeto ahorros en el gasto y una mayor eficacia en el ámbito de los ingresos y reformas estructurales que permitan cambiar nuestro sistema. Y un objetivo fundamental, crear bases de diferente naturaleza y en diferente ámbito, hoy hemos hablado de la formación, para crear empleo".
"Nuestra tarea como Gobierno es luchar contra esas previsiones", ha insistido, "conocerlas, analizarlas" pero "mejorarlas". "La acción de los gobiernos no está en conformarse con las cifras sino en trabajar para lograr superarlas", ha concluido.
Ha sido una reunión discreta de algo más de dos horas sin cámaras ni fotógrafos. Las "número dos" de Gobierno y PSOE acordarán medidas urgentes. Lo harán mediante decreto ley o ley por la vía de urgencia y serán prioritarios los casos de familias con hijos o personas mayores a su cargo. De los detalles se encargará un grupo de seis expertos -3 de cada parte- que se reunirá por primera vez el lunes. Desde la Justicia, la queja ha llegado hoy de los jueces decanos. Lamentan que el Poder Judicial se desmarcara del informe de seis magistrados, que denunciaron abusos de la ley y de los bancos. Aseguran que no tienen margen para actuar y piden cambios en la ley hipotecaria. En la primera mitad del año ha habido más de 57.000 desahucios entre pisos y locales, según las cifras del Consejo del Poder Judicial.
El Gobierno ha acordado en Consejo de Ministros la puesta en marcha de una comisión de trabajo sobre el problema de los desahucios. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado su deseo de reformar la normativa sobre los desahucios para incorporar medidas que "sean mucho más eficaces" para frenar esas situaciones y que satisfagan al PSOE, con quien quiere pactar su aprobación. Precisamente, este lunes el PSOE protagonizará una "ofensiva" en toda España para presentar su iniciativa planteada esta semana en el Congreso que tiene como objetivo frenar los desahucios.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que las comunidades deberán justificar el uso de las ayudas del fondo de liquidez, que tendrán que llegar a los proveedores para los que se han autorizado, como en el caso del pago a las farmacias en Cataluña.
De esta manera se ha expresado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el control del Gobierno a la Generalitat de Cataluña para la aplicación de los créditos concedidos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
"Se tiene que justificar el destino de los fondos, que tienen que llegar a los proveedores para los que se han autorizado", ha agregado la vicepresidenta. Asimismo, ha insistido en que este fondo obliga a las autonomías a cumplir sus planes de ajuste y tiene marcado el procedimiento para lo que se puede sufragar con el mismo. En este caso, ha reiterado la vicepresidenta, se trata de los titulares de farmacias catalanas, que tienen derecho a cobrar.
El Gobierno ha aprobado este viernes la creación de una comisión para reformar la Administración y hacerla más eficiente evitando duplicidades y reduciendo su tamaño y coste. "Es una tarea ingente, pero es una de las mejores gestiones que podemos hacer en tiempos de crisis", ha dicho en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
La comisión tiene de plazo hasta el 30 de junio para presentar un informe que pretende evitar duplicidades, reducir la burocracia, gestionar mejor los servicios y medios comunes a través de contratos más económicos y revisar toda la administración institucional para que sea más "simple, eficiente y coordinada", ha explicado Sáenz de Santamaría.
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