En el Congreso PP y PSOE han registrado esta tarde los nombres de los candidatos para renovar los puestos vacantes en el Tribunal Constitucional y otros órganos.
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El Gobierno y el PSOE prevén anunciar este viernes su acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central, justo el día en el que se cumple el plazo dado para ello por el presidente el Congreso, Jesús Posada.
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha insistido en que el Gobierno "acata" y "respeta" la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalización de Sortu, pero que "tiene que disprepar" de la decisión porque "no le dan la razón". Sáenz de Santamaría ha respaldado así las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz -Gallardón, que el pasado miércoles, tras saberse la legalización de este partido de la izquierda abertzale por un solo voto de diferencia en el TC, aseguró que el Gobierno lamentaba que Sortu no siguiera siendo ilegal. Para justificar esta postura, la número dos del Gobierno, ha insistido en que el nuevo Ejecutivo ha asumido la postura del anterior que a través de la Abogacía del Estado había pedido que Sortu siguiera siendo ilegal como determinó el Tribunal Supremo por ser una formación política "alentada" por ETA.
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La izquierda abertzale sabe que se juega su credibilidad política tras la legalización de Sortu, en cuyos estatutos figura el rechazo de la violencia de ETA. Lo ha dicho Iñigo Iruin, al abogado que presentó el recurso de Sortu ante el Constitucional. La sentencia deja abierta también una posible ilegalización si Sortu
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Hoy seguimos hablado de la legalización de Sortu. La izquierda abertzale ha dicho hoy que sabe que se juega su credibilidad política con la decisión del Tribunal Constitucional. El gobierno vasco le reclama que abandonen el victimismo y cierren su proceso de integración democrática.
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El secretario general del PP vasco y secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzábal, dice no compartir la legalización de Sortu por el Constitucional por creer que lo que hace falta es que ETA se disuelva y reconozca el daño causado a la sociedad y el fallo judicial, añade, le quita presión a la banda terrorista. Bildu y Sortu tienen por delante un recorrido democrático al que, subraya, no se quieren enfrentar. "Desde el PP estamos con las víctimas y se utilizarán todos los instrumentos para combatir a ETA, y a pesar de esta sentencia creo que la democracia puede vencer al terrorismo", afirma.
Por su parte, el portavoz del PNV en el parlamento vasco, Joseba Eguibar, califica la sentencia de "esperada" y "necesaria". "Nos ayuda a recobrar una situación de normalidad. No podemos obviar que hace 10 años, cuando arranca la Ley de Partidos Políticos, el objetivo era ilegalizar cualquier expresión de la izquierda abertzale partiendo de la premisa de 'todo es ETA'".
Por último, el portavoz del PSE en el parlamento vasco y secretario de Relaciones Institucionales del partido, José Antonio Pastor, afirma que el fallo judicial es un elemento más para la disolución de ETA y que el tribunal ha convertido en legal lo que ya es normal en el País Vasco. "Esto es una victoria de la democracia sobre el terrorismo. ETA ha desaparecido de nuestras vidas aunque formalmente no se haya disuelto. Hay que esperar que lo que aparece en los estatutos de Sortu, rechazando la violencia, se constate de verdad con hechos. Estas serán las primeras elecciones a las que concurriremos libres y sin ninguna amenaza de pistolas y bombas", explica (21/06/12).
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado la "discrepancia" del Gobierno con la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar Sortu y ha lamentado que la posición del alto tribunal no haya sido la misma que la adoptada por el Supremo, de forma que la formación "siguiera siendo ilegal".
Ruiz-Gallardón ha comparecido en rueda de prensa después de que el Constitucional haya anulado por seis votos frente a cinco la sentencia del Supremo que en marzo de 2010 prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, lo que supone de facto la legalización de la formación abertzale.
