Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, se acerca a los micrófonos de Parlamento para hablar sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Asegura que su partido lleva dos años proponiendo reformar por la vía de urgencia una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cambiar el sistema de elección de los miembros de extracción judicial. "Deberíamos hablar todos los grupos parlamentarios que tenemos interés en que las instituciones del Estado no resulten debilitadas por este enconamiento entre el PP y el PSOE, repartiéndose los sillones entre sus amiguetes y para tener controlada la justicia". Bal cree que la estrategia de primero pactar y después reformar "es un desastre" y que "el PSOE trata de engañarnos a todos": "Podemos y los socios del Gobierno lo que quieren es controlar la justicia y un CGPJ con la etiqueta de progresista".
- La ruptura de las negociaciones entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ ha dado un nuevo impulso a las negociaciones del TC
- Los conservadores insisten en que no encuentran candidatos pero ven "imprescindible" reactivar la negociación
- Creen "imprescindible" retomar la renovación del TC tras la ruptura de las negociaciones entre Gobierno y PP
- Pide al Gobierno que derogue la ley que impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial
El PP niega que haya un acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ: "Hay avances pero no está cerrado"
- El presidente del Gobierno ha afirmado que el pacto está "listo" y ha instado al PP a firmarlo cuanto antes
- Fuentes 'populares' aseguran que las afirmaciones de Sánchez "no se ajustan con la realidad"
- El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña podría vulnerar el Estatut de Autonomía y la Constitución
- El Constitucional ya admitió a trámite hace un mes el recurso del PP y Ciudadanos contra el decreto del Govern
- Las cámaras estaban a la vista en el centro de trabajo, pero nunca se informó de que fueran utilizadas para tales fines
- La sentencia ha salido adelante por seis votos a favor de los magistrados conservadores y cinco en contra del sector progresista
El Tribunal Constitucional ha validado que una empresa usara las imágenes de las cámaras de seguridad para despedir a un trabajador que robaba productos de la compañía. La sentencia ha fracturado al tribunal. Los seis magistrados conservadores han avalado el despido, los progresistas han votado en contra.
- El partido cree que la ley no mejorará la protección de los ciudadanos y critica que tiene "perspectiva de género"
- "Estamos ante una imposición ideológica que quiere convertirse en una interpretación estatal y obligada", dice el partido
Bolaños asegura que la negociación con el PP sobre el CGPJ "avanza", pero pide "discreción": "El acuerdo será por escrito"
- La renovación está siendo "compleja" y la única "fórmula" es "trabajar mucho y hablar poco", asegura
- El ministro ha pedido al PP a seguir realizando un esfuerzo para acabar de perfilar el contenido
- Va ser condemnat a tres anys i mig de presó per delictes de corrupció
- L'expolític del PP ha recorregut davant el Tribunal Constitucional
Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo han estado reunidos durante tres horas en La Moncloa con el objetivo de avanzar en la renovación del CGPJ tras la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes. Ignacio González Vega, magistrado y exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, se ha acercado hasta el 24 horas de RNE para hablarnos del bloque en el Consejo.
González Vega explica que la dimisión de Lesmes ha provocado que PP y PSOE "muevan ficha" y sugiere que "si hubiera renunciado hace cuatro años quizás se habría solucionado la renovación del CGPJ". El magistrado nos cuenta que "si la renovación está encarrilada probablemente a principios de 2023 los primeros nombramientos se estarían efectuando".
Sobre la imagen de politización del CGPJ, González Vega acalara que: "Es un órgano constitucional de naturaleza política y allí se hace política judicial"
- Defiende que prohibir tramitar resoluciones "sería contradecir la esencia del parlamentarismo"
- Asegura que los servicios jurídicos no recomendaron paralizar la tramitación
- Termina sin éxito la tercera reunión de las comisiones negociadoras del CGPJ para renovar el Constitucional
- El bloqueo persiste tras la fecha límite del pasado 13 de septiembre, cuando debería haberse renovado este órgano
- El CGPJ convoca otro pleno el 6 de octubre para renovar el TC en caso de que los vocales hayan logrado un acuerdo
- El Poder Judicial también ha tomado conocimiento del procedimiento para la eventual dimisión de Carlos Lesmes
- Ha presentado este lunes su recurso contra el Real Decreto-Ley alegando que invade competencias autonómicas
- También recurre porque entiende que vulnera algunos artículos de la Constitución
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido el recurso que ha interpuesto el gobierno regional contra el decreto de ahorro energético porque "choca" con la competencia "exclusiva" de su administración en esta materia.
El bloqueo del CGPJ influye al ciudadano porque afecta al Tribunal Supremo, que tiene la última palabra de muchos de los litigios cotidianos. Un divorcio, una custodia, una herencia, un despido... si no estás de acuerdo con la resolución de un juzgado, la recurres ante el TS. Además, sienta jurisprudencia y marca los pasos del resto de tribunales.
¿Y por qué el bloqueo del CGPJ afecta al Supremo? Porque pronto serán 20 las bajas y calculan que eso implica 1000 sentencias menos cada año. No se cubren las vacantes de los magistrados que se jubilan o fallecen porque el Gobierno impide al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos cuando está en funciones, posición en la que está desde hace cuatro años.
También afecta al Tribunal Constitucional, donde hay pendientes recursos contra temas como la ley del aborto o la eutanasia. Que el tribunal tenga mayoría conservadora o progresista influirá a la hora de tumbar o no esas normas. Foto: EUROPA PRESS
Carlos Lesmes ha anunciado que ultima los detalles de su salida como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. En la apertura del año judicial, el magistrado ya amenazó con dimitir si no se desbloqueaba la situación del CGPJ, que permanece en funciones desde 2018. Su sustituto será el vicepresidente del Supremo, Francisco Marín.
En el informativo 24 horas de RNE, el expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Pacual Sala Sánchez, ha expresado que "la imagen que se está dando ante Europa y el mundo es deplorable" y que "nadie se explica que se haya podido llegar a esta situación". Con todo, cree que el sistema mixto actual es el adecuado: "Las Cortes Generales no pueden elegir a quien quieran, sino solo a los elegidos por los propios jueces". De cara al futuro, propone una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contemple consecuencias "drásticas" ante incumplimientos y retrasos como el actual.
- Los progresistas han puesto nueve candidatos al Constitucional sobre la mesa en una nueva reunión sin éxito
- Los conservadores insisten en que no encuentran candidatos y no hay fecha para una nueva reunión
El bloque progresista y el conservador del Consejo del Poder Judicial vuelven a reunirse con pocas posibilidades de llegar a un acuerdo sobre los nombres de losdos magistrados del Constitucional que le corresponden. En Las Mañanas de RNE, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, confiesa que cree que la situación del Órgano de Gobierno de los jueces es insostenible: “Que haya condiciones previas a sentarse a pactar unos candidatos, eso ¿dónde lo pone?” Considera que lo primeroes renovar y luego debatir un cambio de modelo y asegura que tiene claro que “es un deber institucional y hay que sentarse a ver qué formulas de acuerdo se puede tener para designar a los vocales del CGPJ.” Álvaro García Ortiz ha explicado que es la ley la que marca su actuación y que la autonomía es la petición constante de los fiscales, sobre todo, la presupuestaria. Ha asegurado que el Gobierno no puede meter mano en los procedimientos penales y si eso ocurriese, el “Fiscal General debería actuar en defensa de la legalidad.”