El PP ha planteado un conflicto de competencias entre el Senado y el Congreso por la ley de amnistía. La Cámara Alta, con mayoría del PP, planteará al Congreso de los Diputados retirar la ley de Amnistía por tratarse de una "reforma encubierta de la Constitución". Félix Bolaños cree que este movimiento del PP "vulnera las atribuciones del Senado".
En 24 horas de RNE ha estado Javier Pérez Royo: "No tiene cabida el conflicto entre órganos constitucionales en el ejercicio de la potestad legislativa atribuida a las Cortes Generales", ha argumentado el catedrático de Derecho Constitucional. "El PP está planteando un conflicto imposible e inexistente con la finalidad de retrasar la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía", ha añadido. Asimismo, el Catedrático de la Universidad de Sevilla considera que para acudir al Tribunal Constitucional "únicamente puede hacerse cuando esté acabado el procedimiento legislativo y cuando la ley se haya publicado en el BOE".
Tras el acuerdo alcanzado por PSOE, Junts y ERC, la enmienda transaccional a la ley de amnistía se adapta a los estándares europeos y excluye los delitos más graves de terrorismo y traición, así como los delitos económicos que supongan enriquecimiento personal. En Radio 5 recabamos la opinión de dos expertos. Por un lado, José María Asencio, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, asegura que la ley obligará a la modificación del Código Penal: "Mientras el Código Penal esté vigente, se aplicará caso por caso", afirma Asencio. Por su parte, Paz de la Cuesta, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria, considera que "la ley afecta a determinadas personas que han cometido determinados hechos, pero no afecta a la vigencia del Código Penal".
Hoy se lleva a la Comisión de Justicia del Congreso la ley de amnistía. Si el texto sale adelante en esta Comisión, posteriormente pasará a ser votado en un pleno en el Congreso. El gobierno acepta incluir cambios en la ley para tener el apoyo de Junts. De momento no se conoce el texto, pero el presidente ha adelantado que la ley va a estar conforme al derecho europeo. En Las Mañanas de RNE hablamos con Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo: “Hay que esperar al texto, hablar de una ley que todavía no se conoce es un poco frívolo”. Giménez ha apelado a "ir con ausencia de emociones": "Un poco de serenidad y distanciamiento es conveniente", afirma el magistrado, que sostiene que "la amnistía no tiene nada que ver con el indulto". El indulto, señala Giménez, es un acto administrativo del Ejecutivo, sometido a control jurisdiccional. La amnistía, apunta el magistrado, es una decisión política que corresponde al órgano que representa la soberanía popular, al Parlamento, y no es recurrible ante el Tribunal Supremo, solamente ante el Constitucional.
Esta ley ha sido calificada por la oposición de anticonstitucional. Joaquín Giménez califica estas palabras de ‘diversos políticos’ de palabras apocalípticas: “Muchos políticos han dicho que la ley es anticonstitucional. Eso tendrá que decidirlo el Tribunal Constitucional” y añade que este discurso es peligroso cuando se habla en “términos de humillaciones a jueces, es un canto a la emocionalidad y cuando hay emoción hay ausencia de razonamiento y el discurso político está trufado de irracionalidad”.
El TS abrió hace una semana una causa penal a Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso del ‘Tsunami Democràtic’. “La causa abierta por terrorismo por el juez García Castellón me ofrece muchas dudas y más dudas aún la argumentación que ha tenido el auto de admisión de la Sala Segunda”, afirma Joaquín Giménez y añade que estas palabras y afirmaciones “son excesivas para una transmisión y son casi más propias de un auto de procesamiento o casi de una condena. La cuestión es que este Tribunal, que ha admitido esta competencia, ¿mantendrála imparcialidad para el juzgamiento posterior?”, se pregunta.
Se cumple la Constitución en materia de derecho al trabajo y en relación con los derechos sociales? Ha evolucionado mucho España en el reconocimiento y garantía de la labor que realizan los sindicatos? Los discursos políticos que se pronuncian en defensa de los sectores más desfavorecidos son creíbles, pueden contrastarse con los hechos? Para hablar de todo ello hemos invitado hoy a “La España vivida” a un catedrático de Derecho Laboral, Miguel Rodríguez-Piñero, nacido en Sevilla en 1935 y poseedor de una larga experiencia, que le permite comparar con perspectiva el país en el que el Fuero del Trabajo precedió durante muchos años al Estatuto de los Trabajadores de la democracia. Rodríguez-Piñero obtuvo su cátedra con sólo 26 años, y tuvo entre sus alumnos a un joven sevillano llamado Felipe González, que primero sería abogado laboralista, más adelante secretario general del PSOE y ya desde 1982 hasta 1996 presidente del Gobierno. Rodríguez-Piñero, a su vez, fue desde 1992 al 95 presidente del Tribunal Constitucional, donde ingresó como magistrado –para que hubiera un laboralista- en 1986. Más tarde, en 1996, fue designado miembro del Consejo de Estado, donde sigue desde entonces, ahora ya como consejero vitalicio. Hablaremos con Rodríguez-Piñero, entre otros asuntos, de las propuestas de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, cree que es “normal” que se dude de la imparcialidad del Tribunal Constitucional porque “el primero que ha tratado de contaminarlo políticamente” es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado también de “ejercer injerencias” sobre el Poder Judicial y de “colonizar” las instituciones. El Gobierno le acusa de "deslegitimar" las instituciones.
El Tribunal Constitucional ampara a Arnaldo Otegi y corrige, de nuevo, una decisión del Supremo. No se tendrá que repetir el juicio contra él por el caso Bateragune, el intento de reconstruir Batasuna, por el que Otegi ya cumplió una condena. El TC considera que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva del dirigente vasco al infringir el principio de 'non bis in idem', que prohíbe juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos, informan fuentes jurídicas.
Hoy visita los estudios de “La España vivida” Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Su participación coincide con una etapa agitada de la vida de las instituciones de la administración de justicia y sus órganos de gobierno. Nadie mejor que él para darnos un diagnóstico sobre ese malestar. Pascual Sala nació en Valencia en junio de 1935, en fecha muy próxima, por tanto, a la del inicio de la Guerra Civil. Ingresó en la carrera judicial en 1962 y formó parte de Justicia Democrática, antecedente de la actual Jueces y Juezas para la Democracia, es decir, de la izquierda judicial. En 1982 el PSOE le propuso para un primer cargo de alta responsabilidad institucional, el de consejero del Tribunal de Cuentas, cuya presidencia ocuparía más tarde, entre 1988 y 1990. En ese mismo año fue nombrado presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en aquel momento con mayoría progresista. Concluido su mandato seis años más tarde –tras un corto retraso en la renovación del Consejo- fue nombrado magistrado del Constitucional, cuya presidencia ejercería entre 2011 y 2013, después de la sentencia sobre la reforma del Estatut, que los partidos independentistas identifican con el inicio del conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Pascual Sala, en suma, lo ha sido todo en el ámbito de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional en España. Nos interesa mucho, por tanto, su punto de vista sobre la evolución del Estado de derecho y su fortaleza o debilidad actuales, al calor del debate sobre la legalidad de la amnistía, entre otros.
El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará un recurso de inconstitucionalidad por la reforma del reglamento del Senado impulsada por el PP para frenar la tramitación de urgencia de la ley de amnistía.
En una entrevista en La Hora de La 1, Espadas ha acusado a los 'populares' de "manipular" las instituciones. "Es un uso partidista", ha considerado.
FOTO: Juan Espadas, en una intevención en el Senado. EUROPA PRESS
En España, derecha e izquierda hacen una interpretación radicalmente distinta de la posición de la UE sobre la ley de amnistía tras el debate en Estrasburgo. El PP y VOX, los impulsores del debate, lo ven como un triunfo, pero el PSOE y Sumar dicen que la Comisión Europea analiza todas las leyes de sus estados miembro y califican de bochornosa la actuación del PP en Bruselas.
Mientras, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, el exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo, ha pedido abstenerse cuando se discutan los recursos contra la ley. El PP cree que otros magistrados también deberían hacerlo por su relación con el Gobierno.
