Tribunal Supremo

Benjamín Anglés, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Oberta de Catalunya, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas deja un escenario complicado. Por su parte, Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, no ha ocultado su malestar por la decisión del Supremo, que califica de “extraña, anómala y peculiar”, y lanza un llamamiento a los consumidores para que “se agrupen, se informen y actúen como colectivo en un problema que es colectivo”.

Después de dos jornadas de deliberación, de discusión, de debate, 28 de los 31 magistrados que componen el Pleno de la Sala III del alto tribunal establecen que el impuesto de actos jurídicos documentados con el que se grava el registro de una hipoteca, seguirá abonándolo el firmante del crédito y no el banco como establecían hasta tres fallos del propio Supremo que conocimos el pasado 18 de octubre.

• La OCU critica su "gestión pésima" y Facua califica como "aberración" la decisión del Tribunal
• El Tribunal Supremo ha rectificado y establece que será el cliente el que pague el impuesto de las hipotecas

• Así lo han señalado las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc tras conocer la decisión
• Coinciden en que está en línea con el marco jurídico de los países de nuestro entorno

Los partidos políticos de la oposición han criticado la decisióndel Tribunal Supremo que establece que es el cliente quien paga el impuesto sobre las hipotecas rectificando así su propia jurisprudencia y han advertido de que el daño a la Justicia es "irreparable", mientras que el Gobierno por el momento se ha limitado a señalar que va a analizar su impacto, según han señalado fuentes de Moncloa. Podemos e Izquierda Unida han sido los primeros partidos en rechazar de forma contundente la decisión del Tribunal al considerar que la justicia ha quedado en entredicho. También el PP y Ciudadanos han criticado el fallo del Tribunal Supremo, que el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro considera "difícil de entender", mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tachado la decisión de "incomprensible".

El pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado este martes que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). De este modo el alto tribunal corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.

Tras dos jornadas de deliberaciones el Supremo no ha conseguido superar la fractura existente en la Sala, que conforman un total de 28 magistrados, y el fallo ha salido por 15 votos frente a 13.

Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.

José María Fernández Seijo, magistrado de lo mercantil y el primer magistrado que consultó a Luxemburgo en un tema relacionado con las cláusulas suelo, ha lamentado que la decisión que ha tomado el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo este martes se haya resuelto “en la zona de penaltis porque el derecho debería imponerse por razones y por argumentos y no por votaciones ajustadas por circunstancias como las que hemos conocido en estos días”.

Según Fernández Seijo, “la situación es un tanto chocante porque tenemos un reglamento que durante unos días ha quedado derogado y creo que eso ha provocado, además de una insatisfacción social muy grande, cierta incertidumbre jurídica”.

“Lo razonable hubiera sido que se hubiese producido al revés, es decir, que este pleno se hubiese celebrado antes del día 16 y que por lo tanto la decisión del Supremo hubiese sido mayoritariamente adoptada por todos los magistrados”, ha explicado en el programa La Tarde en 24 Horas.
 

• La Sala se inclina, por la mínima, por atribuir a los clientes el pago del impuesto volviendo a la jurisprudencia tradicional
• Las comunidades autónomas calculan en 5.000 millones el impacto de que los bancos paguen el impuesto con retroactividad

• De los 28 magistrados que asistían al pleno, 15 han votado a favor frente a 13 en contra
• El Gobierno va a analizar y estudiar el impacto de la decisión y fijará su posición este jueves

El Tribuanl SUpremo sigue dividido sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. En el segundo día de reunión, los magistrados siguen sin ponerse de acuerdo sobre si le corrresponde al banco, como decretó en la última sentecia, o debe ser el cliente, como había mantenido hasta ahora. El Gobierno se prepara ya para posibles reclamaciones.

• Hacienda cifraba en esa cuantía millonaria el desembolso al que tendrían que haber hecho frente las Administraciones

La ministra de Hacienda calcula ewn 5.000 millones de euros el coste que tendría para los bancos la retroactividad por cuatro años si finalmente el Tribunal Supremo decide que sean ellos los que se hagan cargo del impuesto de las hipotecas y se aplique a todas las firmadas desde 2014.

El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) reanudará este martes su reunión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, interrumpida tras ocho horas de deliberación.

Con una pausa para el almuerzo, los 28 magistrados reunidos, -de los 31 que forman el pleno, uno se ha ausentado por encontrarse de viaje, otro por presidir la Junta Electoral Central y un tercero, tras alegar motivos personales-, retomarán mañana a partir de las 10:00 horas el análisis de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto, pero no especificaba su alcance.

A la espera de lo que dicte el Supremo sobre los impuestos de las hipotecas, los bancos asumen que serán ellos los que tengan que pagar a partir de ahora esa tasa, pero cruzan los dedos para que no haya una sentencia con efectos retroactivos. La factura a pagar en el peor de los casos podría ascender hasta los 16.000 millones de euros, según Moody's, aunque los subinspectores de Hacienda elevan esa cantidad hasta los 30.000 millones de euros. De confirmarse la retroactividad, podría tener efectos inmediatos en los balances de los bancos y también en las cuentas públicas y en el déficit de las comunidades.

El economista y profesor de la Universitat de Barcelona Gonzalo Bernardos y la presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) Patricia Suárez han analizado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso las consecuencias que tendrían las distintas posturas que puede adoptar hoy el Tribunal Supremo sobre el impuesto a las hipotecas.

• Los 28 magistrados han deliberado durante ocho horas y retomarán la sesión a las 10:00 horas
• El pleno se encuentra muy dividido y existe prácticamente "un empate" entre las dos posturas

El Tribunal Supremo se pronunciará este lunes sobre quién pagará el impuesto de las hipotecas y si será retroactivo. El magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona José María Fernández Seijo ha dicho en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que "es muy difícil" que se revoque la sentencia y que "lo razonable será que se maticen algunos de los aspectos más 'oscuros' de la resolución de hace 15 días".

Las entidades bancarias, las notarías, quienes vayan a firmar un préstamo hipotecario y aquellas personas que ya estén hipotecadas van a estar muy pendientes de la treintena de magistrados que integran la sala de lo contencioso administrativo del Supremo. El alto tribunal tiene que fijar un criterio sobre quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.

La banca espera con cautela la decisión del Tribunal Supremo (TS), que este lunes reúne a los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para fijar doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). Así, los magistrados decidirán si revocan o mantienen la sentencia del 18 de octubre que determinó que son las entidades bancarias y no los clientes quienes deben pagar este impuesto de las hipotecas.

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