Tribunal Supremo

• El abuso sexual está castigado con pena de prisión de seis meses a dos años, más que las coacciones

En España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto -17.603-- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.), según la información aportada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

• El líder del PP remite de forma voluntaria 28 folios en los que niega que haya cometido delito
• El alto tribunal ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si debe investigar a Casado

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha afirmado este lunes que la desobediencia a la Constitución es la "máxima expresión de la arbitrariedad" y ha advertido que los movimientos "populistas" y los "planteamientos identitarios excluyentes" suponen un riesgo para el Estado constitucional. Así lo ha dicho durante su discurso en el Solemne Acto de Apertura del Año Judicial, que ha enmarcado en el 40 aniversario de la Constitución Española.

• El presidente del CGPJ denuncia ataques a jueces y afirma que velará por su independencia
• La fiscal general del Estado advierte de que "no puede haber excepciones" a la ley en Cataluña

La Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad rechazar todas las recusaciones contra los jueces que van a juzgar la causa del 'procés'. Los incidentes presentados por todos investigados en prisión con excepción de Joaquim Forn se dirigían contra el presidente de la Sala, Manuel Marchena y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral.

• Ha seguido el criterio de la Fiscalía que se opuso a recusar a los cinco magistrados
• Las recusaciones de los fugados han sido inadmitidas a trámites y las demás, rechazadas

• El Ministerio de Justicia ha contratado ya los servicios del bufete Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick
• Afirma que se trata de "defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas"

• Los 'populares' insisten en que el Ejecutivo ha dado un nuevo "bandazo" sobre la defensa del juez
• La ministra de Defensa, Dolores Delgado, pide comparecer en el Congreso para explicar las gestiones realizadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino "de Estado" y, por tanto, ha atendido "desde el primer momento" los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial en relación a la defensa del juez Pablo Llarena, citado a declarar el día 4 en Bruselas tras una denuncia del expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos de la justicia española.

La Generalitat defiende que el "error" en la traducción al francés del texto de la denuncia de Puigdemont contra el juez Pablo Llarena no cambia su "esencia".  Para el PP, el independentismo vuelve a "mentir" y piden la dimisión de la ministra de Justicia por "no defender al Estado de Derecho". Ciudadanos desconfía de los criterios del Gobierno y Podemos considera que Moncloa no tiene que pagar la defensa de Llarena.

El abogado defensor de los independentistas huidos de España, Guillermo Boye, ha reconocido este martes que hubo un "error" de traducción en el texto de la denuncia interpuesta en Bélgica contra el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, por vulnerar presuntamente la presunción de inocencia de Carles Puigdemont y otros políticos catalanes investigados en el procés. Sin embargo, el equipo legal insiste en que dicho error no cambia la esencia de la denuncia.

• En todo caso, presentará una moción en el Senado y Congreso para reprobar a la ministra

• El texto convierte un condicional del juez en una afirmación: de "si es que ha sido así", a "como en efecto sucedió"
• La defensa de los independentistas huidos niega haber alterado el texto

• Ha recalcado que el Estado debe defender su soberanía jurisdiccional cuando se ve puesta en cuestión
• La ministra de Justicia ha solicitado comparecer ante el Congreso para explicar las gestiones realizadas en este caso

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes respecto al juez Pablo Llarena que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino "de Estado" y, por tanto, ha atendido "desde el primer momento" los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial.

Sánchez ha respondido de esta forma en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Santiago de Chile junto al presidente del país, Sebastián Piñera, a la pregunta de si el Gobierno había rectificado su posición inicial sobre la defensa de Llarena ante la demanda civil contra él interpuesta por el expresident Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers.

El jefe del Ejecutivo español ha insistido en que el Gobierno escucha al órgano de gobierno de los jueces y ha atendido esos requerimientos en la medida en que se han ido planteando.

Podemos, ERC y el PDeCAT han criticado este lunes que el Gobierno asegure ahora que va a defender al juez Pablo Llarena "hasta las últimas consecuencias" en relación a la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra este magistrado, que investiga el procès en el Tribunal Supremo. Llarena está citado judicialmente en Bélgica el próximo 4 de septiembre.

• Afirma que el Ejecutivo no va a "permitir que se cuestione el ejercicio jurisdiccional de España"
• Insiste en que se va a defender la justicia española "hasta las últimas consecuencias"

• Podemos censura que se apoye al juez ante la denuncia de Puigdemont "por una cuestión privada"
• El PP pide a la Fiscalía que estudie una querella contra el juzgado belga que lleva la demanda contra Llarena

• El secretario general del PP anuncia que su partido promoverá acciones de apoyo al magistrado del Tribunal Supremo
• Egea: "Cataluña es de todos y si los independentistas quieren irse, que hagan como Puigdemont y que se vayan"