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En total, el informe cuantifica hasta 53.000 euros desviados de los fondos reservados para financiar la operación parapolicial Kitchen, cuyo objetivo era espiar al extesorrero popular Luis Bárcenas y su mujer y extraerles información comprometida para la formación y los dirigentes del partido. El sumario al que ha tenido acceso Radio Nacional detalla que 50.000 euros se destinaron a sueldos y salarios entregados en efectivo al chófer del matrimonio Bárcenas, Sergio Ríos, entre julio de 2013 y septiembre de 2015. El resto de los gastos consistieron en 2.500€ en comida o aparcamiento y otros 200 en gastos no concretados. Informa Teresa Coto.

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha defendido que la formación "preserva la presunción de inocencia" y que el líder del partido, Pablo Casado "ya ha dicho todo lo que podía decir" sobre las presuntas presiones del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz para obtener documentación sensible para el PP del extesorero Luis Bárcenas. Preguntado por la petición del PSOE y Unidas Podemos de una comisión en el Congreso que investigue el caso, Montesinos ha asegurado que le parece "sorprendente" que lo hagan tras rechazar una comisión sobre el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

El juez debe decidir si, como pide la Fiscalía, imputa o no al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a otra exministra, a María Dolores de Cospedal por su posible implicación en la Operación Kitchen. En 2013 estalla el caso Bárcenas. El extesorero del PP tiene documentos que supuestamente comprometen al Partido Popular. Y la Fiscalía considera que altos cargos del Estado iniciaron un operativo parapolicial para robar esos documentos a Bárcenas.

Y señala a Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior, el único político imputado. También está imputada la cúpula de la Policía en aquellos años, y una figura clave, el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, el hombre que debía obtener la información.

La Fiscalía también quiere imputar a Jorge Fernández Díaz, el superior de Martínez, ya que cree que hay muchos indicios de su implicación. Y también a la entonces secretaria general del PP, a María Dolores de Cospedal, quien, según la Fiscalía, tenía un "interés personal" en la operación.

La agenda judicial arranca la semana que viene en el Tribunal Supremo con una vista sobre la inhabilitacion del presidente catalán, Quim Torra, por desobeder a la Junta Electoral Central. La Audiencia Nacional dictará sentencia para el mayor de los mossos Josep Lluis Trapero por su actuación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, el Tribunal Constitucional estudia los recursos de loslíderes independentistas en prisión. Además el Supremo espera el suplicatorio que ha pedido al parlamento europeo paraseguir su procedimiento contra el 'expresident' Carles Puigdemont. Muy pendientes habra que estar tambien de la investigación de la Fiscalía del Supremo al Rey Emérito por el presunto cobro de comisiones del Ave a la MECA . Espera información de Suiza para saber si cometió algún delito o si hay prescripción o inviolabilidad. La investigación surgió delcaso Villarejo, en el que declarará comoimputada este mismo mes la ex amiga de Juan Carlos I Corinna Larsen por contratar presuntamente al excomisario para espiar a una empleada suya. El Supremo tendrá también que resolver qué hace con las más decincuenta querellas y denuncias que distintos colectivos han interpuesto contravarios miembros del gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus.

Entienden que el exministro del Interior y la exsecretaria general del Partido Popular también intervinieron en la llamada operación Kitchen para sustraer pruebas al extesorero del partido Luis Bárcenas. Según confirman fuentes jurídicas a RNE, piden que sean citados en calidad de investigados por delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Informa Teresa Coto.

El exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha denunciado a las fiscales del Caso Púnica por no perseguir el delito, cohecho y prevaricación en el caso del chivatazo al exconsejero. Considera que beneficiaron al constructor David Marjaliza al no acusarle, a pesar de reconocer que el empresario quemó documentación después de que Granados le dijese que un guardia civil le había insinuado que los estaban investigando. Por ese chivatazo Granados está condenado a dos años de cárcel.