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El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha publicado un comunicado en el que argumenta que la sentencia del caso Gurtel dictada por la Audiencia Nacional, ratificada ayer por el Supremo, no condenaba a su gobierno. Rajoy asegura que la moción de censura presentada por Pedro Sánchez estuvo construida sobre una enorme manipulación.

En Valencia, ha comenzado el juicio del conocido como "caso Maje". Un jurado popular determinará si hace tres años, María Jesús ("Maje") y Salvador, su amante, conspiraron para asesinar a puñaladas al marido de ella. La apertura del juicio ha generado una gran expectación. Se han acreditado más de 100 periodistas y cámaras.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha valorado en 'La Noche en 24 Horas' la proposición de ley anunciada este martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, para realizar una reforma 'exprés' para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una propuesta que Bal ha calificado de "infamia y aberración jurídica" y ha señalado que es "impensable" que en un estado de derecho, "se cambien las reglas del juego a mitad de partido".

Bal ha considerado que eso es "reformar la ley para politizar más el poder judicial" y ha rechazado lo que ha denominado "debates de dos opciones" porque, ha recordado, su formación presentó una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial "al objeto de que esos 12 vocales de extracción judicial  sean designados por jueces y magistrados".

La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha valorado en el Canal 24 Horas la reforma 'exprés' para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada este martes.

"No se me ocurre mayor ataque a la independencia del poder judicial y al respeto de la separación de poderes que dejarlo ya en una mayoría simple o que directamente nombremos a dedo a quienes queremos que integren el CGPJ", ha afirmado Del Barco, que ha recordado que "Europa lleva años advirtiendo a España sobre cómo debe de cambiarse el modelo de elección y ese cambio pasa porque los jueces elijamos a los 12 vocales de procedencia judicial, no por reducir la mayoría necesaria para elegir a los vocales ni por politizar aún más".

Del Barco ha argumentado que esto "no protege a los jueces, no protege la independencia judicial y desde luego no protege los derechos del ciudadano. Esto es una decisión antidemocrática que atenta contra la separación de poderes y vulnera los principios básicos de los pilares fundamentales de nuestra democracia".

En este sentido, ha destacado que se trata de "hacer una renovación en mitad del partido" y ha apuntado que al hacerlo de este modo -como proposición de ley en lugar de proyecto de ley- "a lo mejor no queremos escuchar que nos digan que con esta reforma estamos dejando de lado lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en el año en el 86 y lo que nos lleva repitiendo Europa".

Agustín Ruiz Robledo, catedrático de derecho Constitucional de la Universidad de Granada, ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso queel estado de alarma es la herramienta legal que mejor encaje tiene para confinar perimetralmente las ciudades de la Comunidad de Madrid. “Todo lo que sea impedir la libertad de circulación es afectar a un derecho fundamental y para hacerlo necesitamos una ley orgánica. Ese es el razonamiento básico del TSJM para anular la orden [que impuso Sanidad], que la base legal no era una ley orgánica, sino una ley ordinaria”.

Ruiz Robledo defiende que la Abogacía del Estado no vio venir esta anulación del TSJM porque los tribunales superiores están siendo muy “deferentes” con las órdenes autonómicas.

“Se está admitiendo que mediante órdenes autonómicas se restrinjan derechos fundamentales y posiblemente la Abogacía del Estado pensó que si habían admitido las ordenes anteriores, también admitían esta, sin darse cuenta de que en este caso la orden no tenía apoyo en una ley orgánica, sino en una ley ordinaria”.

Ruiz Robledo apuesta por reformar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud pública para luchar de una manera más eficiente contra el virus y se preguntá por qué el Gobierno no modificó la legislación,  teniendo en cuenta lo que podía ocurrir en esta segunda ola.

"La ley no está concebida para aislar a cinco millones de personas", ha concluido.