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El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró hoy convencido de que el acuerdo alcanzado por los líderes de la Eurozona generará certidumbre en los mercados, permitirá relajar la tensión y debe transmitir confianza y tranquilidad (21/07/11).

Expertos en Europa abogan por una mayor unión y solidaridad entre los países que forman la UE. La crisis económica parece generar más fisuras que unión entre los países que cada vez se miran más a sí mismos que al conjunto de la UE.

Tenían prisa hoy Angela Merkel y Nicolás Sarkozy por llegar al escenario de la Cumbre. La canciller alemana mostraba su confianza en cerrar un segundo plan de rescate a Grecia, que permita atajar la crisis de la deuda. Merkel y Sarkozy habían concertado una reunión con el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, para explicarle los términos del acuerdo que alcanzaron anoche en Berlín. Un acuerdo que, al parecer cuenta con el respaldo del presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, y del propio Herman Van Rompuy. Es poco probable que pueda concretarse un acuerdo sobre la tasa bancaria, adelantaba el presidente del Eurogrupo. De desinflarse esa opción cobraría fuerza de nuevo la posibilidad de que los bancos reinviertan en deuda griega una vez venzan los bonos que ahora mismo posen. Se trata de una propuesta formulada hace ya tiempo por Alemania y que tiene el gran inconveniente de que sería considerada una suspensión de pagos parcial por las Agencias de calificación.

De forma complementaria a esta medida no se descartan otras como la flexibilización del Fondo Temporal de Estabilidad o la rebaja de los tipos de interés y la ampliación de los plazos de devolución de los préstamos a los países en dificultades. Sólo con una combinación de medidas será posible frenar el acoso de los mercados a la zona euro e impedir el contagio de la crisis griega.

La Unión Europea busca desesperadamente una salida al laberinto griego en el que lleva inmersa desde hace más de un año. Los jefes de gobierno de la zona euro deberán elegir mañana entre todo un catálogo de propuestas a las que, como tantas veces, lo que les falta es el consenso suficiente.

El enviado especial de la Unión Europea para el Mediterráneo Sur, Bernardino León, ha hablado para Televisión Española de su nuevo trabajo. Ha dicho que confía en que las últimas protestas en Túnez y Egipto no perjudiquen el camino hacia la democracia.

En Bruselas reconocen que para frenar los ataques de los mercados a la deuda es imprescindible que los jefes de Estado y Gobierno de la eurozona lleguen a un acuerdo sobre Grecia en la reunión que tendrán pasado mañana.

Europa calienta motores ante la Cumbre extraordinaria del jueves. Y lo hace como mejor sabe: con un aluvión de declaraciones en las que cada cual trata de arrimar el ascua a su sardina. La más activa, una vez más, ha sido Angela Merkel, quien no ha dudado en amagar con no acudir a Bruselas si no es factible el acuerdo sobre la crisis griega. Pero para ella el acuerdo es que todos acepten una participación privada en el segundo plan de rescate. Esa participación debe ser inequívocamente voluntaria en opinión del presidente del Banco Central Europeo. En declaraciones que hoy pública el Finacial Times Deutschland, Jean Claude Trichet arremete además contra cualquier intento de reestructuración total o parcial de la deuda griega. En este cruce de declaraciones ha terciado hoy en Bruselas la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, haciendo un llamamiento al entendimiento en el seno de la zona euro.

Es la segunda vez que bancos y cajas hacen públicos los resultados de este examen, más duro que en 2010. Las autoridades quieren evitar que, como sucedió entonces, se cuelen entre los aptos algunos malos estudiantes, como los bancos irlandeses, a los que hubo que rescatar pocos meses después de darles el aprobado.

De las 90 entidades europeas que se presentan finalmente a la prueba, 25 -más de la cuarta parte- son españolas. Eso supone un 95% de nuestro sistema financiero, muy por encima de la media europea, que pone bajo la lupa al 65% de sus bancos y cajas. Su intención, dice la banca española, es demostrar la máxima transparencia.

Las pruebas de esfuerzo consisten en aplicar una simulación. ¿Qué pasaría con las cuentas de bancos y cajas europeos si la economía sufriese una brusca caída, si el paro se disparase, se desplomaran los precios de la vivienda o aumentase la prima de riesgo? Poniéndose en lo peor, las entidades deberían conservar al menos un 5% de capital principal, de alta calidad.

El sector financiero español critica que la autoridad europea considera aquí un escenario mucho más adverso que para otros países. También le reprocha que no tenga en cuenta las llamadas provisiones genéricas, un colchón que el Banco de España exige guardar para tiempos difíciles y que no es obligatorio en el resto de Europa. Pero aunque las entidades no soportasen la riada del descalabro económico simulado los analistas apelan a la calma porque España es el único país que ya tiene el dinero preparado para poder intervenir y tener tranquilos a los depositantes y a los contribuyentes.

La Unión Europea y Marruecos han prorrogado un año más el acuerdo que permite a 119 barcos, la mayoría con base en Andalucía y Canarias, seguir faenando en aguas marroquíes. Lo han hecho el mismo día que la comisaria de Pesca ha presentado al reforma de la Política Pesquera Común (PPC) con la que se quiere impulsar la pesca sostenible para proteger los caladeros porque el 75% de las poblaciones de peces están sobrexplotadas en Europa, porcentaje que se eleva hasta el 82% en el Mediterráneo.

Con datos como estos, la comisaria de Pesca ha defendido una reforma que tiene como gran objetivo la recuperación de los caladeros. María Damanaki ha dicho que es el momento de actuar. "Si no lo hacemos nuestros hijos sólo verán los peces en fotos, pero no en el plato", ha dicho. Bruselas propone un mercado de cuotas pesqueras para barcos de más de 12 metros de eslora y acabar con los descartes, es decir, las capturas de especies no deseadas que ahora se arrojan al mar.

El Gobierno y las comunidades autónomas han recibido "con preocupación" la propuesta inicial, según ha afirmado la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que ha defendido la necesidad de una mayor definición de las líneas generales de la propuesta.