Desde este 1 de julio ya está en vigor el pasaporte COVID de la Unión Europea. Es un certificado para viajar que se puede descargar o llevar en papel y que incluye esta información: las vacunas que nos han administrado, el resultado de las pruebas PCR o antígenos y si se ha pasado la enfermedad.
Los primeros viajeros que estrenan esta herramienta aseguran que es más cómodo y evita colas, y el Gobierno cree que supondrá un impulso para el turismo. Aunque también hay mucho desconocimiento al respecto. Foto: EFE/CATI CLADERA POOL
A partir de hoy, cualquier ciudadano europeo que quiera irse a vivir en el Reino Unido necesitará un visado que certifique ciertos requisitos, como un nivel de inglés o un contrato de trabajo con una remuneración mínima. Hoy se cumplen exactamente seis meses desde que el Reino Unido perdió toda vinculación con la Unión Europea, una vez que se completó el acuerdo de transición posterior al Brexit y se ha ido implementando, de forma paulatina, la nueva relación que pactaron Londres y Bruselas. Nos cuenta más detalles nuestra corresponsal en la capital británica, Sara Alonso.
La Unión Europea ha reformado la Política Agraria Común, un cambio profundo sobre las políticas de los últimos 30 años. En una entrevista en TVE, Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, destaca que la nueva PAC: "No es una cuestión de agricultores, ganaderos y de medio rural únicamente. Es una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad". Entre los retos que se abordan, el relevo generacional: "Tres de cada cuatro agricultores y ganadores van a retirarse en los próximos 10 años. Tenemos que incorporar a jóvenes", la despoblación o una producción más ecológica y respetuosa con el medio ambiente.
Hoy, 1 de julio, ha expirado ya el plazo para que los ciudadanos comunitarios puedan pedir el permiso para residir de forma permanente en Reino Unido y también se cumplen seis meses del final del periodo de transición que siguió al Brexit. En este tiempo, el comercio a uno y otro lado del Canal de la Mancha se reducía de forma considerable, cómo la frontera comercial en el mar de Irlanda, o los despliegues de buques de guerra frente a las costas de Normandía.
Greg Hands, secretario de Estado de Política Comercial del Reino Unido, ha estado toda la semana en España manteniendo contactos con Gobierno y agentes comerciales. “Hemos conseguido un excelente acuerdo comercial con la Unión, uno de los más amplios y profundos acuerdos de libre comercio de los negociados en todo el mundo”, ha mantenido en Las mañanas de RNE con Iñigo Alfonso. También ha explicado que el comercio cayó en enero como causa de las variantes del coronavirus, aunque ha admitido que no se han alcanzado “los niveles comerciales de antes” y ha indicado que trabajan para lograrlo. “Sé la importancia de mantener la paz en Irlanda del Norte, hay que preservar los acuerdos de Viernes Santo”, ha sostenido y ha denunciado que el 20% de los controles que realiza la Unión Europea en las fronteras exteriores de su mercado único, tiene lugar en el mar de Irlanda: “No es proporcional”.
Más de 3,2 millones de españoles disponen ya del certificado COVID digital que este jueves 1 de julio entra en vigor en todos los países de la Unión Europea (UE) y que permite a sus usuarios viajar por todo el continente con libertad y sin necesidad de guardar cuarentena. Se trata de un código QR digital que comienza a funcionar en toda la Unión el día en el que se producen muchos desplazamientos por las vacaciones de verano, y que se puede llevar en todos los dispositivos móviles (también impreso en papel) para demostrar que el titular del certificado ha recibido la vacuna contra la covid, dispone de un resultado negativo en la prueba de coronavirus -PCR o antígenos- o que se ha recuperado de la enfermedad en los últimos seis meses. El documento, en vigor durante doce meses, funciona para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que por ahora ha validado los fármacos de Pfizer-BioNTech, Moderna, Astrazeneca y Jannsen, pero cada país tiene la libertad de incluir en él otros sueros no autorizadas como la rusa Sputnik V o la china Sinopharm. [Coronavirus: última hora en directo]
Hoy se cumplen 6 meses desde la entrada en vigor del acuerdo comercial del Brexit. Esta fecha llega con dos titulares principales: la “guerra de las salchichas” queda en suspenso: la Unión Europea y el Reino Unido se han dado tres meses más para aplicar controles fronterizos en Irlanda del Norte a productos cárnicos refrigerados procedentes de Gran Bretaña; y la finalización del plazo para que los comunitarios soliciten el permiso para residir en el Reino Unido.
¿En qué consistía la guerra de las salchichas y cuál es el acuerdo al que se ha llegado? ¿Qué han dicho al otro lado del Canal de la Mancha? Con los corresponsales de Radio Nacional en Londres, Sara Alonso; en Bruselas, María Carou; en París, Paco Forjas; y en Berlín, Gabriel Herrero.
Es el Diálogo con la Juventud promovido por la UE, el Instituto de la Juventud y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN-ES), en el que más de 80 jóvenes aportan ideas para motivar políticas que piensen en su futuro. Desde este encuentro, hablamos con dos de los jóvenes participantes, Alejandro y Vanessa, y con Lola Fernández, vicepresidenta de desarrollo estratégico e incidencia de EAPN-ES.
En muchos países del este de Europa, y a pesar de las advertencias de la UE, el colectivo LGTBI sufre el hostigamiento y la persecución. Hungría sigue justificando sus leyes homófobas y también Polonia avanza por ese camino. Pero no están solos en su homofobia, el último en cerrar filas es el presidente checo, Lilos Zeman, que ha dicho que comprende a los gays pero no a los que cambian de sexo.
Su opinión ilustra la brecha de valores que dividen a la Unión Europea por el este. La ley húngara que condena la promoción de homosexualidad entre los menores se inspira en la norma rusa de 2013. Budapest la mete directamente en la represión de la pederastia, y se suma a la abolición del matrominio homosexual, la prohibición de que adopten hijos y la proscripción del cambio de sexo. Igual que en Polonia, que a pesar de su enemistad con Moscú va incluso por delante. Un centenear de municipios se han declarado zonas libres de gays.
Agotada la bandera de la inmigración, Orban y el partido ultraconservador, el PiS polaco, agitan la de los gays que corrompen el occidente cristiano frente a la intromisión de Bruselas. Dos enemigos por el precio de uno para ganar las elecciones en clave nacionalista.
El Gobierno espera llegar a un acuerdo hoy en la primera parte de la reforma de las pensiones. En Las mañanas de RNE intentamos contestar a dos preguntas: ¿Qué reforma de pensiones necesita este país? y ¿cómo hay que garantizar que el sistema sea sostenible?
Hablamos con Juan Carlos Aparicio, fue Ministro de Trabajo y Asuntos sociales de 2000 a 2002 y Alcalde de Burgos, y Octavio Granado, que fue Secretario de Estado de la Seguridad Social. El primer bloque contempla que las pensiones vuelvan a revalorizarse con la inflación. Ambos están de acuerdo en que la medida es razonable. Aparicio cree que España sí que puede soportar una factura como las previsibles en pensiones en los últimos años. "Pero requiere de ajustes progresivos y si se pueden conseguir acuerdos sociales estaremos en el buen camino", matiza. Granado opina que si se confirma, habremos vuelto a la senda que se interrumpió en 2011. "Todos los grupos parlamentarios deciden un texto y el Gobierno negocia con empresarios y sindicatos cómo desarrollarlo. La conjunción entre empresarios y sindicatos garantiza seriedad y solvencia", ha dicho.
En el primer bloque de esta reforma además se plantean incentivos para acercar la edad real de jubilación a la legal. "Es importante que sea una edad real, parece que en esto hay una vía de entendimiento. Pero para esto sería conveniente facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado laboral porque de otra manera el sistema será difícilmente sostenible", explica. Aparicio destaca que para pagar buenas pensiones hay que pagar buenos salarios, y para ello tiene que haber negocios rentables. Granado cree que esos salarios se tienen que basar en una prosperidad. "Lo que no se puede hacer es pagar salarios y pensiones en base a una deuda que van a tener que pagar los jóvenes", asegura. Sobre el factor de sostenibilidad, Aparicio apunta: "Está en todos los países europeos, se aceptó pero luego se ha convertido en un espantajo que se agita para evitar su puesta en funcionamiento que sería deseable". Granado se opone y responde: "Si el factor de sostenibilidad hubiera estado en 2018, con la pandemia en 2021 las pensiones tendrían que subir. Al bajar esperanza de vida, calcularía que debe subir, lo cual es un disparate. Tiene que englobar ingresos y gastos", ha dicho.
