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El Gobierno mantiene su objetivo de aprobar la ley de Vivienda aunque no será el martes como estaba previsto. Pedro Sánchez dice que estudiarán el nuevo dictamen del Poder Judicial, que es preceptivo pero no vinculante. Podemos cuestiona la imparcialidad del órgano de gobierno de los jueces. Mientras tanto, la oposición ha vuelto a criticar la eficacia de la medida.

El debate político se centra este lunesen la ley de Vivienda, que no se aprobará esta semana como estaba previsto porque el CGPJ rechazó el anteproyecto a la espera de un nuevo informe.

El Gobierno insiste en que aprobará la ley y la ministra de Transportes dice que están abiertos a hacer cambios si fuera necesario aunque defiende la seguridad jurídica del proyecto. Unidas Podemos va más allá ycuestiona la imparcialidad del poder judicial. El PP, por su parte, pone en duda la eficacia de las medidas del Ejecutivo para acceder a la vivienda.

Foto: EFE/CHEMA MOYA

El Consejo General del Poder Judicial rechaza el informe que avalaba la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno el pasado mes de octubre. Para Laura Barrio, portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca, este frenazo hace dudar de la imparcialidad del órgano jurídico y advierten que el proyecto de ley no incluye los compromisos internacionales adquiridos. 

La nueva ley de vivienda no irá al Consejo de Ministros del próximo martes, tal como estaba previsto. El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado el informe favorable elaborado por el ponente y exdiputado socialista Álvaro Cuesta. El informe del órgano de los jueces no es vinculante, pero sí preceptivo, por lo que el Gobierno deberá esperar a recibirlo. El borrador necesitaba al menos once votos para salir adelante, pero solo ha obtenido el apoyo de seis de los once miembros, con la negativa incluida del presidente Carlos Lesmes. Se han designado dos nuevos ponentes: el vocal conservador José Antonio Ballestero y el progtesista Enrique Lucas. El nuevo texto que elaboren se debatirá en el pleno del 27 de enero, por lo que el anteproyecto de la ley, que pretende limitar el precio del alquiler en las llamadas zonas tensionadas, no podrá ir al Consjeo de MInistros hasta el mes de febrero.


Informa Gema Alfaro
 

España es uno de los países de la Unión Europea donde los jóvenes se emancipan más tarde, con 29 años, frente a los 26 de la media europea y los 19 de sus homólogos suecos. En 2020, el precio medio del alquiler en España se sitúo en 980 euros al mes, lo que representa el 51,5% de los ingresos brutos mensuales de los arrendatarios, según un análisis del portal inmobiliario pisos.com. María y José María afectados por esta situación cuentan nos cuentan sus historias. Un reportaje de Luisa Pérez y Juan Morello.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros de este año 2022 que la ley de vivienda que el Ejecutivo prevé aprobar, es una norma "equilibrada" con l que se pretende "fomentar el alquiler a precios razonables" y que "beneficia a propietarios e inquilinos, facilita a los jóvenes la vivienda en alquiler" y que con ella se garantiza el derecho a la vivienda.

La demanda de vivienda aumentará a lo largo del 2022, pero el acceso a ella continúa siendo un problema en todos los países desarrollados. Hemos hablado en las Mañanas de RNE con Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante, que ha destacado la importancia de contar con una Ley de Vivienda que "actúe de paraguas" en todo el estado español. El anteproyecto de ley contiene "cuestiones novedosas" como la permanencia de viviendas públicas. "El hecho de tener una bolsa de vivienda pública que las autoridades puedan utilizar para resolver problemas inmediatos de vivienda es muy importante", ha explicado. Las tasas de inflación crecientes también afectarán a los precios presentes en el mercado.

Iniciativa Ley Vivienda espera que en la votación esta tarde en el Congreso el PSOE apruebe la tramitación de la proposición de ley presentada por la plataforma y que apoyan ya nueve grupos parlamentarios. De su contenido y de sus objetivos, entre los que destaca la paralización de los desahucios y la regulación estatal de los alquileres, hablamos con Claudia Cervesato y Juanjo Ramón, portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, una de las organizaciones sociales tras la norma.