El juicio de Malaya: Un búnker, dos camiones y una macrosala para empezar

• Este lunes ha comenzado la vista oral, que se prevé de un año de duración
• Es la mayor trama de corrupción y la única que disolvió un ayuntamiento
• Hay 95 personas procesadas tras casi cinco años de instrucción
• La investigación ha durado tanto, que no hay nadie en prisión por el caso
• Una sala especial albergará, entre otros, a 250 periodistas acreditados

Hoy se ha iniciado el mayor juicio por corrupción municipal en España, el caso Malaya

Casi cinco años de investigación y 95 procesados por malversación de fondos públicos, blanqueo, cohecho, prevaricación, alteración del precio de las cosas, tráfico de influencias, tenencia ilícita de armas, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, fraude fiscal...

Así se presenta al juicio que arranca este lunes la mayor trama de corrupción urbanística de España: El caso Malaya, el único que ha provocado la disolución de un Ayuntamiento por corrupción generalizada, el de Marbella.

Los primeros acusados llegaban a la Ciudad de la Justicia de Málaga, cuya entrada está acordonada por la Policía Nacional, ante la gran expectación mediática. Antes de las 09.30 horas lo hacían el ex primer teniente de  alcalde marbellí Pedro Román y los empresarios Tomás Olivo y Rafael  Gómez, 'Sandokan', quien dijo que "nunca" se llevó nada del  Ayuntamiento y aseguró estar tranquilo, al igual que el también  constructor José María González de Caldas.

Posteriormente, se presentaban la ex edil  socialista Isabel García Marcos, la abogada Montserrat Corulla, el  empresario José Avilas Rojas, el ex alcalde Julián Muñoz y el resto  de procesados.

Aunque saberlo es "imprevisible", la vista oral, que ha tardado ocho meses en prepararse, se alargará "al menos un año", han señalado fuentes de la Audiencia Provincial de Málaga a RTVE.es. Después tendrán que retirarse a deliberar para dictar sentencia.

Además de la Fiscalía Anticorrupción, se presentan como acusación el  Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía.

Camiones y un búnker para las pruebas

La documentación del caso acumulada durante el periodo de instrucción -de 2005 a enero de 2010- es tanta, que para poder trasladarla a los juzgados han hecho falta dos camiones y ha tenido que entregarse a los implicados en CD, porque de otra forma era "imposible", según el magistrado que preside el tribunal que juzgará el caso, José Godino. Sólo la pieza principal ocupa 200.000 folios -recogidos en 196 tomos-, además de otros 30.000 documentos separados.

Todo ha permanecido custodiado en un búnker ubicado en el sótano de la Ciudad de la Justicia y vigilado con importantes medidas de seguridad.

Además, ha sido necesario habilitar dependencias especiales en la sala para acoger a los implicados, al más de centenar de abogados que les representan y a los 250 periodistas acreditados, entre otras personas.

El juicio se celebrará en sesiones de lunes, martes y miércoles de 10.00 a 14.30, para evitar que se solape con el caso Minutas, con el que coinciden letrados e imputados.

Ningún procesado en prisión por Malaya

Sólo uno de los 95 procesados -otros tres están en busca y captura-, está detenido a día de hoy, pero por otra causa, pues la instrucción se ha alargado tanto que el plazo máximo legal en prisión preventiva -cuatro años-, se ha agotado.

Se trata de Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y considerado el cerebro de la trama, que cumple condena de seis años y 10 meses por el caso Saqueo.

El asesor de Urbanismo de Marbella ha salido de la cárcel de Albolote (Granada) y ha asegurado que el proceso "ha estado cargado de irregularidades".

El presunto crimen de Roca, que controlaba desde 1991 todos los convenios urbanísticos, es haber desarrollado una "estructura criminal" para conseguir el "control político del Ayuntamiento y obtener beneficios económicos", según el auto del juez.

Roca manejó durante años a concejales para conseguir elevadas comisiones ilegales de constructores a cambio de licencias y permisos urbanísticos. Después repartía el dinero entre "sus colaboradores". Le imputan hasta 10 delitos por este caso.

Imputados de relevancia social

El caso ha salpicado a jueces y policías y ha adquirido gran cobertura mediática por la relevancia social de algunos de los imputados.

Además de Roca, destaca la que fuese alcaldesa cuando se destapó la trama, Marisol Yagüe, su antecesor Julián Muñoz o la ex pareja sentimental de éste, la cantante Isabel Pantoja.

Para Roca, el fiscal pide 30 años de prisión, además de 44 de inhabilitación, mientras que la ex alcaldesa Yagüe se enfrenta a 20 años de cárcel, Julián Muñoz a 10 y la tonadillera Isabel Pantoja a tres años y medio por un presunto delito de blanqueo de capital. No obstante, la cantante no comparecerá en esta vista oral porque se la juzga en una de las 30 piezas separadas de la principal.

También está implicado en este caso el letrado Francisco Javier de Urquía por recibir supuestamente un soborno de Roca para impedir a una televisión local emitir un reportaje sobre su inmenso patrimonio.

El juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, fue quien descubrió la implicación de Urquía en la trama de corrupción. Ambos jueces se conocían, pues fueron compañeros de piso al inicio de sus carreras profesionales.

De hecho, haciendo uso de esa amistad, antes de que estallase la bomba con las primeras detenciones, Urquía trató de convencer a Torres para que presentase la denuncia contra Roca en su juzgado.

Otro de los procesados es el ex concejal de Tráfico Victoriano Rodríguez, que según el auto del juez instructor, exigía comisiones a los empresarios por permitirles ejercer su labor "a modo de impuesto revolucionario".

El colmo del escándalo: Robar lo robado

Las autoridades estiman que lo robado a las arcas públicas asciende a 460 millones de euros, cifra que coincide con la deuda acumulada por el consistorio durante los 15 años de Gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), periodo en el que Jesús Gil fue alcalde.

Las extravagancias de los bienes incautados a Roca despertaron aún más el interés público: un tigre llamado Meldoy, carruajes de época valorados en cuatro millones de euros, coches antiguos de lujo, palacios, caballos de pura raza, animales salvajes disecados o un Miró decorando su cuarto de baño, entre otras obras de arte.

Pero el escándalo no se detiene aquí. El siguiente capítulo lo escribieron los administradores designados por el juez para velar por que estos bienes, así como las empresas de la trama, no se depreciaran.

Dos de ellos, José Luis Gallardo y María Navarro fueron denunciados por administración desleal y fraudulenta y desviar fondos del patrimonio de las empresas incautadas a Roca a su cuenta corriente

Al parecer, Gallardo generó una deuda de siete millones de euros con Hacienda por irregularidades fiscales, mientras Navarro supuestamente transfirió 158.839 euros desde las cuentas de las sociedades bajo tutela judicial a las suyas propias.

El origen: Ballena Blanca

A raíz de la operación Ballena Blanca, que desmanteló la mayor red de blanqueo de dinero del país, se interceptaron las conversaciones telefónicas que destaparon la trama ilegal en la Costa del Sol. Fue en noviembre de 2005.

El fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, y el juez instructor, Miguel Ángel Torres, comenzaron la investigación. Escuchas y vigilancias se convirtieron en el pan de cada día para demostrar que se trataba de una trama perfectamente organizada con conexión entre los implicados.

La contundencia de las pruebas, que llevó a muchos imputados colaborar con el juez, así como la cautela de las autoridades, que acordaron no efectuar detenciones hasta estar completamente seguros, hizo que Malaya sentara precedentes en toda España.

Importante también fue el relevo del juez instructor. Óscar Pérez, que sustituyó a Torres en verano de 2007, permitió que varios imputados en prisión incondicional, como Julián Muñoz, pudiesen salir de la cárcel bajo fianza. Además, retiró la fianza impuesta a Isabel Pantoja y flexibilizó  sus visitas al juzgado.

Torres asegura que cada vez hay más casos de corrupción y son más difíciles de detectar y que muchos no afloran, por lo que tendría que haber una reforma del marco legislativo y más medios, como juzgados especializados. La falta de estos tribunales y la magnitud de la trama marbellí, hacen que el caso Malaya suponga un reto para la Justicia española.