Por delante, el Congreso tiene la tramitación parlamentaria de la reducción de jornada. El acuerdo entre Gobierno y sindicatos modifica el Estatuto de los Trabajadores fijando un máximo de 37'5h, frente a las 40h actuales. En caso de salir adelante esta primera reducción de la jornada laboral en 40 años, beneficiaría a cerca de 12 millones de trabajadores y en especial a los puestos de trabajo más vulnerables. Las empresas tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos.
Los contratos a tiempo parcial, con una prestación de trabajo de duración igual o superior a estas 37'5 horas semanales de promedio, pasarán a convertirse automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo. En el caso de los empleados a tiempo parcial que ya vengan trabajando menos horas, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas, igual que aquellos con jornada reducida. De igual modo, tendrán también derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la entrada en vigor de la jornada máxima diaria de 37'5 horas. En cuanto a las jornadas especiales, Gobierno y agentes sociales se dan un plazo de 18 meses para adecuar cada caso a la nueva jornada máxima legal.
Además de la reducción de horas, la reforma también incorpora otros aspectos como una mayor exigencia a las empresas en relación al registro de horas. Se endurecen además las sanciones actuales por incumplimiento. Las empresas pasarán a ser multadas de manera individual por cada trabajador afectado y no de manera global como hasta ahora. La infracción grave asciende de 7.500 a 10.000 euros. Se profundiza también en el derecho irrenunciable a la desconexión digital del trabajador.
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