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Hace diez días, Glovo anunció que iba a abandonar su modelo de falsos autónomos, pero el reto que tiene por delante no es sencillo. Según los datos que ha facilitado la propia compañía, hay que regularizar a 15.000 repartidores, aunque la cifra en realidad es mucho mayor. La clave está en las cuentas alquiladas, que se habían convertido en una fuente de ingresos para las personas migrantes sin papeles. Informa Guillermo Hernández.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la puesta en marcha de "permisos climáticos" de cuatro días para los trabajadores en caso de que una autoridad, "la que fuere, indique que hay riesgo en el desplazamiento o que no se pueda ir a trabajar". A partir de esos cuatro días, las empresas pueden prorrogar el permiso o tienen la opción de incorporarlo como una medida de ERTE.

El reglamento incluye además una garantía para que los trabajadores estén "convenientemente informados" sobre "qué deben hacer y qué no en caso de emergencia climática". Además, se asigna un mandato a la negociación autónoma colectiva para que legislen de conformidad a las emergencia climática y se proporciona un plazo de 12 meses a todas ellas para que legislen y adecuen "las necesidades climáticas a los riesgos específicos de su empresa".

Preguntada sobre la reducción de la jornada laboral, Díaz ha asegurado el Gobierno va a cerrar un acuerdo con los sindicatos y que la reforma "va a llegar con carácter inmediato al Consejo de Ministros", pese a no contar con la aprobación de la CEOE. Asimismo, ha confesado estar "preocupada" por los "juicios paralelos" que según la vicepresidenta segunda se están llevando a cabo sobre los casos de corrupción que salpican al Gobierno. "En democracia los juicios paralelos son muy malos para el país", ha zanjado Díaz.

La policía científica está analizando en Massanassa el lugar en el que murió el domingo un trabajador de Tragsa mientras limpiaba el colegio Luis Vives. Se le cayó encima la estructura metálica exterior que conectaba los dos edificios. El Ministerio de Trabajo también está investigando qué ocurrió. El Ayuntamiento había avisado para que nadie entrase a este centro educativo porque había peligro de derrumbe mientras la Conselleria de Educación decidió enviar a los operarios para realizar algunos trabajos.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, considera que hay que escuchar y sacar conclusiones sobre la multitudinaria manifestación en Valencia, pero "habrá tiempo de buscar responsabilidades políticas". "Todos y todas las trabajadoras valencianas pueden estar seguras de que el Gobierno central hará todo lo posible para mantener los puestos de trabajo". Pérez Rey asegura que el Ministerio de Trabajo "se está dejando la piel" y que el decreto ley "será un verdadero escudo laboral para proteger a las personas". Explica que reconocerán permisos retribuidos y no recuperables para los que no han podido ir a trabajar o los que tienen familiares desaparecidos: "Vamos a garantizar el empleo para que no haya despidos en circunstancias tan terribles como esta". El secretario de Estado informa que tienen aproximadamente 400 expedientes de ERTE de fuerza mayor que afectan a 8.664 trabajadores: "Los trabajadores van a cobrar la prestación de desempleo sin consumirla, al igual que los autónomos, y las empresas van a estar exoneradas de los pagos a la seguridad social".