El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha llamado este lunes en La Hora la 1 de TVE a "dar un empujón" a la reforma de la ley de extranjería en los próximos siete a diez días para poder "atender con dignidad a los menores" extranjeros no acompañados que han llegado a las islas Canarias y ha mostrado su preocupación por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas cuando las condiciones de navegación mejoren y lleguen más migrantes a las costas del archipiélago. "Estamos sobrepasados, la semana pasada tuvimos una reunión con las distintas ONG gestionan recursos todos están en sobreocupación y muy preocupados por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas en cuanto a las condiciones de navegación mejoren". Asegura que en estos momentos ya no están cumpliendo con lo que establecen los tratados internacionales sobre la atención a los niños. La relación con el Estado es de "lealtad y colaboración", según ha afirmado Clavijo tras la reunión del pasado viernes con Sánchez en la que el Ejecutivo se comprometió a aportar "al menos" 50 millones de euros a Canarias en lo que queda de 2024, pero Canarias no puede "soportar toda la carga financiera en solitario, estamos hablando de 150 millones de euros en lo que va de año". El presidente canario ha explicado que ha mantenido contacto con el PP con el que está acercando posturas, tratando de "concretar" varios aspectos, sobre la Conferencia de Presidentes que se va a convocar en septiembre. Se trata de una "cuestión de fondos", pero también de definir "una respuesta que tiene que ser ordinaria y extraordinaria", ha dicho antes de llamar a que el acuerdo sea "de conjunto, no vale de solo una parte porque sino no va a ser efectivo". Foto: EFE/Ramón de la Rocha.
El gobierno está rediseñando el mapa de concesiones del transporte de viajeros por autobús. El actual data de 1924 y la mitad de las concesiones están caducadas. Ahora se negocia comunidad a comunidad para dejar el total de recorridos, que son 79, en 22. Se trata de que los gobiernos regionales asuman los servicios dentro de su territorio y el Estado conecte con sus líneas los principales núcleos de población. De media, un tercio de las paradas que desaparecerán no recoge a ningún pasajero que viaja entre comunidades. Transportes calcula que el nuevo sistema abaratará las tarifas un 20 por ciento y los tiempos de viaje en torno al 30 por ciento. Para compensar la eliminación de las paradas estatales, se pondrán un total de 40 millones a disposición de los gobiernos autonómicos. Competencia cuestiona el modelo y mira la liberalización llevada a cabo por los países vecinos. Las grandes empresas apuestan por el modelo concesional. Las pequeñas temen quedarse fuera por el tamaño de las licitaciones que salgan a concurso
El preacuerdo entre ERC y PSC supone una ruptura del sistema de financiación que, además, está pendiente de ser reformado desde hace una década. Y va a requerir cambios en la ley que tendrán que tramitarse en el Congreso. La fiscalidad ha estado en la mesa de negociación de unos y otros Gobiernos desde los años 90.
En 1993, pese a las resistencias internas, Felipe González abrió la espita. Cedió el 15% de la recaudación del IRPF a las comunidades. En 1996, el PP de José María Aznar ganó las elecciones y tuvo que pactar su investidura con nacionalistas catalanes y vascos: al País Vasco le dio patrimonio y la recaudación de impuestos al alcohol, tabaco y gasolina; al resto les duplicó la cesión del IRPF al 30% en el Pacto del Majestic. En verano de 2001, amplió las cesiones al IVA hasta el 35% y los impuestos especiales hasta el 40%.
El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 dio el último gran paso: elevó al 50% la recaudación directa de IVA e IRPF, y al 58% los especiales a todas las comunidades, salvo Navarra, con régimen foral, y País Vasco, que paga al Estado un cupo anual por lo que recauda. Con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez llegaron más retoques fiscales que, hasta ahora, y casi siempre, han terminado siendo un café para todos.
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Entrevistado en TVE, Patxi López, portavoz del grupo socialista en el Congreso, ha criticado la actitud de PP y Junts frente a la modificación de la ley de Extranjería para distribuir entre las comunidades autónomas a los menores no acompañados: “La solidaridad se practica. Cada uno se retrata”. Ha insistido en que en estos meses de julio y agosto "se necesita atención urgente, solidaridad y humanidad con los niños que escapan de la miseria y la guerra". Apunta que el PP usa maniobras de dilación al pedir la Conferencia de Presidentes porque hace poco se reunieron todos los consejeros autonómicos con competencias y aclara que se declarará la emergencia migratoria cuando la presión sea insostenible en alguna comunidad.
A 24 horas del pleno en el Congreso de los Diputados que votará la propuesta de reforma de la ley de extranjería, Gobierno y comunidades se han vuelto a reunir. Canarias recuerda que su situación es crítica, con los centros desbordados, pero sigue sin haber consenso sobre la acogida obligatoria de menores migrantes que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo. Las comunidades del PP y Cataluña lo rechazan. La ministra Elma Saiz ha vuelto a pedir a Alberto Núñez Feijóo su apoyo: "Confío en que el PP esté a la altura".
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Tensa reunión entre Hacienda y las comunidades autónomas para hablar de su política fiscal. Por primera vez en dos años, la consejera catalana ha acudido al encuentro y, en plena negociación de su partido con los socialistas por la investidura de Salvador Illa, ha defendido una financiación singular para Cataluña.
De ahí las críticas del resto de consejeros, sobre todo del PP. También hay consejeros de gobiernos del PSOE que no aceptan esa singularidad y califican la propuesta de chantaje, egoísta e injusta.
En lo que coinciden todos es en la necesidad de reformar el sistema, algo que el gobierno prometió para esta legislatura. Exigen que las negociaciones sean multilaterales, que se tenga en cuenta las singularidades de cada comunidad y no solo de la catalana
El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció este jueves la ruptura con el PP en las cinco comunidades donde gobiernan y adelantaba lo que iban a hacer este viernes sus vicepresidentes y consejeros: dimitir. Sin embargo, no todos lo han hecho. Algunos se han rebelado contra Abascal y han decidido seguir en esos gobiernos autonómicos. Es el caso de un consejero en Extremadura y otro en Castilla y León. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, llama irresponsable a Vox y asegura que los gobiernos seguirán adelante. Foto: EFE/JAVIER CEBOLLADA/MARCIAL GUILLÉN
