El último Consejo de Ministros de este año, celebrado este lunes, trae varias pedidas económicas. Entre ellas, la prórroga de las ayudas al transporte, subidas en las pensiones y la extensión de la prohibición de desahucios a familias vulnerables.
El Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CC.OO. han firmado este miércoles el acuerdo sobre la nueva reforma de las pensiones en el Palacio de La Moncloa. Se trata de un pacto que las partes ya alcanzaron a finales del pasado mes de julio y que tiene como objetivo incentivar el retraso de la edad de jubilación. Los detalles, con José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA. Foto: Getty Images
El economista José Antonio Herce ha analizado en Las Mañanas de RNE la situación de las pensiones en nuestro país en el mismo día en el que el Gobierno y los agentes sociales van a firmar una nueva reforma del sistema. “Hay un consenso amplio entre los expertos de que habrá una necesidad creciente de financiación por encima de las contribuciones que se recaudan. Tenemos un déficit contributivo de alrededor de 40.000 millones al año”, ha explicado Herce que se muestra seguro de que las pensiones se van a seguir pagando, “otra cosa es que pasados unos años a lo mejor no son tan buenas como nos gustaría”, ha afirmado. Herce cree que la solución no reside en el aumento de número de afiliados. “Nuestro sistema de pensiones tiene una fórmula [de cálculo] explosiva. Devuelve 1,7 euros por cada euro cotizado. Se va a hacer muy difícil devolver a los cotizantes lo que van a reclamar cuando se jubilen”, ha afirmado.
Tratamos el caso de un abuelo que, por sentencia del tribunal supremo, le corresponde hacerse cargo de la pensión de alimentos de sus nietos, que no paga su yerno, por declararse insolvente.
Y esto nos hace pensar si, no solamente van a considerar los tribunales que han de pagar los abuelos en caso de insolvencia absoluta de sus hijos o yernos, sino también en los casos que, hasta conseguir que paguen pudiera ser adelantado por estos abuelos sin perjuicio.
El informe resultante de un estudio científico por parte de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, advierte que jubilarse más tarde aumenta la mortalidad entre los 60 y 69 años, algo que se incrementa en el caso de los trabajos más costosos físicamente o con mayor carga de estrés. Un dato que llega mientras la edad legal de jubilación legal se está incrementando progresivamente en España. El año que viene se situará en los 66 años y 8 meses, para quien no tenga los 38 años cotizados. En 24 horas de RNE ha estado Sergi Jiménez, Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado en FEDEA: "Restringir el acceso a la jubilación anticipada a algunos individuos puede conllevar un importante incremento en su probabilidad de morir", ha asegurado.
Retrasar la edad de jubilación eleva el riesgo de morir de forma temprana, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que señala que la mayor mortalidad afecta en especial a los trabajadores entre 60 y 69 años de sectores y ocupaciones físicamente más exigentes y estresantes.
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Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, ha estado en el 24 horas de RNE el día en el que el Gobierno y agentes sociales han acordado añadir incentivos si se retrasa la jubilación de los contribuyentes, así como facilitar el retiro parcial de los mismos, de cara a regular la edad de jubilación de profesiones peligrosas o expuestas a riesgos. Bravo ha señalado que el relevista que sustituya en la figura de la jubilación parcial "tendrá contrato indefinido a tiempo completo". También ha enfatizado qué tiene que hacer un trabajador para acogerse a la jubilación parcial: "Puede acceder mediante acuerdo con la empresa (acreditando 33 años cotizados) o cuando lo hay en cualquier ámbito de la negociación colectiva", ha explicado en RNE. Escucha todos los detalles de la entrevista en RNE Audio.
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los patronal y sindicatos en materia de Seguridad Social y pensiones. El pacto, anunciado por el presidente Pedro Sánchez este miércoles, aumenta los incentivos si se retrasa la jubilación y adelanta la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un acuerdo con los agentes sociales en materia de Seguridad Social y pensiones que mejora la compatibilidad del cobro de las pensiones con el trabajo para facilitar una jubilación más flexible.
Desde hace meses, la mesa de pensiones ha estado discutiendo temas como la reforma de la jubilación parcial, la compatibilidad entre pensión y trabajo, la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social en las bajas derivadas de lesiones traumatológicas o el establecimiento de los coeficientes reductores en actividades penosas para el anticipo de la jubilación.
Según Sánchez, y a falta de conocer el detalle del texto, el acuerdo logrado va a permitir la compatibilidad de la pensión con el trabajo, garantizando "el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas".
Además, se aprovecharán mejor los recursos de las mutuas y se regulará el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos. "Creo que es un acuerdo muy positivo, un nuevo acuerdo con los agentes sociales que refuerza nuestro sistema público de pensiones y lo hace más justo para millones de trabajadores y de pensionistas", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo.
Este nuevo acuerdo, el cuarto en materia de pensiones del Gobierno de Sánchez, se está ahora mismo ratificando en el Comité Ejecutivo de la CEOE.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha estado en el 24 horas con Josep Cuní, tras conocerse que la hucha de las pensiones supero los 7.000 millones de euros el pasado mayo, su nivel más alto desde 2018.
La ministra ha dejado claro que los datos son "contundentes" y afirma que dan certidumbre "a los pensionistas de hoy y a los pensionistas de mañana". Señala, asimismo, a la reforma de las pensiones: "Hace que las pensiones sean sostenibles y suficientes financieramente, socialmente, y diría yo, constitucionalmente, porque es nuestra espina dorsal", explica Saiz. También ha hecho referencia al líder argentino Javier Milei: "Estos días hemos escuchado a algún mandatario internacional que llamaba 'monstruo' a la justicia social [...] Desde luego que tenemos que garantizar por justicia ese nivel adquisitivo, y es lo que estamos haciendo [...] Esa justicia la vamos a defender con uñas y dicientes, y yo condeno las palabras del señor Milei", asevera.
Saiz ha remarcado que la previsión para finales de este año es que la hucha de las pensiones llegue a 9.000 millones de euros, y para el final de la legislatura se alcancen los 25.000 millones.
En cuanto a los cambios en la jubilación activa que plantea su ministerio, a los cuales se oponen tanto empresarios como sindicatos, Saiz admite que es optimista y asegura que están trabajando "para avanzar en derechos" a través de la mesa del diálogo social: "Estoy convencida de que estamos trabajando con el rigor, con la flexibilidad y con la escucha activa para encontrar en cuestiones tan importantes como es la jubilación, la compatibilización de esa posibilidad de salida gradual del mercado de trabajo".
Elma Saiz también ha destacado la reducción del déficit que se está consiguiendo, cuya previsión es reducir la deuda en 20 puntos.
Acude hoy al estudio de “La España vivida” una mujer de orígenes humildes que en su infancia dio muchas vueltas sobre el mapa nuestro país. El motivo de esos cambios de residencia era la sucesión de destinos de su padre, miembro de la Guardia Civil. En una entrevista en El Periódico de Extremadura, nuestra invitada explicaba aquellos años con pocas y muy claras palabras. “Vengo –decía- de la casta de ganaderos y sirvientas, lo que soy se lo debo a mis padres”. Ella nos explicará cómo la orientó esa casta para la lucha por la vida. Quien así se definía –lo de los ganaderos es porque su padre lo fue antes de incorporarse a la Benemérita- es la exdiputada del PSOE, exministra de Trabajo y expresidenta del Consejo de Estado Magdalena Valerio, con quien, al hilo de su trayectoria, vamos a hablar de derecho laboral y del futuro de las pensiones. Ha sido, en efecto, el derecho del trabajo el terreno de su especialidad, en paralelo a una actividad política intensa, en la que ha acumulado una larga experiencia de gestión. Nacida en Torremocha (Cáceres) en 1959, y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1985, Magdalena Valerio ha pasado por todos los niveles de la administración, desde la local, como concejal, hasta la del Gobierno central, pasando por la autonómica, como consejera, también de Trabajo y Empleo, en el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. En 2022 fue designada por el Consejo de Ministros como presidenta del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno. Dos años después, ese nombramiento fue anulado por el Supremo con una sentencia de controvertida doctrina en la que consideraba que Magdalena Valerio no reunía el requisito de contar con el prestigio jurídico requerido para desempeñar dicha responsabilidad. Ese fallo está ahora recurrido ante el Constitucional, que deberá decidir cómo y quién o quiénes han de apreciar si los altos cargos que debe nombrar el Gobierno reúnen el prestigio exigido por la ley.
El Banco de España ha advertido en las conclusiones de su informe anual de que subir las cotizaciones sociales para financiar las pensiones hará perder empleo. España necesita cerca de 25 millones de trabajadores extranjeros más en las próximas tres décadas para compensar el aumento de los jubilados. Premiar la demora de la jubilación no es suficiente para contener el gasto en pensiones y alerta de los riesgos de aumentar ingresos subiendo cotizaciones sociales, como establece el sistema actual: se pueden perder, asegura, 50.000 empleos por cada punto de subida.
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