Joan Queralt, senador de ERC, ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní, donde ha catalogado como "procedimiento muy formalista" que el juez Llarena mantenga vigentes las medidas cautelares contra los miembros del 'procés' huidos. El senador admite que desde que empezó el 'procés' decidió no hacer pronósticos: "Mi capacidad de entrever la seguridad jurídica es nula, porque yo veo maniobras que pueden ser extrañas. Estamos en el día del cumpleaños de Alicia en el País de las Maravillas, todo puede ser posible", defiende.
Queralt pronostica, desde su punto de vista, que la ley en muchos casos no será de aplicación inmediata, pero se aplicará: "Tardará, unos cuantos sujetos verán cómo se retrasa la aplicación, pero al final no habrá más narices que aplicarla", y cree que son "maniobras de dilación movidas por un entendimiento defectuoso de lo que es la ley de amnistía". Insiste en que casos como el del expresident Torra, cuya sentencia es firma y la pena de inhabilitación está cumplida, no se pueden comparar a los casos de apelación de la sentencia o que aún no han llegado a juicio oral. "El muestrario es el abanico de posibilidades. Es bastante grande y bastante diverso", incide.
El senador de ERC confiesa que desde su partido supieron desde siempre que "no era coser y cantar" sino "picar piedra hasta que saliera sangre de las manos": "Esto agota paciencia y fuerzas, pero si hemos resistido hasta aquí yo creo que seguiremos resistiendo y ofreciendo todo el apoyo moral y jurídico a las personas que entendemos que han de ser beneficiarios de la amnistía", sentencia el senador.
El abogado penalista, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Barcelona, Marc Molins, ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní para explicar el proceso de aplicación de la ley de amnistía, tras su entrada en vigor hoy al ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Tras las declaraciones del juez Llarena en las que afirma que no levantará la orden de detención a las cuatro personas, que se consideran huidas en este momento, hasta que no haya un "pronunciamiento firme", que según Molins es el tiempo que tarda el Constitucional, o en su caso, el Tribunal de Justicia, en manifestarse acerca de esta adecuación constitucional a los tratados internacionales de la ley de amnistía.
A esto pueden existir recursos, y Molins recuerda que habrá que ver en qué términos se presentan dichos recursos. "Hay que recordar que el famoso artículo 4 de la ley de amnistía establece que desde el momento que se apruebe la norma los jueces deben alzar las medidas cautelares, lo que pasa es que la duda acerca de la constitucionalidad puede precisamente versar sobre este artículo, con lo cual volvemos a estar en esta especie de deja vú, de duda permanente y constante, acerca de la voluntad del legislador", explica el abogado.
Molins añade que la ley de amnistía podría no aplicar a determinados delitos. "Singularmente aquellos que afecten a los intereses de la Unión Europea [...] Es uno de los límites claros que generaría riesgo en caso de ser contemplado de forma explícita en la ley", argumenta.
Cabe destacar que el doctor en Derecho defiende que la ley de amnistía "parte de una premisa y es la necesidad de pacificar, de resolver un conflicto". "Esa voluntad de pacificación exige, según el legislador, optar por esa amnistía [...] Buscar argumentos para inaplicar, es decir, para torcer la voluntad del legislador tampoco debería proceder", sentencia.
Una vez publicada la ley de amnistía en el BOE, se abren distintos escenarios para todos los que se pueden beneficiar de la medida. Para Carles Puigdemont y otros implicados en el 'procès', el juez del Supremo Pablo Llarena mantiene, de momento, las órdenes de detención. Y pide a las partes que fijen posición.
El juez García Castellón también instruye la causa Tsunami, pero en la Audiencia Nacional. Da 10 días a las partes para que informen. El tribunal, sin embargo, no se ha pronunciado sobre los 12 CDR pendientes de juicio acusados de pertenencia a organización terrorista. Los abogados ya han pedido la aplicación de la amnistía.
En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia también ha pedido a las partes que fijen posición por las condenas a los responsables de la consulta del 9N, entre ellos Artur Mas, o por desobediencia, como la del expresident Quim Torra.
Los abogados de Esquerra han pedido la aplicación de la amnistía para 37 de sus dirigentes, como Junqueras. En Junts, lo ha hecho Jordi Turull, que también sigue inhabilitado. Mientras que el recién elegido president del Parlament pide la cancelación de antecedentes penales. También mueven ficha los abogados de una treintena de condenados por desórdenes, algunos en prisión.
Las defensas jurídicas de los encausados por el 'procés' han presentado este martes sus peticiones formales para reclamar que se les aplique la ley de amnistía, cuya entrada en vigor se ha hecho efectiva tras la publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE). Foto: EFE/ DAVID BORRAT
Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, avanza que la aplicación de la ley de amnistía será un proceso “largo y complejo, porque ha suscitado protestas”. No descarta que se paralice, si la aplicación de la norma suscita dudas. Cree que, en ese caso, terminará en el Tribunal Constitucional y en el de Luxemburgo: “El panorama se presenta complejo, difícil y, sobre todo, accidentado”. Por otro lado, la elección del presidente del Parlament, Josep Rull, es otro de los retos que hay por delante. Cree Ana Carmona que hay que distinguir entre el plano político y jurisdiccional: “Tenemos que ser conscientes de que la figura del presidente de la cámara es muy importante. Se pondrá de manifiesto de cara a la investidura. El panorama aquí también se presenta complejo”. Da por hecho que estos aspectos también terminarán en el TC y suscitarán división.
El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Amnistía con 177 síes y 172 noes.
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la ley de amnistía. En el programa Parlamento de Radio 5 hablamos con Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. "Una parte de la judicatura se ha mostrado muy crítica con el contenido de la ley y las inquietudes están justificadas", señala Carmona. ¿Los recursos del Partido Popular paralizarían la aplicación de la norma? "No, en ningún caso. Los recursos de inconstitucionalidad no tienen nunca eficacia suspensiva, la ley se seguiría aplicando sin ningún tipo de incidencia", explica la docente. ¿Y en el caso de que sea un juez quien consulte al Constitucional? "Ese proceso en el que se ha generado esa duda queda suspendido, pero el efecto suspensivo es solo referido a ese concreto procedimiento, no es una suspensión con carácter general de la ley".
Tras la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, ya han empezado a correr los dos meses que la ley da a los jueces para aplicar la norma. En esa aplicación podrían interponerse las cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad que han planteado los tribunales. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y juez decana de Madrid, ha expresado en una entrevista en 24 horas de RNE que aplicar la ley también supone interpretarla, ya que sino no puede aplicar. "Plantear una cuestión prejudicial no quiere decir que no apliques la ley porque es la propia aplicación de la ley y el complimiento que tenemos como jueces a la hora de aplicar una norma", ha señalado.
El Gobierno prevé que la norma beneficiará a alrededor de 400 personas, aunque algunos colectivos tienen dudas de si quedarían o no cubiertos. En este sentido, los jueces señalan que las leyes tienen diferentes interpretaciones y, después de que los fiscales del 'procés' se hayan opuesto a amnistiar la malversación por utilizar fondos públicos para el 1 de octubre, María Jesús del Barco, también considera que hay ciertas dudas. "La definición de la malversación, y lo que es el delito de malversación, difiere de lo que dice la amnistía (...) Sobre esto ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, diciendo que no es preciso para que exista delito de malversación que exista ese ánimo de lucro particular, o que se haya lucrado la persona condenada o acusada, pero es lo acorde con la normativa europea", ha explicado.
Desde Bruselas, el candidato de Junts, Toni Comín, condiciona ahora el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez. "Si el PSOE es inteligente, la primera investidura será la del presidente Puigdemont". El día después de la aprobación de la amnistía, ERC denuncia que hay jueces que no quieren aplicarla. "Puede haber una cúpula del poder judicial que esté haciendo política otra vez", ha expresado Diana Riba.
Por su parte, el ministro Félix Bolaños da por hecho que los jueces aplicarán la ley de amnistía y ante la duda de cuándo saldrá en el BOE para que entre en vigor, ha informado de que se están "haciendo los trámites". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confía en que los jueces y la UE frenen la ley y habla de ataque al Estado de derecho. Jordi Cañas (Ciudadanos) carga contra Sánchez por su "corrupción política" y pide centrar la campaña en Europa.
