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José María Macías Castaño, a parte de ser actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, acaba de ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, y ha estado en el 24 horas con Josep Cuní donde ha calificado como "magnífica noticia" el acuerdo entre el PP y el PSOE para desbloquear la situación del Consejo. "Creo que es un acuerdo ponderado y que plantea una transición hacia un modelo que en el futuro nos ahorrará que volvamos a vivir situaciones como las que hemos tenido que vivir estos últimos cinco años", afirma. Además, dice que será un modelo "diferente, mucho menos politizado y en el que los jueces tendrán una participación mucho más protagonista a la hora de nombrar a los vocales".

Macías remarca que estos últimos cinco años ha sido una "época muy compleja": "Primero, por lo que implica también el desgaste y verlo en la propia institución [..] Pero añadido a ello, con una situación política que tomaba el poder judicial como referente de ataques", se lamenta el magistrado, aunque a él ahora le espera otro reto: el Tribunal Constitucional. Si bien sabe que el trabajo que le espera "no es sencillo", lo toma como algo apasionante: "La satisfacción que me produce poder llevar adelante este desempeño es mágica, no la puedo sustituir por ninguna mayor".

El vocal del CGPJ asegura que la experiencia que le ha proporcionado tanto el sector público como el sector privado ha sido toda enriquecedora: "Todos me han proporcionado una perspectiva diferente que quizás otros compañeros que no hayan pasado por según qué sectores sencillamente desconocen".

En cuanto a la llegada de la ley de amnistía al Tribunal Constitucional, órgano en el que comenzará sus labores Macías, el magistrado asegura que tendrá que esperar "a ver cómo se desenvuelve en el Tribunal", si bien ha habido ejemplos anteriores. "Ya me enteraré del criterio del Tribunal cuando ese puente se tenga que cruzar, antes es especular", sentencia.

El Gobierno y PP podrían desbloquear hoy mismo la renovación del CGPJ, que lleva ya cinco años caducado. Las negociaciones se han intensificado en las últimas horas y el acuerdo podría sellarse esta tarde en Bruselas.

Ambas partes han rebajado el tono, y han tirado de discreción los últimos días. Fuentes del PP hablan de optimismo moderado. En público aseguran que no renuncian a sus posiciones iniciales. El PSOE no aclara si habrá cambio en el sistema de elección de jueces, pero insiste en su postura de "despolitización de la justicia".

La cúpula fiscal se reúne hoy para tratar de unificar su postura sobre cómo se debe aplicar la amnistía para los líderes del 'procés'. Mientras que el Fiscal General del Estado se ha mostrado partidario a aplicar también la amnistía a los condenados por malversación, los fiscales del 'procés' no están de acuerdo. Jesús Arteaga, presidente de Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha señalado que la malversación sí está contemplada en la ley de amnistía "en la exposición de motivos y en el artículo 1, que habla de su ámbito objetivo"; además, “el delito de malversación de caudales públicos tiene ámbito de lucro". A su parecer, la cuestión depende de la interpretación de si hubo "enriquecimiento personal" o "si el dinero obtenido ilegalmente se usó para la celebración de un referéndum ilegal". Por tanto, ha señalado que este matiz puede ser clave de cara a la aplicación de la ley de amnistía en este caso.

Sobre las discrepancias de los fiscales, Jesús Arteaga ha expresado en Las mañanas de RNE que deben cuadrarse dentro de "normalidad". Sin embargo, ha insistido en que, "aunque la carrera es jerárquica y el funcionamiento es jerárquico, no necesariamente tenemos que acatar aquellas decisiones u órdenes de nuestros jefes".

El eurodiputado del PP y exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní tras anunciar que deja la política tras 47 años en la política institucional. Si bien, García-Margallo admite que "los que concebimos la política como un servicio a España y a los españoles no nos retiramos nunca". El exministro explica que se retira porque quiere "más tiempo para reflexionar" y no estar "en la pelea intrapartidista de quién ocupa un determinado puesto". "Estoy seguro que habré hecho muy felices a algunos diciendo 'Este señor ya deja de molestar'. Voy a seguir molestando, o sea que si esa es su alegría, pueden amortizarla esta noche", ha ironizado.

El hasta ahora eurodiputado del PP cree que no debemos olvidar el desembarco de Normandía: "Significó la derrota de los totalitarismos". "Tenemos amenazas por la extrema derecha y por la extrema izquierda, y creo que es más necesario que nunca una alianza de los que creemos que Europa no es una opción, es una necesidad", insiste García-Margallo. "La polarización, cuando se llega a un extremo, acaba siempre en la violencia, y por ahora en España es sólo verbal, en otros sitios ha pasado de verbal a agresiones física", explica, aludiendo a casos como el intento de magnicidio contra el primer ministro eslovaco.

Sobre la amnistía, García-Margallo recuerda que no está expresamente prohibida, si bien explica: "La lógica dice que si está prohibido el indulto general, en el artículo 62 (de la Constitución), que sólo borra la pena, con mayor razón está prohibida la amnistía que borra la pena y el delito [...] Los poderes públicos sólo pueden hacer aquello para lo que están expresamente autorizados", defiende.

La malversación en el 'procés' no debe borrarse. Es la conclusión de los fiscales, que sostienen que ni los huidos ni los condenados deben beneficiarse de la amnistía. Aplicarla sería –aseguran– improcedente y contrario a la ley. Asimismo, sostienen que hubo ánimo de lucro porque fueron ellos mismos los que sustrajeron caudales públicos para celebrar un referéndum ilegal.

Joan Queralt, senador de ERC, ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní, donde ha catalogado como "procedimiento muy formalista" que el juez Llarena mantenga vigentes las medidas cautelares contra los miembros del 'procés' huidos. El senador admite que desde que empezó el 'procés' decidió no hacer pronósticos: "Mi capacidad de entrever la seguridad jurídica es nula, porque yo veo maniobras que pueden ser extrañas. Estamos en el día del cumpleaños de Alicia en el País de las Maravillas, todo puede ser posible", defiende.

Queralt pronostica, desde su punto de vista, que la ley en muchos casos no será de aplicación inmediata, pero se aplicará: "Tardará, unos cuantos sujetos verán cómo se retrasa la aplicación, pero al final no habrá más narices que aplicarla", y cree que son "maniobras de dilación movidas por un entendimiento defectuoso de lo que es la ley de amnistía". Insiste en que casos como el del expresident Torra, cuya sentencia es firma y la pena de inhabilitación está cumplida, no se pueden comparar a los casos de apelación de la sentencia o que aún no han llegado a juicio oral. "El muestrario es el abanico de posibilidades. Es bastante grande y bastante diverso", incide.

El senador de ERC confiesa que desde su partido supieron desde siempre que "no era coser y cantar" sino "picar piedra hasta que saliera sangre de las manos": "Esto agota paciencia y fuerzas, pero si hemos resistido hasta aquí yo creo que seguiremos resistiendo y ofreciendo todo el apoyo moral y jurídico a las personas que entendemos que han de ser beneficiarios de la amnistía", sentencia el senador.

El abogado penalista, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Barcelona, Marc Molins, ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní para explicar el proceso de aplicación de la ley de amnistía, tras su entrada en vigor hoy al ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Tras las declaraciones del juez Llarena en las que afirma que no levantará la orden de detención a las cuatro personas, que se consideran huidas en este momento, hasta que no haya un "pronunciamiento firme", que según Molins es el tiempo que tarda el Constitucional, o en su caso, el Tribunal de Justicia, en manifestarse acerca de esta adecuación constitucional a los tratados internacionales de la ley de amnistía.

A esto pueden existir recursos, y Molins recuerda que habrá que ver en qué términos se presentan dichos recursos. "Hay que recordar que el famoso artículo 4  de la ley de amnistía establece que desde el momento que se apruebe la norma los jueces deben alzar las medidas cautelares, lo que pasa es que la duda acerca de la constitucionalidad puede precisamente versar sobre este artículo, con lo cual volvemos a estar en esta especie de deja vú, de duda permanente y constante, acerca de la voluntad del legislador", explica el abogado.

Molins añade que la ley de amnistía podría no aplicar a determinados delitos. "Singularmente aquellos que afecten a los intereses de la Unión Europea [...] Es uno de los límites claros que generaría riesgo en caso de ser contemplado de forma explícita en la ley", argumenta.

Cabe destacar que el doctor en Derecho defiende que la ley de amnistía "parte de una premisa y es la necesidad de pacificar, de resolver un conflicto". "Esa voluntad de pacificación exige, según el legislador, optar por esa amnistía [...] Buscar argumentos para inaplicar, es decir, para torcer la voluntad del legislador tampoco debería proceder", sentencia.