Durante el puente de la Constitución hasta ocho comunidades exigen pasaporte COVID, a las que pronto se sumará Canarias, que este sábado ha recibido el aval de los tribunales, aunque entrará en vigor el 10 de diciembre. En Andalucía la justicia lo rechazó por no señalar hasta cuándo se iba a exigir y Cantabria espera la decisión.
FOTO: Una pareja accede a un local en Valencia con el aviso de que ya ha entrado en vigor la exigencia del pasaporte COVID. EFE/Kai Försterling
Hacienda pone la primera piedra para arrancar la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva pendiente siete años. El punto de partida es un nuevo cálculo de la denominada población ajustada. La referencia que se emplea para el reparto de fondos entre las comunidades.
Mayor peso al gasto en sanidad y educación, pero también al coste que acarrea la despoblación y la insularidad. Es la propuesta de Hacienda para cambiar la fórmula -en vigor desde 2009- que determina qué comunidad se lleva cuánto cada año del fondo de garantía.
La fórmula se denomina "población ajustada" y tiene en cuenta, además, el gasto en servicios sociales para mayores de 65 años, los empadronados y variables como la superficie y la dispersión de población. Este modelo de financiación tendría que tener en cuenta la situación de las comunidades que han estado infrafinanciadas. Ahora se esperan las aportaciones del conjunto de las CCAA.
El Fondo de Garantía pretende que cada autonomía reciba cada año los mismos recursos por habitante para financiar sus servicios públicos. Es una de las tres patas del sistema de financiación autonómica actual. No es la que más dinero reporta a las arcas -que son los impuestos- pero sí la que más tensiones despierta entre las comunidades.
El 13 de diciembre llegarán 1,3 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 para niños. 2 millones más se entregarán en enero. El Ministerio Sanidad solo ha dicho que será proporcional entre las comunidades, aunque la vacunación a niños aún no está aprobada en nuestro país. Se debatirá el próximo martes.
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La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que España recibirá3,3 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Los viales llegarán a partir del 13 de diciembre y se repartirán entre las comunidades autónomas de forma proporcional a su población infantil. Darias ha avanzado también que la Comisión de Salud Pública se reunirá el próximo martes para abordar el asunto y tomar una decisión para inmunizar a estos menores. "Todo preparado y dispuesto si la Comisión de Salud Pública autoriza", ha afirmado la ministra, que ha querido recordar que serán los técnicos de estatales y autonómicos los que decidan los términos y criterios de la estrategia.
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La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado en el programa de TVE La hora de La 1 que la "gran receta" contra la variante ómicron es "la vacunación". "Estamos pensando en utilizar las formulas que han sido eficaces, gracias a las cuales hemos hecho frente al virus hasta este momento", ha manifestado, sobre las medidas que tienen previstas las autoridades sanitarias españolas para hacer frente a un posible incremento de los contagios debido a la irrupción de la variante ómicron en el país. "Somos el país que esta liderando la vacunación. Esta es la gran receta: vacunarse. También la mascarilla, la distancia…", ha valorado, al mismo tiempo que ha pedido a los ciudadanos, ante los eventos sociales y familiares que se avecinan, "que nos cuidemos, siguiendo las recetas que han funcionado".
Sobre la posibilidad de volver a centralizar en el Gobierno de España las decisiones para hacer frente a la pandemia, como ocurrió en las primeras fases de la pandemia, Morant ha abogado por continuar con la cogobernanza. "Al principio, durante el estado de alarma, el Gobierno asumió el mando único, pero después hubo un gran acuerdo de país para que fueran las comunidades autónomas las que fueran tomando las medidas adecuadas para cada territorio. Seguimos en ese marco de cogobernanza y vamos a seguir en esa línea", ha declarado.
Asimismo, sobre la vigilancia epidemiológica que se está llevando a cabo para hacer frente a la variante ómicron del SARS-CoV-2, la ministra de Ciencia cree que hasta ahora "el control ha funcionado, se han localizado los casos y vamos a seguir en esa línea de secuenciación y vigilancia permanente".
Los ocho presidentes autonómicos reunidos este martes en la 'cumbre de Santiago de Compostela' han firmado una declaración institucional en la que han reclamado un modelo de financiación autonómica que subsane las deficiencias del actual sistema de reparto entre los distintos territorios y que garantice la calidad de los servicios públicos en la España rural y despoblada. Una financiación que deberá ser fruto del "consenso multilateral" del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Así lo han rubricado los presidentes de Galicia (PP), Castilla y León (PP), Castilla-La Mancha (PSOE), Aragón (PSOE), Extremadura (PSOE), Asturias (PSOE), La Rioja (PSOE) y Cantabria (PRC) en una declaración conjunta. Son regiones que, según exponen en el documento, contemplan el 62% del territorio y un 24% del total de la población española, por lo que piden al Gobierno un sistema que tenga en cuenta la dispersión de la población, que encarece la prestación de los servicios.
Sanidad estudia con las comunidades cambiar el semáforo de alertas por coronavirus y las restricciones que conlleva. Por ejemplo, para entrar en riesgo alto o muy alto, tendría que haber 300 y 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Es el doble de lo que se contempla ahora. La mayoría de comunidades justifican que la incidencia acumulada deje de marcar tanto el paso. Así, en riesgo medio, se adelantaría el cierre de la hostelería a las 23 horas.
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Las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Navarra, tienen un régimen común que les otorga autonomía financiera para gestionar las competencias que tienen transferidas, como la sanidad, la educación o las políticas sociales. Y lo hacen con la posibilidad de crear sus propios tributos o tasas y con la cesión total o parcial por parte del Estado de determinados impuestos como los de patrimonio, sucesiones y el de donaciones. Y aquí surge uno de los principales enfrentamientos entre comunidades por la competencia desleal que hacen algunas bajando impuestos o prácticamente eliminándolos y obligando a otras a seguir sus pasos. El resultado es menos dinero en sus arcas para la prestación de esos servicios fundamentales.
Las más afectadas piden que sus impuestos se igualen para todas. Para compensar las diferencias están las transferencias del gobierno a las comunidades, que se basan en criterios de población y en características de cada territorio y que son precisamente las que para muchos hay que revisar porque no recaudan y recibe lo mismo una comunidad superpoblada que una con pocos habitantes y tampoco cuesta lo mismo cubrir sus necesidades básicas.
Informa Rosa Guardado
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, anfitrión del encuentro de hoy entre ocho presidentes autonómicos para hablar de financiación, dice que lo importante no es pensar en siglas: “Es una reunión de trabajo. No es un bloque ni un frente”. Juntos representan al 62% de la población de todo el país. Por eso, reflexiona Feijoo en RNE: "Lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. Vamos a intentar demostrar que los políticos somos capaces de unirnos y llegar a acuerdos en favor de los ciudadanos". En el caso de este grupo de CCAA, la clave que plantean es el coste de los servicios públicos: "El objetivo del sistema de financiación es financiar el coste de los servicios que prestamos; no es lo mismo el gasto sanitario en una persona de 85 años que en una persona de 18. En la Sanidad, la edad es determinante porque la edad no tiene cura". No es partidario de revisar el modelo de País Vasco o Navarra. Su objetivo es que se tengan en cuenta las particularidades de los territorios: “No se trata de discutir con otras CCAA sino decirle a otros, siéntense y vamos a ver”. Por eso, cree que el Gobierno central debe jugar un papel que, ahora mismo, no está jugando. Mirando a la pandemia, Feijoo apuesta claramente por el certificado COVID para conseguir que más gente se vacune y lamenta que España no tenga una legislación que evite decisiones como la de ayer del TSJ del País Vasco: “Estamos en la sexta ola y es bueno prevenir para no tener que cerrar ciertas actividades durante la navidad”. Por último, sobre la situación de su partido en Madrid, confía en que el debate sea solo de fechas porque, “si no, no sería democrático”. Cree lógico y positivo que Díaz Ayuso quiera presentarse, le parecería negativo que no fuera así, y confía en que el debate bajará cuando el cónclave tenga fecha.
Con la incidencia más alta del país, Navarra ya ha pedido a la justicia que avale el uso del pasaporte COVID en el ocio nocturno, en restaurantes con más de 50 comensales y eventos multitudinarios con consumición en interiores. En caso de aprobarse, quedaría vigente del 27 de noviembre al 6 de enero. También se une a esta reivindicación el País Vasco, que hasta el lunes no conocerá la decisión de su Tribunal Superior de Justicia. En Galicia, los jueces han avalado que, además de en el ocio nocturno, el pasaporte será necesario para visitar o acompañar a pacientes en los hospitales. Unas medidas que en Madrid o Castilla y León por ahora, no contemplan y piden unificar criterios. [Coronavirus: última hora en directo. Foto: Eduardo Sanz / Europa Press.
Pedro Gullón, epidemiólogo y profesor de Medicina Preventiva de la Universidad Alcalá de Henares ha explicado que la vacunación ha cambiado la perspectiva de la pandemia: "La incidencia ya no significa lo mismo que hace un año". También ha señalado que las probabilidades de que una persona infectada acabe en la UCI es mucho más baja que antes de comenzar con la vacunación. "Con el tiempo, la vacuna baja su efectividad para prevenir casos, pero no parece hacerlo para prevenir casos graves", ha mantenido Gullón. "El pasaporte covid puede servir para estimular la vacunación y para disminuir la incidencia. Hay que pensar si esas utilidades sirven en España y ahí tengo mis dudas porque el 90% de la población ya está vacunada y restringiría actividades solo a un 10% de la población", ha indicado en 24 horas RNE.
