El Presidente ofrece un pacto anticorrupción en la primera sesión de control de 2013, con el caso Bárcenas muy presente.
El Gobierno ha anunciado hoy nuevas medidas para incluirlas en la ley de desahucios que tramita el Congreso. Propone subir el nivel de ingresos de las familias en situación de desahucio o que los jueces puedan intermediar con los bancos para reducir sus deudas.
Aún no ha nacido pero la Ley de Acción Exterior ya ha generado controversia. Con el futuro texto el Ministerio de Exteriores quiere coordinar la acción en el exterior. Y, por ejemplo, que los presidentes autonómicos y representantes de las altas instituciones informen cuando viajan al extranjero. Pero gobiernos autonómicos, como el de Cataluña creen que en realidad, lo que pretende el gobierno es controlarlo todo. Sobre el posible cierre de oficinas, García Margallo ha reconocido que se barajó la posibilidad de cerrar delegaciones autonómicas en el extranjero si estas comunidades no cumplían con el objetivo de déficit. García Margallo ha vuelto a invitar a las comunidades que lo deseen a que integren sus oficinas en el exterior en las del estado para ahorrar. Una fórmula, ha dicho el Ministro, que también aplicarán con diplomáticos españoles que pasarán a formar parte de las delegaciones de la UE.
La noticia ha provocado distintas reacciones en el Congreso. Para el PSOE, confirma que la amnistía fiscal ha sido un coladero para defraudadores y delincuentes. El ministro de Hacienda ha dicho que Bárcenas no se acogió a la regularización como persona física, tal y como adelantó en su comparecencia parlamentaria, y que es la justicia la que determinará si la procedencia del dinero es o no lícita.
El Gobierno propone que los jueces puedan condonar la deuda que le quede al deudor por buen pago. Así, el juez podrá condonar una deuda superior al 75% de la hipoteca a partir del quinto año de vida del crédito, y del 80%, en el caso de que esta tenga más de 10 años. El ministro de Economía, Luis de Guindos, también ha manifestado en el Congreso que si la entidad financiera obtiene una plusvalía al vender la vivienda, se puede reducir la deuda.
Se ha hablado en el congreso del indulto al conductor kamikaze que mató a un joven en Valencia. El PSOE ha preguntado al ministro de Justicia las razones de esa decisión y si tuvo algo que ver la relación de un familiar suyo con el despacho de abogados que defendía al conductor. Gallardón lo ha negado y ha explicado que se tomó como ejemplo un indulto similar aprobado por el anterior gobierno socialista.
La corrupción ha centrado en el Congreso de los Diputados buena parte de la primera sesión de control al gobierno este año. El presidente Mariano Rajoy ha reiterado al resto de los grupos su oferta de pacto para combatirla, aunque desde la oposición, Estrella Morena, le han pedido que antes tome medidas en lo que afecta a su partido.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este miércoles que existen datos que "confirman" que la economía española "va por el buen camino". Preguntado por el portavoz socialista de Economía, Valeriano Gómez, por su opinión a la luz de los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2012, el titular de Economía ha reconocido que son cifras "malas sin paliativos" pero ha matizado que "corresponden al peor trimestre de la economía española desde que cayó en recesión en el tercer trimestre del 2011". El responsable de Economía destacó la evolución de la balanza de pagos, que prácticamente ha logrado cerrar "la brecha de nuestro sector exterior", y la mejora de la competitividad, con una reducción de los costes laborales que es "extremadamente positiva". Por su parte, el exministro socialista de Trabajo ha criticado que 400.000 de los casi 900.000 puestos de trabajo destruidos el año pasado eran empleos estables, "el triple que en 2009", y ha subrayado que hay casi 3 millones de personas sin prestaciones de desempleo y unos 400.000 menores de 30 años que han perdido su empleo. "Hace un año aprobaron la reforma laboral que está tras este tremendo descalabro. Usted la calificó en Bruselas de agresiva, y tenía razón. Hemos dado un gran paso atrás, pero usted dice que el futuro es brillante, que con esta política dura e injusta saldremos adelante. España tendrá un futuro brillante, podrá seguir adelante. Pero lo hará la España del trabajo y el esfuerzo, de la equidad fiscal, la España que quiere cultura más que apariencia y que respeta la igualdad frente al lujo", ha replicado Gómez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantizado que el Ejecutivo presentará medidas concretas para perseguir los delitos de corrupción y ha dicho que "si hay que modificar el Código Penal y endurecer las penas, se hará". Sáenz de Santamaría ha admitido que hay que trabajar más contra la corrupción "que no entiende de colores, sino de honradez y honestidad", pero ha recordado también que la Ley de Transparencia, que se está tramitando, es un buen "antídoto" contra la corrupción. "Porque para perseguir todos esos delitos, la mejor manera de hacerlo es conocerlos y la mejor manera de conocerlos es que se publiquen de la A a la Z las subvenciones y contratos de las administraciones públicas que pueden ser un foto u origen de esta corrupción", ha dicho.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha referido al caso Bárcenas en el Congreso de los Diputados aunque sí ha insistido en la necesidad de que todos los grupos alcancen un pacto contra la corrupción, tal y como anunció tras el último Comité Ejecutivo del PP.Lo ha hecho en la primera sesión de control del año, una sesión extraordinaria fuera del periodo de sesiones, en la que la corrupción política ha sido la protagonista.En su primer cara a cara de 2013, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha pedido a Rajoy "contundencia, celeridad y ejemplaridad" en la lucha contra la corrupción, a lo que Rajoy ha respondido: "No se me ocurre otra cosa que hacerle la misma recomendación".
El portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, se ha quejado hoy de que el PP y el PSOE haya excluido a su grupo del acuerdo para dar salida a los afectados por las preferentes, cuando los nacionalistas catalanes -ha dicho- han sido los promotores del pacto. Mientras, el portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella, ha asegurado que no aceptarán ningún tipo de acuerdo sobre los afectados por las preferentes fruto del "bipartidismo", que no se logre en el Parlamento y no vaya "al rescate de las personas" y a resolver problemas.
El ministro Montoro comparecía para hacer balance de la regularización fiscal, pero tuvo que responder sobre las novedades del caso Bárcenas, muy presente también en la diputación permanente.
