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  • La pequeña desapareció el 13 de enero de 2008 cuando iba a comprar chucherías
  • Su presunto asesino, Santiago del Valle, estaba en la calle por un error judicial
  • Del Valle tenía una condena por pederastia por abusar de su hija que no se llegó a ejecutar
  • El 'caso Mari Luz' ha motivado una reforma del Código Penal para endurecer penas
  • El CGPJ sólo ha sancionado con 1.500 euros al juez Tirado
  • Como presidente del Supremo, Dívar no puede pronunciarse sobre este tema
  • Este órgano debe revisar el caso Tirado, por lo que se limita la intervención de Dívar
  • Gabriela Bravo ha señalado que hay prevista una comparecencia para principios de año
  • Dívar explicará las decisiones y actuaciones del Consejo General del Poder Judicial
  • El PSOE ha formalizado su petición de comparecencia ante el Congreso

La portavoz del Consejo General Poder Judicial, Gabriela Bravo, se ha mostrado dispuesta a la comparecencia en el Parlamento del presidente del órgano de control de los jueces, CarlosDívar, para explicar la polémica sanción al juez Tirado, que no dilató la ejecución de una condena al presunto asesino de Mari Luz.

  • También se querellará contra la psicóloga y la trabajadora social del juzgado
  • Acusa al juez de prevaricación y al equipo psicosocial de falsedad documental
  • Calamita ha sido condenado por retrasar maliciosamente una adopción por lesbianas
  • Estará más de dos años sin poder ejercer ningún cargo público
  • La Defensa ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo

Los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han impuesto hoy su mayoría y han confirmado la multa de 1.500 euros que le fue impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado hace tres meses por el anterior Consejo por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Félix Azón, ha pedido al pleno de este órgano que confirme la multa de 1.500 euros impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado y que le sancione por una falta muy grave con suspensión de uno a seis meses, lo que no implicaría su trasladado del juzgado.