La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha este martes una macrooperación contra el presunto amaño de contratos de gestión del tráfico y multas en unos cuarenta ayuntamientos de toda España gobernados por el PP, PSOE y Ciudadanos.
En la Audiencia Nacional, ha comenzado el primer juicio por la trama Púnica, en el que se investiga en primer lugar un supuesto chivatazo de dos guardias civiles a Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño, al que avisaron de que estaba siendo investigado.
El comisario jubilado José Villarejo; su mujer, Gemma Isabel Alcalá, y el comisario Carlos Salamanca, exresponsable de la Comisaría del aeropuerto de Barajas, han sido detenidos acusados de integrar una red de blanqueo de capitales e inmigración ilegal a cambio de cohechos. Los tres han sido arrestados en la operación Tándem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional en el marco de una investigación llevada a cabo junto con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. En esa operación se ha ordenado el arresto de seis personas y se están practicando más de una decena registros en domicilios y sedes de empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia. Entre otros lugares, se ha registrado la oficina de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid y su vivienda en Boadilla.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, siguiendo órdenes del Juzgado de Instrucción 50 de Madrid, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, ha desmantelado una supuesta red corrupta de funcionarios de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de Tráfico (DGT) que presuntamente han favorecido contratos públicos a cambio de sobornos.
Hasta el momento han sido detenidas 14 personas bajo la acusación de fraude y malversación. Siete de los detenidos son funcionarios del Ministerio de Interior: uno empleado de la DGT y seis funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (no todo son agentes del cuerpo).
El resto de detenidos son el trabajador de una subcontrata de comidas y seis empresarios favorecidos por los contratos.
La organización se encargaba, presuntamente, de amañar contratos del servicio de cafetería y comidas, además de la confección de uniformes y obras. La red trabajó durante años y amañó contratos importantes, como el de la Academia de Ávila, el complejo policial de Canillas, en Madrid, o la Base del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado este miércoles las viviendas del expresident catalán Jordi Pujol- su domicilio habitual en Barcelona y la casa que la familia dispone en Queralbs (Girona)-, según han informado fuentes de la investigación.
El registro del domicilio del expresidente catalán se ha efectuado en presencia de su primogénito Jordi Pujol Ferrusola, a quien el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó este martes enviar a prisión preventiva sin fianza por ocultar supuestamente 30 millones de euros desde que se investiga la fortuna familiar. El hijo mayor de Pujol es el supuesto organizador y distribuidor del dinero oculto de la familia.
Es Bartomeu Cursach, el gran magnate del ocio nocturno en Mallorca. Un imperio empresarial al que pertenecen las más conocidas discotecas de Magaluf y la Playa de Palma, El juez le ha enviado a prisón acusado de más de 15 delitos.
En enero de 2016 se inició el juicio que siete meses después quedó visto para sentencia.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad a Oleguer Pujol después de que la Fiscalía haya pedido su ingreso en prisión por el riesgo de que siga blanqueando dinero, pero le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. En un auto, el juez también le impone la prohibición de salir del país, de manera que ahora Oleguer comparte las mismas medidas cautelares que su hermano Jordi, hijo mayor de los Pujol-Ferrusola, aunque este debe comparecer cada semana y no cada quince días.
