La oposición venezolana ha difundido una conversación grabada en la que supuestamente se denuncian tramas de corrupción, conspiración militar e intrigas en el gobierno. Destaca la lucha de poder entre el presidente Nicolás Maduro y el del Parlamento, Diosdado Cabello. Los dos han negado las desavenencias y hablan de montaje.
Siete personas han sido detenidas en Badajoz, Toledo, Madrid y Sevilla por las presuntas irregularidades y el gasto excesivo que figuraba en la contabilidad del Instituto Ferial de Extremadura, según una investigación iniciada hace dos años. No se han facilitado las identidades de los detenidos pero sí sabemos que han registrado la vivienda del que fuera director de la entidad, José Luis Viñuela, y que también fue diputado socialista en el parlamento extremeño. Está imputado por presunto delito de malversación, fraude y delito fiscal junto a otros dos directivos de FEVAL.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella ha confirmado las declaraciones de su yerno, Alejandro Agag, en relación con el cabecilla de la trama Gurtel, Francisco Correa, que habría pagado parte de la boda, asegurando que "como ha dicho ya" su yerno "es un regalo de una boda celebrada hace 11 años de un invitado a uno de los contrayentes", sin dar más explicaciones.
El presidente del Senado, Pío García-Escudero, y el diputado del PP Eugenio Nasarre han reconocido sobresueldos mediante trasnferencia bancaria y durante cuatro años por parte del Partido Popular. En el caso de García-Escudero recibió 4.200 euros al mes del 1999 a 2003 como coordinador de organización del partido por medio de transferencias bancarias y con retenciones fiscales, mientras que en el de Nasarre, fueron 1.800 euros mensuales de 2000 a 2004.
En la Asamblea de Madrid se ha celebrado un pleno polémico. El presidente de la cámara ha expulsado a tres diputados socialistas que han llamado "corrupto" al presidente de la Comunidad, Ignacio González. La semana pasada fue expulsada Maru Menéndez por este mismo motivo y sancionada con un mes sin permitirle el acceso a la cámara.
Ese informe concluye que las constructoras que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas como donantes al Partido Popular fueron adjudicatarias de contratos públicos por más de 12.300 millones de euros por parte de administraciones gobernadas por el PP.
