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La juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los presuntos ERE fraudulentos ha impuesto una fianza de 251.000 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.000 euros al de CCOO Roberto Carmona. Además, declara responsables civiles subsidiarios a los dos sindicatos en caso de que los imputados no puedan pagar las fianzas.

En el caso de los ere, han comenzado a pasar a disposición judicial siete de los diez detenidos. Tres han quedado en libertad. Los primeros que han llegado son los dos detenidos vinculados a los sindicatos. Entre ellos, el secretario de UGT en Cádiz que ha defendido incondicionalmente y de manera personal el responsable del sindicato en Andalucía.

Se sienta en el banquillo el expresidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra. Han comenzado a declarar los testigos, entre ellos, el actual ministro de Agricultura y el presidente y la vicepresidenta del Congreso. Los tres han declarado por escrito.