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Se Inicia  en los juzgados de Valencia el juicio por una de las ramas de la trama Gürtel.  Entre los acusados, las exconsejeras, Milagrosa Martínez y Ángelica Such. A la llegada Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la red, ha insistido en que son inocentes y en que todo esto obedece a una operación política.

El juicio por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel por el expositor valenciano en Fitur entre 2005 y 2009, durante el Gobierno de Francisco Camps, empieza este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y se desarrollará a lo largo de 37 de sesiones, hasta el 8 de octubre.

Trece procesados, entre ellos dos exconselleras y los supuestos cabecillas de la trama, se sentarán en el banquillo de los acusados en el que supone el segundo juicio de la rama valenciana del caso Gürtel que se celebra en la Comunitat, tras la denominada "causa de los trajes", en la que se absolvió a Camps y Ricardo Costa.

Esta es, además, la primera de las seis piezas separadas sobre supuesta financiación irregular del PPCV que llega a juicio, y posiblemente la única que se juzgue en el TSJCV, ya que en las cinco restantes el alto tribunal valenciano ha pedido que lo haga la Audiencia Nacional, al no quedar aforados en ellas.

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a un año y cuatro meses de prisión por un delito de tráfico de influencias en el caso Mercurio al exsecretario de Organización del PSC y exdiputado del Parlament, Daniel Fernández; al exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos y a su hermano, el exconcejal del municipio Francisco Bustos. A la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, le condena por un delito de prevaricación a una pena de siete años de inhabilitación para cargos públicos.

La defensa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas señala en un recurso que los responsables de que no se tributaran ante Hacienda las donaciones recibidas en 2008, último año recogido en su contabilidad B que no habría prescrito, eran los "administradores o legales representantes" de la organización y no el antiguo responsable de las finanzas 'populares'.

Un informe de la auditoría externa encargada por el Gobierno de Extremadura, que atañe a cursos de formación a ocupados en la convocatoria de 2011, constata "diversas irregularidades" cometidas por la patronal extremeña (Creex), los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura. Según el informe, la patronal habría defraudado 1,5 milones de euros, CC OO y UGT entre 600.000 y 650.000 y CEPES, entidad de economía social  al menos 300.000. El sindicato Comisiones Obreras ha salido al paso de estas acusaciones afirmando que todas sus facturas están justificadas y que hasta el día de hoy la Junta no le había reclamado devolución de cantidad alguna.

Nueva operación contra el fraude en los cursos de formación en todas las provincias andaluzas. La Guardia Civil, por orden de la juez Mercedes Alaya, ha detenido a dieceisésis personas y ha imputado a otras cinco, entre ellos, hay varios exdirectivos del Servicio Andaluz de Empleo, como los delegados de Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, que han sido apartados de sus funciones. La juez amplió la investigación de los cursos tras analizar nuevos informes. Unos informes que le habrían llevado a ordenar esta operación. La juez investiga un fraude de hasta 950 millones de euros en tres años (24/03/15)

Operación de la Guardia Civil en la que se han practicado nuevas detenciones de exdirectivos del Servicio Andaluz de Empleo, en relación con el presunto fraude en los cursos de formación que investiga la juez Alaya.  Los agentes han detenido al que fuera delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado también en la causa de los ERE irregulares.