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El presidente del Senado de Brasil, Renán Calheiros, ha rechazado suspender el proceso parlamentario que examina si se le abre un juicio político a la presidenta del país, Dilma Roussef, así como devolverlo a la Cámara de Diputados, tal como había solicitado este mismo lunes su presidente interino, Waldir Maranhao.

"Es una decisión intempestiva", ha argumentado Calheiros sobre la decisión de Maranhao, que argumenta diversos errores procesales para anular la votación del pasado 17 de abril, que aprobaba el juicio político y enviaba el caso al senado para su apertura definitiva, y solicitar que la causa volviera a la Cámara Baja para que se votara de nuevo.

Calheiros, que ha presidido una reunión de urgencia con los portavoces de los partidos políticos representados en la Cámara Alta para evaluar la petición de Maranhao, ha asegurado que la decisión "no tiene ninguna cabida" en el proceso democrático y que "no puede ser aceptada".

El exembajador en la India Gustavo de Arístegui se ha negado este viernes a declarar ante el juez José de la Mata, que le había citado junto a De la Serna como investigado por las supuestas comisiones que percibieron por obtener contratos públicos a empresas españolas en otros países.

También había sido citado hoy como investigado Borja de Arístegui, hijo del exembajador, y que, al igual que su padre, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional en esta causa, que cuenta con 20 imputados, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Borja de Arístegui ha sido el primero en llegar a la Audiencia Nacional y poco después lo hacía su padre, que tras comunicar al juez que no iba a declarar, ha abandonado la sede del tribunal en un taxi sin querer hacer declaraciones a los periodistas que aguardaban en las inmediaciones. "No voy a responder, muchas gracias", se ha limitado a decir.

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Cataluña a cuatro personas en relación a una presunta trama de amaño de contratos: al primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero (PSC); al consultor de este municipio barcelonés Enrique Miró; a Gustavo Cuadrado, ex jefe de gabinete del alcalde socialista de Tarragona; y al director de la empresa Inipro, Ricard Campà. El caso Inipro -también conocido como Anfiteatro- arrancó con la investigación de la contratación supuestamente irregular, sin publicidad, de la empresa que da nombre a la causa, afín al PSC, por parte del Ayuntamiento de Tarragona para el servicio de atención a los inmigrantes con Josep Félix Ballesteros de alcalde, según informa Efe.