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El constructor David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, acusó al exconsejero madrileño Francisco Granados de hacerse con hasta el 20% de las operaciones inmobiliarias que su empresa desarrolló en Valdemoro cuando éste era alcalde, directamente en sobres o a través de una sociedad en la que figuraba la mujer de su jefe de gabinete Ignacio Palacios, durante las 13 horas de confesión el pasado mes de junio ante el juez del caso Púnica, Eloy Velasco.  

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) ha pronosticado este jueves que la causa que se instruye por una posible trama de corrupción en el Ayuntamiento, y por la que dimitió en abril, "quedará en nada porque no hay nada" y ha recordado que "siempre" delegó las competencias urbanísticas. Torres Hurtado ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas después de declarar como investigado -lo que antes se llamaba imputado- ante la juez instructora de la causa y ha asegurado vivir el proceso con sorpresa por las dimensiones de la investigación pero "tranquilo, muy tranquilo".

El pleno del Senado de Brasil celebra desde primera hora de este miércoles una de las sesiones más importantes de la historia política reciente en el país sudamericano: los senadores tienen en su mano la decisión sobre la apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, por alterar las cuentas públicas en 2014 y 2015.

Hasta el momento, la mayoría de los senadores que han intervenido se han inclinado por la suspensión del mandato de Rousseff. El número de partidarios del impeachment (destitución) supera ya los 40, por lo que es de esperar que la propuesta de destitución obtenga la mayoría simple necesaria (hay 81 senadores pero dos no se han presentado y el presidente de la Cámara, Renán Calheiros, ha anunciado que no votará).

La presidenta será suspendida durante los seis meses que dure el proceso y el vicepresidente Michel Temer (del Partido del Movimiento Democrático, y considerado uno de los muñidores de esta maniobra) ocupará su lugar. Pasados los seis meses, el Senado puede decidir su cese definitivo, pero entonces los enemigos de Rousseff necesitarán dos tercios de los votos.

En Lugo, el que fuera secretario general de los socialistas gallegos se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez que instruye la Operación Pulpo. José Ramón Gómez Besteiro había sido citado como investigado por seis delitos, entre ellos, cohecho, prevaricación y malversación durante su gestión como presidente de la Diputación Provincial. La Operación Pulpo investiga presuntas irregularidades en la gestión de un programa turístico de la Diputación de Lugo, cuando Gómez Besteiro era su presidente. Su defensa argumenta que todas las decisiones tenían el visto bueno de los técnicos.