La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho a la CUP en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el Ejecutivo y sus organismos públicos actúan "con arreglo a derecho", después de que la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, haya preguntado a la ministra en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en relación con el presunto espionaje a líderes indepedentistas catalanes a través del software Pegasus, qué razones cree que pueden tener los servicios de inteligencia españoles para investigar a la oposición política independentista catalana y vasca. En este contexto, ha preguntado a los independentistas "qué tiene que hacer" un Estado o un Gobierno cuando se vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas o "está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania", en referencia a Rusia. La diputada catalana le ha exigido que se explique a la ciudadanía que se explique "por qué se han vulnerado los derechos fundamentales" y ha respondido que un Estado que trata a la oposición democrática con cloacas, escuchas y espionaje, no es un Estado que pueda llamarse democrático, cómo justifica usted que un juez autorice más de 60 escuchas individualizadas a dirignetes políticos, personalidades destacadas del independentismo, abogados y periodistas".
Foto: EFE/ J.J. Guillén.
Aprovechando la festividad de Sant Jordi, el Día del Libro, todos las fuerzas políticas catalanas se han referido al espionaje al independentismo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su indignación mientras Oriol Junqueras (ERC) ha advertido de que casos similares han tenido graves costes para gobiernos anteriores. Junts y la CUP han vuelto a pedir dimisiones, mientras la oposición da poca credibilidad al caso.
FOTO: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado de su mujer Janina Juli Pujol visita las casetas de venta de libros en el Paseo de Gràcia con motivo de la celebración de Sant Jordi en Barcelona este sábado. EFE/Toni Albir.
El diputado de la CUP en el Parlament, Pau Juvillà ha perdido su escaño por estar condenado a inhabilitación. La mesa agotó el plazo dado por la Junta Electoral Central para despojarlo del mismo.
En Cataluña, la actividad del Parlament está paralizada. La mayoría independentista se niega a convocar o participar en comisiones hasta que la Cámara se pronuncie sobre la situación del diputado de la CUP, Pau Juvillá, inhabilitado por sentencia al negarse a retirar lazos amarillos en campaña electoral. La Comisión del Estatuto del Diputado tiene que emitir un informe, que tendrá que votar un pleno todavía sin fecha. La Junta Electoral ha dado de plazo hasta este viernes para que la presidenta del Parlament le retire el acta de diputado.
A una semana de su votación, Esquerra, Bildu, la CUP y el Bloque plantean un frente común contra la reforma laboral y exigen su tramitación como proyecto de ley, para que se puedan realizar modificaciones. El diputado Jordi Salvador ha informado que Esquerra, la pieza clave en la negociación, continúa las conversaciones con Yolanda Díaz. Salvador ha acusado al PSOE de vetar cualquier mejora en el texto y no rechaza votar no en caso de no llegar a un acuerdo. Informa David Fernández.
En el Congreso, representantes de ERC, Bildu, la CUP y el BNG han leído este jueves por la mañana un manifiesto conjunto contra la reforma laboral pactada por el Gobierno y los agentes sociales. Avisan de que o hay compromiso para modificarla drásticamente hasta el punto de cumplir con el objetivo de no dejar ni rastro de la norma aprobada por el PP o la tumbarán la próxima semana en el Congreso. Piden su tramitación como proyecto de ley -algo que el Ejecutivo, de momento, descarta- y que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los estatales, así como la ampliación de derechos.
FOTO: La portavoz en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua (2i) junto con diputado del BNG Néstor Riego (i), el diputado de ERC Jordi Salvador (2d) y la diputada de la CUP Mireia Vehí (d). EFE/ Chema Moya
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la presunción de inocencia de Juan Carlos I y ha insistido en que es preciso separar “instituciones de personas”, al tiempo que ha elogiado “los esfuerzos de transparencia y ejemplaridad” que está llevando a cabo Felipe VI.
Sánchez ha respondido en la sesión de control en el Congreso a una pregunta de la diputada de la CUP Mireia Vehí sobre si se está buscando residencia al rey Juan Carlos en caso de que regrese de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), adonde se trasladó a vivir el 3 de agosto de 2020 ante la investigación que abrió la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre sus fondos en el extranjero.
