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- Los acusa de varios delitos, entre ellos, tráfico de influencias y prevaricación
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La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para investigar si hubo algún delito en la constitución de Bankia. El primer paso ha sido pedir información tanto a la entidad bancaria como al Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La Fiscalía ha revelado que hace ya unos días abrió diligencias para investigar si pudo cometerse algún delito durante el proceso de constitución de Bankia y ha requerido diversa documentación a la entidad y al Banco de España, informa Efe. La institución sigue así la demanda de varios colectivos y de amplios sectores de la población, que exigen una investigación a fondo del caso.
En una entrevista con esa agencia, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que las diligencias las abrió Anticorrupción el pasado 28 de mayo y se ordenaron ante "la concreción de determinadas situaciones en el proceso de constitución de Bankia que aparentemente pudieran dar lugar a algún indicio que permitiera investigar los hechos delictivos".
La juez que investiga el caso de los ERE ha suspendido todas las declaraciones hasta dentro de dos meses. Mercedes Alaya ha tomado la decisión tras recibir un extenso informe de la guardia civil que asegura que la Junta conocía las irregularidades en la concesión de las ayudas y ocultó documentación comprometida.
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Son varias las diligencias abiertas contra algunas cajas de ahorro por presunta mala gestión. Lo dijo ayer el fiscal general del Estado, que ha ordenado que se investiguen las posibles responsabilidades. Hay 4 cajas con ex-directivos investigados.
El juez que investiga el caso Gürtel ha pedido a la Comunidad de Madrid los contratos de 317 actos en Madrid con empresas de la trama. El magistrado da un mes de plazo a la Comunidad de Madrid para que entregue toda la información.
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En Valencia el juez Castro, que investiga el caso Nóos, interroga a 15 testigos por el presunto desvío de dinero público a través de ese instituto. Ya han comparecido los hermanos Roig, expresidente del Valencia y presidente del Villarreal, y otro exdirectivo del Valencia, Juan Bautista Soler. Los tres han ratificado ante el juez que contrataron al Instituto Nóos porque Iñaki Urdangarín estaba al frente. A la salida, el presidente del Villareal ha hecho referencia al descenso del Villareal para no dar detalles de su declaración.
María Antonia Munar, líder histórica de la desaparecida Unió Mallorquina, se sienta por primera vez en el banquillo de los acusados por su presunta relación en el llamado caso Maquillaje que investiga el desvío de dinero público en su beneficio.
El consejo de Ministros también ha aprobado una reforma del Código Penal para endurecer la lucha contra el fraude. Entre las novedades los delitos fiscales podrán perseguirse hasta 10 años en vez de prescribir a los 5 como ahora, y se podrán castigar con hasta 6 años de cárcel, uno más que ahora. Además se podrá hacer pagar al infractor su deuda durante la tramitación de la querella para evitar que en el proceso venda sus bienes para eludir los pagos. Falsear las cuentas públicas se tipifica como delito penal y conllevará hasta 10 años de inhabilitación. La modificación afecta también al fraude laboral: se considerará delito a partir de 50.000 euros defraudados y no de 120.000 como hasta ahora. También habrá nuevas normas para luchar contra el fraude en subvenciones, sobre todo las prestaciones de la Seguridad Social y las de desempleo.
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La Fiscalía estudia una denuncia contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, por presunta malversación de fondos. La denuncia ha partido del propio Consejo, de un vocal que le acusa de pagar viajes privados con dinero público. Dívar asegura que tiene todos sus gastos justificados.
En el caso Gurtel, más interrogatorios. El exdirector de la radiotelevisión pública valenciana ha negado haber recibido dádivas de la trama. Un testigo, responsable del sonido de la visita del papa a Valencia, ha contado que la trama le ofreció el trabajo tres meses antes de la adjudicación del contrato. Trabajadores de la radiotelevisión pública valenciana se han concentrado en los alrededores de la Audiencia para protestar por su gestión. En Valencia, Milagrosa Martínez, ex consellera de Turismo y ex presidenta de las Cortes, ha negado irregularidades en los contratos con la empresa Orange Market, relacionada con la trama Gürtel, para montar el pabellón de la comunidad en Fitur. Martínez ha comparecido como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia por la supuesta financiación irregular del PP valenciano, derivada del caso Gürtel.
El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de lucha contra el fraude a la seguridad social y contra el cobro irregular de prestaciones por desempleo. Para poner en marcha ese plan habrá más inspectores de trabajo. Soraya Sainz de Santamaría explica que este plan contiene medidas operativas, elementos operativos de la lucha contra el fraude laboral, medidas organizativas y reformas legales. Fátima Báñez plantea como objetivo concreto el afloramiento de la economía sumergida y el control de las prestaciones por desempleo.
El ex presidente balear, Jaume Matas, ha logrado paralizar, en el último momento, la subasta de tres inmuebles de su propiedad, después de llegar a un acuerdo con el Banco de Valencia. Con ellos avaló el préstamo que la entidad le concedió para pagar una fianza millonaria en el caso Palma Arena.
