Amnistía Internacional ha exigido este jueves la liberación inmediata e incondicional de su directora en Turquía, Idil Eser, y de otros siete defensores de los derechos humanos, dos formadores extranjeros y el propietario de un hotel, que fueron detenidos este miércoles "sin causa" cuando asistían a un taller de seguridad digital y gestión de la información en la isla de Büyükada, perteneciente a Estambul.
Europa dice adiós hoy a Simone Veil, la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo y símbolo de lucha por los derechos de la mujer. Superviviente de los campos de exterminio nazi, encarna para los franceses la memoria del Holocausto. "Mi madre ha muerto esta mañana en su domicilio. Habría cumplido 90 años el 13 de julio", ha anunciado su hijo.
Nacida en Niza en 1927 en el seno de una familia judía, sobrevivió al Holocausto, que acabó con la vida de sus padres, con el número 78651 tatuado en su brazo. Veil fue deportada en 1944 con 16 años con sus padres y sus hermanos a los campos de concentración de Ravensbruck y Auschwitz. A su vuelta a Francia, tuvo una formación jurídica y en la Universidad de Sciences Po de París conoció a su marido, futuro director general de la aerolínea francesa UTA. La pareja tuvo tres hijos, entre ellos el famoso abogado Jean Veil. Veil trabajó como alta funcionaria en la magistratura hasta que el presidente, Valéry Giscard d'Estaing la nombró ministra de Sanidad, un cargo en el impulsó y aprobó importantes leyes: en 1974, reguló el uso de anticonceptivos, y en 1975 legalizó el aborto con la conocido por todos como "ley Veil".
Defender los derechos humanos es cada vez más difícil en el mundo. Los activistas, hombres y mujeres, se arriesgan a ser blanco de procesos judiciales, campañas de desprestigio, acoso, amenazas y, en los casos más extremos, desapariciones forzadas y asesinatos. En 2016, 281 activistas perdieron la vida, 125 más que el año anterior.
Amnistía Internacional (AI) considera que estos niveles de persecución, intimidación y violencia son inéditos, y por ello ha lanzado una campaña internacional con el lema "Valiente" para destacar el trabajo de estas personas y pedir su protección.
"Eritrea es una gran prisión", ha explicado Berekhet, quien tuvo que huir de Eritrea tras fundar una web informativa para denunciar la falta de libertad del régimen.
América Latina es especialmente peligrosa para los activistas que defienden los derechos de los indígenas a la tierra y el medio ambiente. El caso más conocido es el de la hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
Pascual Bernabé Velázquez representa al "gobierno plurinacional" de los indígenas mayas de la región de Huehuetenango, en Guatemala, que se oponen a las empresas hidroeléctricas. Los líderes indígenas han sido encarcelados y posteriormente puestos en libertad, y algunos asesinados.
"Defendemos el territorio, el agua, las montañas, los animales - ha asegurado durante el acto de AI - El Gobierno, con sus propias leyes, que son para los empresarios, está presionando a las personas".
Sólo se habla del muro del norte, ese que Donald Trump prometió construir o reforzar con el dinero de los mexicanos para evitar la llegada de migrantes. Una promesa electoral que, por ahora, se queda sólo en eso, en promesa. Pero 3.000 kilómetros al sur, en la frontera de México con Guatemala, hay otro muro del que se habla menos; que no es visible porque no está construido con cemento y alambradas. Un muro plagado de trampas, puestas por los cárteles de la droga, los delincuentes comunes y hasta la policía mexicana, y cuyas víctimas son siempre los mismos: los más vulnerables: los 500.000 centroamericanos que entran cada año. Ellos protagonizan una crisis humanitaria sin parangón.
"Al cruzar la frontera sur de México la situación se convierte en un verdadero infierno. Los están esperando los criminales, los cárteles de la droga para secuestrarlos y exprimirles no sólo el poco dinero que traen sino la poca propiedad que tienen", asegura Fray Tomás Gonzales, que intenta paliar la situación dirigiendo un albergue para migrantes en Tenosique, Tabasco (México).
Médicos Sin Fronteras (MSF) también está en el terreno ofreciendo asistencia psicológica y sanitaria. En su último informe, titulado "Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador): una crisis humanitaria olvidada", la ONG ha recabado numerosos testimonios que denuncian la colusión de autoridades y delincuentes. Uno de esos testimonios es el de una hondureña de 35 años que prefiere no decir su nombre y que ha cruzado cuatro veces la frontera sur mexicana.
