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Argentina podría declarar dentro de pocas horas la octava suspensión de pagos de su historia. Los negociadores apuran el plazo para llegar a un acuerdo con algunos de sus acreedores que exigen cobrar toda la deuda. El Gobierno insiste en que ya pagó a los que aceptaron una quita.

 

El reloj juega en contra de Argentina. Desde este lunes tiene un mes de plazo para negociar con sus acreedores y tratar de evitar la suspensión de pagos que sumiría al país de nuevo en el abismo. El problema viene de lejos cuando Argentina quebró en 2001 negoció el pago de la deuda con importantes descuentos. Un 93% de sus acreedores aceptó pero un grupo vendió sus bonos a fondos especulativos que compraron papeles baratos y abrieron un juicio en Estados Unidos para exigir el pago íntegro, que con intereses suma 1.500 millones de dólares. Con el fallo sin precedentes de la justicia estadounidense a su favor los llamados fondos buitre acorralan a Argentina que enfrenta el riesgo de que cunda el ejemplo y las demandas se multipliquen.

Los municipios españoles se han comprometido a mantener el equilibrio presupuestario entre 2015 y 2017 y a reducir su nivel de deuda pública hasta el 3,6% del PIB al final de ese trienio. Los municipios han adoptado este compromiso en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), reunida en la sede del Ministerio de Hacienda. Los ayuntamientos, que ya cerraron 2013 con superávit, mantienen su compromiso de no desviarse en los tres próximos años y, además, acometerán un esfuerzo mayor del hasta ahora previsto en la reducción de la deuda pública, que en el primer trimestre del año ha descendido una décima, al 4% del PIB. Si hasta ahora tenían el compromiso de reducir la deuda al 4% en 2015 y 2016 y al 3,9% en 2017 de su PIB, ahora la deben bajar al 3,9% el primer año, al 3,8% el segundo y al 3,6% el tercero.