Estado de alarma

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que el Tribunal Constitucional ha dado “la razón” a su formación respecto a la inconstitucionalidad del primerestado de alarma decretado por el Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de “aprovechar” la pandemia para “secuestrar” e “imponer un estado cuasi totalitario”.

En una entrevista en La Hora de la 1, ha asegurado que “el Gobierno estaba pisoteando la Constitución cuando decretó el estado de alarma” en marzo de 2020. “El Gobierno suspendió nuestros derechos, aprovechó el estado de alarma para ofrecer un estado de excepción encubierto”, ha asegurado.

Ha defendido que, en los primeros meses de la pandemia, Vox consideraba que el estado de alarma era necesario para “un estado autonómico” en el que “las competencias están muy distribuidas” para que el Ejecutivo asumiera la gestión sanitaria y la distribución de los recursos “de forma unitaria”. Pero, “para lo que luego el Gobierno quería hacer necesitaba el estado de excepción”, ha sentenciado.

En esta línea ha ido la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha decretado que el confinamiento no se decretó con el marco jurídico adecuado (el estado de alarma). En este sentido, Espinosa ha criticado que el Gobierno no empleó el marco del estado de excepción porque hubiera tenido que someterse a un “mayor control” en el Congreso.

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Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha comentado que la situación que está provocando la quinta ola en España "no ayuda a la reincorporación" y se están produciendo numerosas cancelaciones, sobre todo internacionales. Sobre los cambios en el Gobierno, ha indicado que "continúa lo que a él le afecta".

"No hay argumentos para que no haya subida del SMI, creo que lo habrá este año", ha sostenido Álvarez en 24 horas de RNE,  que ha señalado que la vicepresidenta Calviño habla de que no se puede hacer porque hay que incorporar a las personas que están en ERTE a trabajar y ha mantenido que "una cosa no se interpone a la otra": "Es una malísima excusa". "El Gobierno debe llamarnos y si no pediremos reunión para explicar al presidente del Gobierno que no hay razón para no subirlo, todos los países europeos que tienen salario mínimo lo han subido este año, si no nos hacen caso, endureceremos nuestra posición”. "Tenemos que darle tiempo a la patronal, siempre hemos llegado a acuerdos", ha sostenido y ha añadido que las relaciones con el Gobierno "no pasan por un buen momento” por la "falta de sensibilidad y la prepotencia" de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Representantes de todos los poderes del Estado han estado en el homenaje a las víctimas de la COVID-19. Allí han coincidido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, en pleno choque entre el Gobierno y el Alto Tribunal, que acaba de declarar ilegal el confinamiento del primer estado de alarma. El encuentro ha durado un rato largo, según fuentes de Moncloa. Tampoco ha pasado desapercibida esta otra conversación: Sánchez con la nueva ministra de Justicia y el presidente del Poder Judicial. En el Palacio Real ante el micrófono no ha querido hablar del tema. Foto: EFE/Ballesteros/POOL

Durante el tiempo en el que hubo restricciones a la movilidad se pusieron en toda España alrededor de un millón de multas. Se ha cobrado una pequeña parte pero la mayoría sigue atascada en las delegaciones del Gobierno de todo el país, excepto Cataluña y País Vasco. Se han gestionado en torno a la mitad y solo un 20% del total ha terminado en sanción. La mayoría exigen el pago de 600 euros por saltarse las normas. Las comunidades donde más se pusieron fueron Andalucía, Madrid y Valencia. Informa Laura Alonso

Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla asegura que habrá que leer y estudiar todos los puntos de la sentencia del TC para entender el contenido y afrontar lo que va a suponer a partir de ahora. “A partir de la sentencia, la referencia cambia y a partir de ahora nuestros parámetros interpretativos van a tener que cambiar. Si la situación actual se agrava, declarar el estado de excepción es muy invasivo y no es un instrumento ágil para gestionar crisis sanitarias. Habrá que articular medidas que permitan gestionar situaciones de estas características”. Carmona añade que le llama mucho la atención la diferencia de criterio que se plantea ahora mismo: “Lo que me suscita una profunda perplejidad es que el estado de alarma no sirva para el confinamiento domiciliario pero las leyes sectoriales en materia sanitaria si sirvan para decretar toques de queda si están ratificados por los TSJ de las CCAA”. Concluye que esta sentencia lo cambia todo y que ahora será un referente indispensable para plantear situaciones de crisis y legislar sobre ellas.

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Después de semanas de debate y profundamente dividido, el Tribunal Constitucional ha determinado que el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma en España es inconstitucional. La letra pequeña de la sentencia se conocerá en los próximos días. Ahí, el Constitucional concretará cuál es el alcance de la resolución y si tiene consecuencias. Los expertos consideran poco probable que comercios, industrias o particulares puedan reclamar indemnizaciones por daños, pero sí podría afectar a las multas por saltarse el confinamiento.

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Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB), ha indicado que la inconstitucionalidad del primer estado de alarma "abre un problema": "No se ha modificado la legislación para ponerla de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, pero es muy importante que los legisladores adapten las leyes y la normativa del estado de alarma y de excepción a lo que diga esta sentencia que se publicará en los próximos días". "La cuestión que se plantea no es si era oportuno el estado de alarma en marzo de 2020, que parece que por los resultados sí lo fue, si no que supuso una restricción inapropiada de los derechos fundamentales", ha señalado Arbós. Sobre la emisión de cinco votos particulares, el catedrático ha especificado que la sentencia tiene "el mismo valor", pero la cantidad de votos particulares y la "variedad de sensibilidades" que representan "da lugar a pensar que el asunto es muy controvertido". "Lo menos malo de la sentencia es que ya está y sirve de referencia para mejorar la legislación", ha mantenido en 24 horas de RNE.

El profesor ha explicado las diferencias, en la Constitución, entre el estado de alarma y el estado de excepción: el primero permite establecer alguna restricción a los derechos fundamentales, mientras que el segundo permite suspenderlos. "Hay una diferencia en la ley que desarrolla las previsiones constitucionales. En el caso del estado de alarma, hay una previsión explícita para las crisis sanitarias y el estado de excepción se reserva para otros supuestos", ha señalado. También ha puntualizado que las disposiciones del estado de alarma entran en vigor inmediatamente, desde que se publica el Real Decreto, y tienen una duración máxima de 15 días a partir de los cuales, tiene que ser ratificado por el Congreso. Sin embargo, el estado de excepción es pedido por el Gobierno al Congreso de los Diputados y no entra en vigor hasta que hay una aprobación.

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional el primer Estat d'Alarma decretat pel govern central. Els magistrats consideren que el confinament domiciliari entre el març i juny de 2020 va vulnerar drets fonamentals perquè no es va emprar en l'instrument jurídic adequat. Després de setmanes de debat, la decisió dels magistrats ha estat molt ajustada. S'ha acabat imposant per 6 vots a favor i 5 en contra. Els magistrats consideren que les restriccions recollides al primer estat d'alarma van suposar una vulneració de drets i no una simple limitació. Creuen que la restricció, per exemple, de la mobilitat, s'hauria d'haver imposat sota l'estat d'excepció.
A Catalunya, pendents de saber com s'aplicarà el toc de queda per municipis, sortirem de dubtes en menys de 30 minuts, quan el president Aragonès compareixerà des del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat. Com que es tracta d'una declaració institucional no s'acceptaran preguntes dels periodistes. Les paraules d'Aragonès vindran després d'una reunió extraordinària en matèria de covid19 amb el vicepresident Jordi Puigneró i diversos consellers, en la qual s'ha treballat sobre les característiques que ha de tenir aquest nou toc de queda.

• El voto de la vicepresidenta ha sido el que ha inclinado la balanza tras días de debate muy ajustado
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El portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, defiende la postura de su partido en contra de los indultos a los presos del ‘procés’: “Nosotros estamos claramente posicionados en contra de los indultos y a favor de la ley. Sin ley no hay democracia y en un estado de derecho todo el mundo debe estar sujeto a la ley”. Por tanto, dice que los van a pelear en tres escenarios: “En el ámbito político, en el Congreso. En la calle, como hemos hecho el domingo apoyando el acto de Colón y en los tribunales, puesto que somos el único partido que puede hacerlo porque ejercimos la acusación particular”. No descartan más actos de protesta y quieren analizar también el papel legal de quienes conceden esos indultos. Es decir, los miembros del Gobierno. “Recurriremos el acto y la responsabilidad de quienes habiendo sido advertidos, lo han hecho. Hay base legal para recurrirlo”. Dice que fue el PP quien no quiso foto conjunta el domingo porque, asegura, hay diferencias internas sobre este asunto. “Nosotros estuvimos en el centro de la plaza. Nos hicimos fotos con miles de personas con los que estábamos dentro. Otros se quedaron fuera”. Espinosa de los Monteros argumenta que el único que ha tenido un comportamiento ejemplar desde que comenzó el problema con Cataluña ha sido el Rey y quita importancia a las palabras de Ayuso sobre su responsabilidad ante la firma de esos indultos: “Todo el mundo se puede equivocar. El foco debe estar en Sánchez y su Gobierno. Sánchez está dispuesto a abrir la puerta de la prisión con un auto indulto, concediéndoles unos privilegios que no tendrían el resto de ciudadanos”. De los Monteros defiende también el recurso de inconstitucionalidad presentado por VOX para evitar que entre en vigor la ley de Eutanasia y añade: “Si dentro de unos meses estamos en el Gobierno, la derogaremos y evitaremos que el TC tenga que tomar una decisión”. Por último, reivindica su papel al denunciar la posible inconstitucionalidad del confinamiento del primer estado de alarma: “Si se confirma, esto sería para que el Gobierno dimitiese en bloque. Sería de los palos más grandes que se le han dado”. Concluye que Sánchez hizo el ridículo ayer en su saludo con Biden y lamenta que España no esté jugando el papel que, considera, le corresponde, en la agenda internacional. 

• El borrador señala que la herramienta permitía limitar el derecho de circulación pero no suspenderlo
• El Pleno del TC debatirá esta cuestión el 22 de junio y dará respuesta al recurso de Vox

Ha pasado un mes desde que cayó el estado de alarma y en este tiempo hemos visto cómo han bajado los contagios, las hospitalizaciones y los fallecidos. La incidencia ha caído, de hecho, 75 puntos este mes hasta los 113 casos por 100.000 habitantes, aunque los expertos creen que esta tasa no refleja bien la situación porque no hay una distribución uniforme en todas las comunidades autónomas. Los casos graves y la letalidad también han disminuido mucho este mes. Los hospitales tenían el doble de ocupación cuando terminó el estado de alarma y durante este mes ha habido días en los que algunas comunidades no han registrardo ninguna muerte. La vacunación es la responsable de esta estabilización. Se han puesto 10 millones de dosis este mes y hay más de 11 millones de personas protegidas por completo. Los expertos insisten en que es importante mantener alta la guardia.

Informa Alba Rubio

En el primero estado de alarma, de tres meses, se propusieron más de un millon de sanciones. No hay una base legal clara, y las notificaciones tiene dificultades para llegar a los infractores.La mayoría no se cobran porque, dicen los expertos, no hay una legislación específica. Se multó bajo el amparo de la ley de seguridad ciudadana que tipifica como infraccion grave la desobediencia. Foto: Europa Press.

Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla y León, ha indicado que lo sucedido en el último Consejo Interterritorial de Salud "no es correcto ni en las formas ni en el fond". "Se nos obliga a llegar a consenso por votación y se delegan votos en otras personas que no son consejeros, algo que no está permitido", ha sostenido en 24 horas de RNE. También ha lamentado la polarización y sentirse "incómoda" porque "siempre ha buscado el consenso para encontrar soluciones". "Las DAC son obligatorias, pero chocan con el principio fundamental de toma de decisiones en el Consejo Interterritorial", ha comentado.

La consejera de Sanidad ha explicado que, en Castilla y León, se utiliza el semáforo de niveles para establecer normas dentro del territorio. "Lo aprobado por el Consejo Interterritorial ayer es incoherente. Si lo aplicamos, aun en fases anteriores, las normas serían mucho más rígidas para el ocio y la restauración que con nuestra normativa, eso no lo entiende nadie". Y ha sostenido que "no someterán" a la población de Castilla y León a medidas "incongruentes".

"De las 10 personas que votaron a favor del Documento de Actuaciones Coordinadas, Asturias, la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Baleares y Ceuta pedían flexibilidad y retocar el texto planteado. Yo también pedí retocar el texto hasta alcanzar un consenso, pero no se hizo", ha señalado Casado, que ha mantenido que el Gobierno central "no ejerce sus competencias de Estado y se entromete en las de la Comunidades".

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El paro se ha reducido en mayo en 129.378 personas hasta los 3,78 millones de desempleados, registrando la mayor bajada mensual de la serie histórica, mientras que la creación de empleo cuenta con 211.923 nuevos cotizantes y un total de 19.267.221 afiliados de media. Una mejoría que coincide con el final del estado de alama, impulsando una reactivación económica, y que supone que se recupera el grado de ocupación previo a la pandemia. Los sindicatos y empresarios coinciden: son buenos datos, pero aún queda camino por recorrer.

Foto: EFE/RODRIGO JIMÉNEZ

Con la llegada del verano y el fin del estado de alarma, muchos planifican ya sus viajes y una tendencia que crece es la de contratar un seguro de viaje. Se mantiene la denominada cobertura COVID que permite cancelar gastos con un positivo antes de viajar.