El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado en La Hora de La 1, en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el primer estado de alarma, aunque con cinco votos discrepantes, entre ellos el de su presidente, ha asegurado que desde un primer momento han defendido que con ls instrumentos que teníamos era posible combatir la pandemia y que "era posible el toque de queda sin el estado de alarma y que así se ha visto" en las decisiones que ha adoptado su Ejecutivo. Al mismo tiempo ha afirmado que en la lucha contra la pandemia "todos los poderes del Estado deben alinearse en defensa de una causa común que es la superación de la pandemia y que la Justicia no puede estar al margen de la realidad". En relación a la situación de la pandemia ha dicho que las cifras les preocupan pero considera que está "bajo control" y sobre el uso de la mascarilla ha afirmado que la recomendación es "su uso permanente" y ha recordado que son partidarios de que en los espacios al aire libre no sea necesaria "pero en la ciudad el espacio urbano hay muchos momentos en que es difícil discernir el espacio".
Preguntado por el nuevo Gobierno tras el cambio de seis nuevos ministros, PUig ha dicho que es un Ejecutivo "preparado pra la recuperación" y que se trata de un "buen equipo con una impronta joven". Sobre Diana Morant, exalcaldesa de Gandía, que es la nueva ministra de Ciencia e Innovación, ha dicho que ha demostrado su "enorme liderazgo y capacidad" y que es para él "una aliada como el resto de miembros del Gobierno". También ha calificado de "urgente" que en la Conferencia de Presidentes de la próxima semana se aborde la financiación autonómica.
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, discrepa de la mayoría del tribunal y considera que el primer estado de alarma fue una medida proporcional para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Así lo explica en su su voto particular, uno de de los cinco votos particulares a la sentencia que declaró ilegal la medida. Otro de los votos particulares el de María Luisa Balaguer, que coincide con González Rivas, en que el confnamiento no fue desproporcionado aunque al mismo tiempo reconoce que el fallo puede generar inseguridad jurídica. Más crítico es el magistrado Cándido Conde Conde Pumpido, que considera que el resolución judicial crea un grave problema político al desarmar al Estado frente a las pandemias, y en la misma línea, el conservador Andrés Ollero, da su visto bueno al estado de alarma. El quinto voto es el del magistrado Juan Antonio Osiol, que no se ha publicado a la vez que el resto.
Por parte del Ejecutivo, su portavoz, Isabel Rodríguez, cree que si los jueces "hubieran hecho el esfuerzo" de ponerse en aquellos días de marzo de 2020, cuando declaró el estado de alarma, "quizá habrían interpretado el Derecho de otra forma".
Foto: Imagen de la sede del Tribunal Constitucional. EFE.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha considerado este lunes que los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de declarar parcialmente inconstitucional el primer estado de alarma "quizá hubieran interpretado el derecho de otra forma" si, según ha dicho, "hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes en la situación concreta" de la semana del 9 al 15 e marzo de 2020. Para Pablo Casado (PP), el Ejecutivo incurre en un ataque sin precedentes al Tribunal Constitucional. El resto de formaciones también ha entrado en la batalla política a causa de la sentencia.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha considerado este lunes que los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de declarar parcialmente inconstitucional el primer estado de alarma "quizá hubieran interpretado el derecho de otra forma" si, según ha dicho, "hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes en la situación concreta" de la semana del 9 al 15 e marzo de 2020.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha aseverado por su parte en una entrevista en La Hora de la 1 que “el Gobierno debería tener humildad, abandonar esa soberbia y reconocer que ha vulnerado los derechos de los españoles y asumir que actuó, tarde y mal” respecto a su gestión de la pandemia.
Las Comunidades Autónomas siguen tomando medidas como los toques de queda que los tribunales avalan en unas y tumban en otras. La ministra de Sanidad comparece en el Congreso. El Tribunal Constitucional ha dictaminado que el estado de alarma no cubría legalmente las medidas de confinamiento y restricción de movimientos que se han tomado este año y medio para luchar contra la pandemia. Mientras la quinta ola afecta sobre todo a jóvenes.
TVE ha tenido acceso a la sentencia del Constitucional que declara ilegal el confinamiento del primer estado de alarma, decisión que ha provocado un choque con el Gobierno. Los magistrados argumentan que la pandemia alteró gravemente el orden público y que estaba legitimado decretar el estado de excepción. Algo que, recuerdan, hubiera requerido la utorización del Congreso.
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FOTO: La Gran Vía de Madrid, prácticamente desierta en uno de los primeros días del confinamiento decretado por el estado de alarma en marzo de 2020.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que el Tribunal Constitucional ha dado “la razón” a su formación respecto a la inconstitucionalidad del primerestado de alarma decretado por el Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de “aprovechar” la pandemia para “secuestrar” e “imponer un estado cuasi totalitario”.
En una entrevista en La Hora de la 1, ha asegurado que “el Gobierno estaba pisoteando la Constitución cuando decretó el estado de alarma” en marzo de 2020. “El Gobierno suspendió nuestros derechos, aprovechó el estado de alarma para ofrecer un estado de excepción encubierto”, ha asegurado.
Ha defendido que, en los primeros meses de la pandemia, Vox consideraba que el estado de alarma era necesario para “un estado autonómico” en el que “las competencias están muy distribuidas” para que el Ejecutivo asumiera la gestión sanitaria y la distribución de los recursos “de forma unitaria”. Pero, “para lo que luego el Gobierno quería hacer necesitaba el estado de excepción”, ha sentenciado.
En esta línea ha ido la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha decretado que el confinamiento no se decretó con el marco jurídico adecuado (el estado de alarma). En este sentido, Espinosa ha criticado que el Gobierno no empleó el marco del estado de excepción porque hubiera tenido que someterse a un “mayor control” en el Congreso.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha comentado que la situación que está provocando la quinta ola en España "no ayuda a la reincorporación" y se están produciendo numerosas cancelaciones, sobre todo internacionales. Sobre los cambios en el Gobierno, ha indicado que "continúa lo que a él le afecta".
"No hay argumentos para que no haya subida del SMI, creo que lo habrá este año", ha sostenido Álvarez en 24 horas de RNE, que ha señalado que la vicepresidenta Calviño habla de que no se puede hacer porque hay que incorporar a las personas que están en ERTE a trabajar y ha mantenido que "una cosa no se interpone a la otra": "Es una malísima excusa". "El Gobierno debe llamarnos y si no pediremos reunión para explicar al presidente del Gobierno que no hay razón para no subirlo, todos los países europeos que tienen salario mínimo lo han subido este año, si no nos hacen caso, endureceremos nuestra posición”. "Tenemos que darle tiempo a la patronal, siempre hemos llegado a acuerdos", ha sostenido y ha añadido que las relaciones con el Gobierno "no pasan por un buen momento” por la "falta de sensibilidad y la prepotencia" de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Representantes de todos los poderes del Estado han estado en el homenaje a las víctimas de la COVID-19. Allí han coincidido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, en pleno choque entre el Gobierno y el Alto Tribunal, que acaba de declarar ilegal el confinamiento del primer estado de alarma. El encuentro ha durado un rato largo, según fuentes de Moncloa. Tampoco ha pasado desapercibida esta otra conversación: Sánchez con la nueva ministra de Justicia y el presidente del Poder Judicial. En el Palacio Real ante el micrófono no ha querido hablar del tema. Foto: EFE/Ballesteros/POOL
Durante el tiempo en el que hubo restricciones a la movilidad se pusieron en toda España alrededor de un millón de multas. Se ha cobrado una pequeña parte pero la mayoría sigue atascada en las delegaciones del Gobierno de todo el país, excepto Cataluña y País Vasco. Se han gestionado en torno a la mitad y solo un 20% del total ha terminado en sanción. La mayoría exigen el pago de 600 euros por saltarse las normas. Las comunidades donde más se pusieron fueron Andalucía, Madrid y Valencia. Informa Laura Alonso
Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla asegura que habrá que leer y estudiar todos los puntos de la sentencia del TC para entender el contenido y afrontar lo que va a suponer a partir de ahora. “A partir de la sentencia, la referencia cambia y a partir de ahora nuestros parámetros interpretativos van a tener que cambiar. Si la situación actual se agrava, declarar el estado de excepción es muy invasivo y no es un instrumento ágil para gestionar crisis sanitarias. Habrá que articular medidas que permitan gestionar situaciones de estas características”. Carmona añade que le llama mucho la atención la diferencia de criterio que se plantea ahora mismo: “Lo que me suscita una profunda perplejidad es que el estado de alarma no sirva para el confinamiento domiciliario pero las leyes sectoriales en materia sanitaria si sirvan para decretar toques de queda si están ratificados por los TSJ de las CCAA”. Concluye que esta sentencia lo cambia todo y que ahora será un referente indispensable para plantear situaciones de crisis y legislar sobre ellas.
