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La Audiencia Nacional condenará al exdirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, por un delito de integración en banda armada. La pena exacta se conocerá este viernes, cuando se haga pública la sentencia por el caso Bateragune, que ha sido juzgado por Ángela Murillo, como presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional condenará al exdirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, por un delito de integración en banda armada.

La pena exacta se conocerá este viernes, cuando se haga pública la sentencia por el caso Bateragune, que ha sido juzgado por Ángela Murillo, como presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

También será condenado Rafael Díez Usabiaga, el ex secretario general del sindicato LAB.

La Fiscalía pide para ellos 10 años de cárcel por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. En total, ocho dirigentes de la izquierda abertzale han sido procesados en este caso.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha asegurado que asistimos a la "derrota legal, material y moral" de ETA. Lo ha dicho en el discurso con motivo de la apertura del año judicial, el último que pronuncia como fiscal general del Estado en este acto, dado que este año finaliza su mandato. Al acto no ha asistido el rey, convaleciente de su última operación.Se ha mostrado satisfecho por el descenso "notorio" de la actividad terrorista aunque ha dejado claro que los policías, jueces y fiscales parmanecen "vigilantes e inflexibles" en el cumplimiento de la ley para la persecución del terrorismo.

La abogada de presos de ETA, Arantza Zulueta, ha salido esta tarde de la cárcel. Es la segunda vez que lo hace. Zulueta fue detenida en abril de 2010 acusada de formar parte del colectivo de control a los presos de la banda terrorista. Seis meses después quedó en libertad tras abonar una fianza de 60mil euros. Este verano fue detenida de nuevo tras encontrar la policía un documento que relacionaba a la abogada con el aparato de captación de ETA. La Audiencia Nacional entiende que ambas causas forman parte del mismo delito y ordena su puesta en libertad al haber pagado ya la fianza y no existir riesgo de fuga.

La apertura de un juicio en Portugal en el que, por primera vez, se sienta en el banquillo un supuesto etarra por delitos cometidos en este país, ha sacado a la luz los intentos de ETA por actuar desde suelo luso. Entre fuertes medidas de seguridad, que han causado muchas molestías a los lisboetas, han declarado la mitad de los testigos contre el presunto etarra Andoni Zengotitabengoa, acusado de fabricar explosivos en la base portuguesa de Obidos.

La primera sesión del juicio ha concluido este martes con la decisión del tribunal luso de prolongar la vista un día más, el próximo 4 de octubre, para que se pueda oír a la treintena de testigos previstos, ya que en la segunda sesión programada para este miércoles no iba a ser suficiente para recoger todos los testimonios.

Varios de los once testigos que declararon hoy identificaron a Zengotitabengoa y a otro presunto terrorista, Oier Gómez Mielgo, detenido en Francia, como los inquilinos del chalet de la cercana localidad de Obidos en la que, según los fiscales, guardaban más de una tonelada de explosivos para cometer atentados en España.

El jefe de la Ertzaintza, José Antonio Varela, cree que ETA está en el peor momento de su historia. Por primera vez en una entrevista en televisión, el jefe de la policía autonómica vasca ha dicho que, a pesar de la debilidad, "ETA no ha desaparecido y por tanto, la amenaza sigue".

Los partidos han destacado el papel de las fuerzas de seguridad para debilitar a ETA. Lo único que, también ellos, esperan es que se disuelva y miran hacia la izquierda abertzale.

La banda terrorista anunció el cese de atentados a través de un vídeo emitido por la BBC. Desde entonces ha habido otros gestos de la banda, pero aún no ha anunciado el fin definitivo de la violencia.

A punto de cumplirse un año del anuncio de ETA del fin de los atentados y dos desde que se cobrara sus últimas víctimas mortales, el País Vasco afronta una etapa de tranquilidad en las calles, con la "kale borroka" prácticamente desaparecida, paulatina reducción de escoltas y el cobro del llamado "impuesto revolucionario" desactivado.

Todas las miradas se centran ahora en Bildu y su posición ante la violencia y el reconocimiento a las víctimas. Al mismo tiempo, la banda terrorista se encuentra inmersa en el debate más imporante de sus 50 años de historia: dejar o no las armas.