Bob Diamond, consejero delegado de Barclays hasta este martes, ha asegurado un día después en el Parlamento británico que se enteró hace solo unos días de que empleados del banco habían manipulado sus tipos de interés de referencia, el líbor y el euríbor, por lo que ha sido multada la entidad. Y ha ahondado en las sospechas sobre la connivencia del regulador en el escándalo.
Aparte de Bankia en la Audiencia Nacional, también hay diligencias abiertas contra otras cuatro entidades: Caja-Castilla la Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Novacaixagalicia y Banco de Valencia.
Desde hoy, la Audiencia Nacional investiga la gestión y el agujero económico de Bankia y su matriz. El juez Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella que presentó UPyD. El magistrado llamará a declarar como imputados a 33 exconsejeros de Bankia. En la lista hay personas relacionadas con el PP, como Rato, pero también con el Partido Socialista, Izquierda Unida o Comisiones Obreras.
Ningún comentario, nos decían hoy en Bankia tras conocer el auto de la Audiencia Nacional. Pero el nuevo presidente de Bankia y sucesor de Rodrigo Rato aprovechó la primera junta general de accionistas del pasado viernes para expresar el absoluto respeto a las actuaciones judiciales y su disposición a colaborar con los requerimientos que hagan fiscales y jueces. Goirigolzarri respondía a las criticas de sus accionistas que pedian responsabilidades e incluso cárcel para los anteriores gestores. Sí ha habido estafa, los estafadores deben pagar por ello y deben acabar en la cárcel teniendo en cuenta la enorme trascendencia que han tenido las irregularidades muy diversas en Bankia.CCOO pide que una comisión Congreso-Senado investigue toda la crisis del sector financiero
- Según el recurso, el decreto-ley vulnera por partida doble la Constitución
- Da a los defraudadores un "absoluto privilegio fiscal", dicen los socialistas
- Se quiere evitar que los contribuyentes investigados saquen sus bienes del país
- El juez decidirá después si mantiene, elimina o amplía las medidas cautelares
- Se limitarán a 2.500 euros los pagos en efectivo de servicios profesionales
El Consejo de Ministros podría dar hoy luz verde al anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal ucha contra el fraude fiscal con él que el gobierno pretende dotarse de un instrumento más eficaz para aflorar la economía sumergida. Uno de los problemas más complejos de resolver.
Carlos Cruzado, presidente de GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) (22/06/12)
- Pretende reforzar a la Agencia Tributaria con más mecanismos contra el fraude
- El Plan Nacional de Turismo busca un marco normativo homogéneo en el sector
- Mariano Rajoy viajará después a Roma, donde se reunirá con Merkel y Monti
La inspección de trabajo ha aflorado en la provincia de Alicante 5205 empleos sumergidos. Es la tasa más alta de toda España. En todo el país las irregularidades detectadas suponen un fraude anual de casi mil millones de euros. Es la lacra de la economía sumergida.
Mientras en Valencia avanza la investigación de la llamada "causa de la cooperación", una presunta trama de corrupción en la que estarían implicadas varias ONG's y cargos públicos, desde Bruselas se han denunciado 2 casos de presunto fraude a las subvenciones comunitarias en España. En un caso, el juez ha abierto diligencias contra la empresa sevillana Befesa.
Francisco Correa, supuesto líder de la trama Gürtel, ha pasado sus primeras horas en libertad. Salió anoche después de pagar una fianza de 200.000 euros. Ha estado en la cárcel casi tres años y medio. Esta mañana ha ido a la Audiencia Nacional para entregar su pasaporte.
El Tribunal Supremo ha solicitado la documentación de los viajes del presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar antes de decidir si admite la querella presentada contra él. Una petición que se conoce el mismo día en que el Congreso ha rechazado que Dívar comparezca en la cámara por ese mismo asunto.
- Presentará un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional
- Este recurso se unirá al de inconstitucionalidad contra la amnistía fiscal en general
El juez Andreu, de la Audiencia Nacional, ha archivado la investigación abierta contra Emilio Botin, presidente del Banco Santander, y varios de sus familiares por las cuentas que tenían en Suiza. Anticorrupción presentó una querella por un supuesto delito de fraude fiscal... El juez cree que la regularización de su situación fiscal fue "correcta, veraz" y anterior a que la agencia tributaria iniciara una inspección, lo que les exime de responsabilidad penal. La decisión se puede recurrir.
En Valencia el juez Castro, que investiga el caso Nóos, interroga a 15 testigos por el presunto desvío de dinero público a través de ese instituto. Ya han comparecido los hermanos Roig, expresidente del Valencia y presidente del Villarreal, y otro exdirectivo del Valencia, Juan Bautista Soler. Los tres han ratificado ante el juez que contrataron al Instituto Nóos porque Iñaki Urdangarín estaba al frente. A la salida, el presidente del Villareal ha hecho referencia al descenso del Villareal para no dar detalles de su declaración.
El consejo de Ministros también ha aprobado una reforma del Código Penal para endurecer la lucha contra el fraude. Entre las novedades los delitos fiscales podrán perseguirse hasta 10 años en vez de prescribir a los 5 como ahora, y se podrán castigar con hasta 6 años de cárcel, uno más que ahora. Además se podrá hacer pagar al infractor su deuda durante la tramitación de la querella para evitar que en el proceso venda sus bienes para eludir los pagos. Falsear las cuentas públicas se tipifica como delito penal y conllevará hasta 10 años de inhabilitación. La modificación afecta también al fraude laboral: se considerará delito a partir de 50.000 euros defraudados y no de 120.000 como hasta ahora. También habrá nuevas normas para luchar contra el fraude en subvenciones, sobre todo las prestaciones de la Seguridad Social y las de desempleo.
Lo dice un informe de Fedea, una fundación vinculada a grandes empresas españolas, que también apuesta por endurecer las penas para los defraudadores que no se acojan a la amnistía fiscal del gobierno.
- Han salido a la calle en más de veinte ciudades españolas
- Quieren denunciar la "ineficacia" de la justicia
El consejo de ministros ha aprobado un plan para luchar contra el empleo irregular y el fraude fiscal que estará en vigor hasta finales de 2013. Entre otras medidas incluye que los delitos contra la Seguridad Social prescribirán a los diez años, y no a los cinco como hasta ahora. Y se limitan los incentivos para despedir a los trabajadores de más de 50 años.