En el día después de la Operación Anubis, el Gobierno da por liquidada cualquier opción para celebrar el referéndum en Cataluña. En una declaración institucional, el presidente Mariano Rajoy ha pedido a la Generalitat que cese sus planes de consulta porque en su opinión, tras el desmantelamiento de la logística del 1-O-, son una quimera imposible. Rajoy ha defendido la actuación de la Guardia Civil contra la logística del referéndum y ha advertido al ejecutivo catalán de que todavía está a tiempo de rectificar para evitar mayores consecuencias. El presidente también ha tenido un mensaje de tranquilidad para los catalanes y ha recordado que su Gobierno mantiene su disposición al diálogo siempre que se respete la ley.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido esta noche que el referéndum ilegal de independencia en Cataluña "ya no se puede celebrar" y ha pedido a los responsables de la Generalitat que "cesen en sus actuaciones ilegales". El jefe del Ejecutivo ha mostrado su disposición a dialogar, pero siempre en el marco de la ley.
Rajoy ha realizado esta declaración después de las 14 detenciones que se han producido hoy en Cataluña por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la mayor parte de ellas afectan al núcleo duro de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, los agentes se han incautado de casi diez millones de papeletas de voto que se suman a las 45.000 cartas para constituir las mesas de votación que se intervinieron ayer.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido hoy a los responsables de la Generalitat que "cesen en sus actuaciones" porque "saben que este referéndum ya no se puede celebrar" porque "nunca fue legal y legítimo" y les ha advertido de que están "a tiempo de evitar males mayores".
"No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia", ha dicho Rajoy en una comparecencia en La Moncloa, en la que ha insistido en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho para "evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos".
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a doce personas, entre ellas varios cargos del Govern, y ha realizado varios registros en sedes de la Generalitat, en el marco del operativo desplegado para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, han informado a TVE fuentes de la investigación.
Entre los detenidos se encuentra el secretario general de Economía de la Generalitat de Cataluña y 'número dos' del vicepresidente Oriol Junqueras, Josep Maria Jové; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; el responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI), Josué Sallent Rivas, y el responsable de la Oficina de Asuntos Sociales, Xavier Puig Farré.
Otros detenidos son Pau Furriol y Mercedes Martínez (ambos vinculados a una nave que presuntamente contiene material electoral), David Franco Martos (también del CTTI); David Palancad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores, y Juan Manuel Gómez, de la Consellería de Economía y Hacienda.
Agentes de la Guardia Civil registran desde primera hora de este miércoles varias sedes de la Generalitat de Cataluña en busca de documentación relacionada con el referéndum independentista del 1-O, según fuentes del Instituto Armado y del Govern catalán. Entre los edificios en los que los agentes han accedido está la Conselleria de Economía y Hacienda, dependiente del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y que se encuentra en el número 19 de Rambla Catalunya, y la Conselleria de Asuntos Exteriores, situada en el Palau de la Generalitat y cuyo titular es Raül Romeva.
El ministro de Economía Luis de Guindos está convencido de que Cataluña no se va a independizar y de que el Gobierno sabrá qué hacer para evitarlo. Una hipotética secesión perjudicaría a la economía española, pero sobre todo a la catalana.
El sindicato de funcacionarios CSIF ha denunciado presiones a policías locales y recomendaciones por parte de la Generalitat al personal docente para que colaboren con el referéndum del 1 de octubre. El portavoz del PSOE, Óscar Puente, y el del PP, Pablo Casado, han coincidido este lunes en considerar como "inadmisibles" las presiones que están recibiendo los funcionarios.
Por el contrario, el conseller de Empresa ve "la presión institucional política" sobre los funcionarios "perfectamente conllevable".
El Gobierno catalán ha recurrido ante el Tribunal Supremo la intervención de sus gastos por parte de Hacienda. Mañana es cuando expira el ultimátum que se ha dado a la Generalitat para que justifique que ni un solo euro de dinero público va destinado al referéndum.
