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El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha criticado este lunes la rebaja de penas del Gobierno para los delitos de sedición y malversación y cree que el único fin es lograr "el apoyo de ERC para el resto de la legislatura", pero ha descartado presentar una moción de censura, como reclama Vox.

En una entrevista en La Hora de la 1, González Pons ha rechazado el argumento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró que era para "rescatar a Cataluña del conflicto". "Que el clima político en Cataluña se mejore rebajando las penas a los corruptos, me parece muy difícil de explicar", ha sostenido.

Según el dirigente del PP, el Gobierno defiende los intereses de violadores y de corruptos practicando el "derecho penal de amiguetes" para quienes "modifican las leyes" sin ser "conscientes" de los efectos colaterales que esto produce.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha defendido que se tendrían que convocar elecciones anticipadas, como solicitó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque Sánchez ya no tiene "legitimidad democrática" porque "ha traicionado el compromiso" que adquirió con los votantes "haciendo lo contrario a lo que se había comprometido", si bien, ha señalado que sí que tiene "legitimidad legal".

En relación con las enmiendas para desbloquear los nombramientos del TC, el dirigente 'popular' ha puesto el foco en que el Congreso y el Senado llevan "el mismo tiempo incumpliendo su obligación de renovar" el CGPJ y se ha preguntado por qué "nadie ataca" a ambas cámaras. "¿Por qué nadie se pregunta si los presidentes están prevaricando por no adoptar una decisión a la que también están obligados?", ha cuestionado.

Así las cosas, Pons ha asegurado que lo que está haciendo el Gobierno es "resolver el bloqueo de la división de poderes con un espadazo a la división de poderes" y que esto va a traer un "deterioro" del Estado de derecho.

Con todo, González Pons ha defendido que la moción de censura "solo serviría para que el Gobierno de Sánchez obtuviera una victoria parlamentaria", por lo que ha considerado que se tendría que "producir en las urnas".

FOTO: Esteban González Pons, en una rueda de prensa en la sede de Génova, en Madrid. EFE/ Fernando Villar

El Gobierno discutirá hoy la modificación del delito de sedición, que espera aprobarse de forma exprés esta semana, y sobre ello le hemos preguntado a Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, quien ha señalado que se trata de un paso más en la “política de reencuentro” que viene realizando el Ejecutivo con Cataluña en los últimos años. La ministra portavoz ha asegurado en Las Mañanas de RNE que esta modificación no beneficiará de ninguna manera a los imputados por delitos de corrupción si no que, al contrario, “endurecerá las cuestiones que devienen de actitudes corruptas y que no están penalizadas”, según ha indicado.

Sobre la desconfianza del Gobierno acerca de la renovación del CGPJ, Rodríguez ha resaltado que se estaba evidenciando una “falta de voluntad” por parte del Constitucional, así como una “falta de sentido de Estado” por parte del Partido Popular, y aunque no confirma que vayan a cambiar las mayorías para elegir en el Parlamento al Poder Judicial, ha señalado que están trabajando en vías para acabar con el bloqueo.

La ministra portavoz apunta que “antes de fin de año” entrarán en vigor las nuevas medidas anticrisis sobre las que dice están trabajando “con absoluto rigor” para que no dificulten la labor de los trabajadores de los sectores primarios y para que faciliten “la vida a las familias que puedan estar atravesando por dificultades como consecuencia del incremento de la alimentación”.

Pedro Sánchez ha anunciado que antes de final de año habrá nuevas ayudas para las familias con menos recursos ante el alza de los precios de los alimentos. En Las Mañanas de RNE analizamos las distintas posibilidades que hay sobre la mesa con Antonio Cunyant, profesor colaborador de los estudios de Empresa y Economía de la Universidad Oberta de Catalunya, que considera que tendrían que ser medidas dirigidas directamente a la población más vulnerable porque “medidas generalizadas como la rebaja del IVA no funcionan y además de ser ineficientes, son inequitativas.” Y asegura que el problema se encuentra en la burocracia y el diseño de estas medidas tiene que ser “rápido y quirúrgico.” Sobre los cheques directos, Cunyant avisa con los requisitos. Él apuesta por fomentar la transparencia y la competencia para el consumidor.

El Gobierno va a proponer un nuevo tipo del delito de malversación que rebaja la pena a cuatro años de cárcel. La enmienda que presentarán este lunes PSOE y Unidas Podemos castigará el desvío presupuestario irregular dentro de la misma Administración Pública con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación. El Ejecutivo considera que en este nuevo tipo de malversación podrían incluirse las actuaciones de los acusados por el procés. Se rebajaría así la pena máxima que se aplica actualmente por este delito. El Código Penal establece hasta seis años de prisión y diez de inhabilitación.

Foto: El diputado de ERC Gabriel Rufián conversa con el diputado del PSOE Patxi López en el Congreso de los Diputados (EFE/Kiko Huesca)

PSOE y UP defienden la urgencia de modificar la ley para renovar el Constitucional y cargan contra el PP, porque dicen, tiene secuestrado y bloqueado el poder judicial.

Todo lo contrario piensa el PP que ya anuncia que denunciará esta reforma ante la Europa y también en el Constitucional. Acusa al gobierno de asaltar las instituciones.

Ciudadanos mira a los 'populares' y les pide que presenten una moción de censura. La iniciativa la ha tomado VOX, que dice empezará a negociar ya candidato de consenso con los grupos parlamentarios.

FOTO: La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en el Congreso. EFE/ Chema Moya

ERC propone rebajar hasta un máximo de tres años la pena por el delito de malversación cuando no haya ánimo de lucro. Afectaría a los condenados por el procés y también a los huidos. La enmienda de los republicanos aún debe negociarse y votarse. PSOE y Unidas Podemos, que la van a estudiar, plantean castigar el enriquecimiento ilícito con un nuevo delito.

FOTO: Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

Aprovechando la reforma del Código Penal, el Gobierno ha propuesto también cambiar los requisitos para renovar el Tribunal Constitucional. Entre otras cosas, rebaja las mayorías necesarias para aprobar los nombramientos.

Además, la enmienda de PSOE y Unidas Podemos deja por escrito que esos nombramientos son obligatorios y que los vocales que incumplan con su deber podrían incurrir en responsabilidades penales. La oposición habla de asalto al Poder Judicial y Vox ha anunciado una moción de censura.

El Gobierno prepara una serie de enmiendas al texto de reforma del Código Penal con una serie de cambios legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional, según han informado fuentes del Gobierno a RTVE. Mediante esas enmiendas el Gobierno quiere cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden. A partir de ahora bastará con mayoría simple. Y, además, establecerá un plazo para esa elección que si los vocales incumplen, podría acarrearles responsabilidades "de todo orden, incluido de tipo penal". La otra enmienda que presentará el Gobierno, permitiría al Ejecutivo y al máximo órgano de los jueces hacer su nombramiento aunque el otro órgano no lo haga en el plazo fijado.

Foto: Fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid. Carlos Luján / Europa Press

El Gobierno prepara una serie de enmiendas al texto de reforma del Código Penal para hacer cambios legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional, según han informado fuentes del Gobierno a RTVE. Mediante esas enmiendas el Gobierno quiere cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden. A partir de ahora bastará con mayoría simple. Y, además, establecerá un plazo para esa elección que si los vocales incumplen, podría acarrearles responsabilidades "de todo orden, incluido de tipo penal". FOTOGRAFÍA: CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha defendido la posibilidad de reformar el delito de malversación en el Código Penal, aunque al mismo tiempo ha insistido en que "no habrá ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y ningún beneficio para las personas condenadas por corrupción". Así lo ha afirmado Alegría, entrevistada en La Hora de La 1, al ser preguntada por la posibilidad de que ERC presente antes del viernes, una enmienda para reformar ese delito, después de que el Congreso diera ya el primer paso para reformar el de sedición, y tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que deja la puerta abierta a la reforma. "El compromiso de este Gobierno fue desde el primer momento europeizar un Código Penal que arrastra desde 1982 pero no es prudente adelantar las fechas dejemos que pase ese plazo, estudiar las enmiendas que presenten los grupos", ha señalado. Sobre posibles cambios "técnicos" a la ley del 'solo sí es sí', Alegría ha dicho que todavía hay que "conocer los argumentos jurídicos", y por ello ha instado a esperar a conocer los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo. La portavoz del PSOE también se ha pronunciado sobre la expulsión de Joaquín Leguina del PSOE, ha señalado que "expulsar a una persona de un partido nunca es gratificante", pero que hizo campaña por Isabel Díaz Ayuso en abril y mayo de 2021, y ha tenido un año para presentar "alegaciones". Al mismo tiempo, cree que por sus declaraciones de los últimos meses va a estar "más tranquilo" fuera del PSOE.

Foto: La ministra de Educación, Pilar Alegría durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros este lunes en la Moncloa. EFE/ Juan Carlos Hidalgo.