- El Ejecutivo lo ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros
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El plan de Regeneración Democrática también contempla medidas más allá de los medios. Entre ellas, la reforma de la ley de secretos oficiales, aunque no dan detalles sobre plazos ni sobre su alcance. Es una reclamación histórica del PNV y que en los últimos años se ha quedado varias veces en el cajón.
Hasta el último minuto han discutido PSOE y Sumar su plan contra los bulos y la desinformación que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Lo anunció hace cinco meses Pedro Sánchez tras sus días de reflexión, cuando pensó en dimitir.
No solo hay medidas que afectan a la propiedad y la financiación de los medios. También se propone cambiar polémicos delitos como el de injurias a las instituciones u ofensas a los sentimientos religiosos. La idea es aplicar sentencias europeas, como la que reprochó a España condenas por quemar fotos del rey. También quieren agilizar la rectificación de noticias falsas y crear una comisión sobre la desinformación en el Congreso.
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La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha mostrado el "rechazo" del Ejecutivo a las palarbas del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que acusó de ser terroristas a los dos españoles detenidos el pasado sábado.
"Evidentemente, rechazar esas declaraciones, vayamos a los hechos, lo importante es saber la labor que está haciendo el Gobierno, hemos solicitado por nota verbal para verificar la identidad de estas personas y poder verles, cuáles son los cargos y ejercer la protección diplomática", ha asegurado la portavoz a las preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el Plan de Regeneración que va a aprobar este martes el Gobierno en Consejo de Ministros tiene por fin "defender la democracia con más democracia, con más transparencia y con una mayor y mejor rendición de cuentas".
En una entrevista en La Hora de La 1, López ha explicado que en este plan lo que se va a hacer es "transponer una directiva europea", que consiste en que los medios de comunicación tiene la obligación de publicar quiénes son sus dueños o de donde vienen sus recursos. "Los ciudadanos tienen derecho a saber qué intereses hay detrás de cada medio", ha subrayado.
Asimismo ha afirmado que habrá medidas no solo para los medios de comunicación, sino también para el propio Ejecutivo, así como propuestas para el Legislativo y el Judicial "para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas".
FOTO: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa. Gustavo Valiente / Europa Press
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En España hacen falta, al menos, 600.000 viviendas más para dar cabida a todas las familias. Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), señala que si no se da una solución a este problema, la situación se podría agravar. Por ello, reclaman un pacto de Estado para poder desarrollar más viviendas, piden unas "líneas de financiación" para poder llevarlo adelante, pero también exigen que se pueda "industrializar más vivienda para poner en el marcado el mayor número posible". Juan Antonio Gómez-Pintado considera que lo que les impide realizar esto es la diferencia de velocidad entre el sector público y el sector privado, aunque indica que son optimistas porque todas las administraciones quieren resolver este problema: "Uno de los grandes problemas que nos encontramos es la falta de suelo finalista para poner en marcha estas promociones, pero, lo más importante y siendo optimistas, es que todas las administraciones están de acuerdo en que tenemos que tomar determinación y soluciones para solventar este problema que es acuciante". Por tanto, subraya que están a favor de la Ley del Suelo, una ley contempla agilizar los trámites para construir o evitar que se paralice en caso de que se interponga algún recurso: "La Ley del Suelo es necesaria, facilitaría y daría seguridad jurídica en el urbanismo español. Estamos a favor de ella".
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- Venezuela detuvo el sábado a dos españoles y les ha acusado de pertenecer al CNI; el Gobierno español lo ha desmentido
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- Venezuela anunció el sábado la detención de dos españoles que ha vinculado con el CNI; el Gobierno español lo ha desmentido
El líder de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar contra el Gobierno por Venezuela. El gallego acusa a Sánchez de no dar información sobre los dos españoles detenidos allí y acusados de estar vinculados al CNI español: "No sabemos qué medidas se han llevado a cabo".
Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores han desmentido "rotundamente" a RTVE las insinuaciones de su implicación "en una operación de desestabilización política en Venezuela". "El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal", aseguran, al mismo tiempo que subrayan que "España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela”.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el sábado la detención de los dos ciudadanos españoles, a los que vinculó con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Los ciudadanos vascos fueron detenidos junto a tres estadounidenses y un checo, todos ellos implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos "terroristas", entre ellos asesinar al presidente, Nicolás Maduro. Según el Gobierno venezolano, España "iba a suministrar mercenarios" para una supuesta operación dirigida por Estados Unidos.
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El Gobierno ha trasladado a la Fiscalía de Menores el protocolo canario de acogida de menores migrantes porque cree que vulnera sus derechos. El Ejecutivo canario ha asegurado que los menores ni están ni estarán en situación de abandono.
Foto: Migrantes en el municipio de Valverde, El Hierro (EFE/Gelmert Finol)
El Gobierno de Canarias ha negado este sábado que los menores migrantes no acompañados estén o vayan a estar en situación de abandono, y ha garantizado que acatarán las directrices marcadas por la Fiscalía. Rafael Escudero, secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, nos cuenta que ellos "han reaccionado porque han adoptado un acuerdo mucho más amplio que vulnera todos los derechos de los menores". "Asumen unas competencias como si el Gobierno de Canarias pudiera dar órdenes a los Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Fiscalía...", nos cuenta en el informativo '24 Horas Fin de semana'. "Me parece vergonzante que el Gobierno canario se dedique a enseñar lo mal que están sus centros. Canarias puede dar una respuesta más digna y, si no saben, que dimitan", asegura Escudero.
El secretario general explica que las competencias de Infancia son únicas y exclusivas de las comunidades autónomas y considera que modificar la Ley de Extranjería no va a ser suficiente, "porque creas un agravio comparativo entre el menor migrante y el que no". "La situación requiere un pacto de Estado y se tiene que alcanzar con todas las fuerzas", expresa.