El expresidente del Parlament catalán y conseller de Empresa. Roger Torrent, ha defendido ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que tramitó las propuestas de resolución vetadas por el Tribunal Constitucional para no cercenar el debate político y porque tenía la obligación de velar por el derecho a la libertad de expresión de los diputados y ha aducido que los propios letrados de la cámara dudaban de su ilegalidad y del deber de paralizarlas.
Torrent ha comparecido durante cerca de veinte minutos ante la juez del TSJC Maria Eugènia Alegret, que lo investiga por desobedecer al Constitucional al permitir que el Parlament votara, en noviembre de 2019, dos resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la Monarquía.
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La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha vuelto a recriminarle al Partido Popular que se halla "instalado en la crispación y el bloqueo" dentro de la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La ministra ha recordado durante su entrevista en La Noche en 24 Horas que "el plazo de cinco años no es orientativo, es un plazo que hay que cumplir". Llop ha defendido el sistema actual de elección porque "asegura que los poderes emanen del pueblo", y ha asegurado que la Justicia en España "es independiente".
En A Coruña, los tribunales han confirmado la condena a dos años y medio de cárcel a un joven por extorsionar a otro mediante amenzazas con revelar su orientación sexual. La víctima acabó suicidándose. A través de una aplicación de contactos el acusado le exigió dinero a cambio de no difundir que era homosexual. A pesar de recibir 100 euros, las amenazas continuaron y la víctima terminó quitándose la vida en octubre de 2019, preso de la desesperación y de la angustia, según señala la sentencia.
Javier Maroto, portavoz del Grupo Popular en el Senado, ha dicho en Las mañanas de RNE que o cambia el modo de elegir a los jueces o no hay acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Hemos modernizado nuestra posición. La pregunta es por qué Sánchez sigue manteniendo una ley en la que son los políticos los que eligen a los jueces. (...) Lo que Sánchez quiere es que el presidente del Supremo pueda estar lo más cerca posible al Gobierno, porque es el que decide en todos los asuntos relativos a Cataluña" Y añade que la destitución de Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, sería "un avance sustancial" para la negociación. Respecto a las agresiones homófobas cree que hay que ser claro. "Hay que ser contundente y no se puede esconder de la condena explícita. A los políticos se nos entiende cuando lo decimos así: condenamos rotundamente el acto." Maroto apuesta por trabajar para acabar con todos estos ataques: "hay que luchar para que las libertades no desaparezcan"
En su entrevista en La Noche en 24 Horas, el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha condenado de forma contundente la "inaceptable" agresión homófoba ocurrida el pasado domingo en un portal del barrio madrileño de Malasaña. "Nos sorprende que puedan suceder estas agresiones en la España de 2021, ha lamentado Maroto, quien ha defendido que "una agresión como esta no admite matices" y que "las libertades hay que lucharlas todos los días".
En cuanto a la polémica sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Maroto ha continuado con el mantra establecido por el PP de Pablo Casado, pidiendo un cambio en la Ley para impedir que los políticos "metan su mano en la elección de los jueces", puesto que no pueden fiarse de Pedro Sánchez, porque, según defiende Maroto, "miente más que habla".
El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha compartido durante su entrevista en La Noche en 24 Horas su solución al bloqueo del Poder Judicial que vive España desde hace cuatro años: "Tiene que dimitir todo el Consejo General del Poder Judicial", una acción que según él provocaría el nombramiento de un nuevo CGPJ. Una vez establecido, siguiendo el sistema actual de elección que para Garzón "es el correcto por las actuales competencias del CGPJ", propone que ya luego comience el debate sobre el modelo.
En cuanto a la sentencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha concluido que su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo fue arbitraria, advierte que "España tiene que cumplir con el dictamen", que Garzón cataloga de vinculante, y que si no lo hace en seis meses, él tendrá que "exigir su cumplimiento".
